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Unos jueces que defienden las garantías, una Fiscalía que los amenaza con investigaciones, una receta peligrosa para la independencia judicial, una propuesta para garantizarla. El penalista Mauricio Cristancho reflexiona sobre el caso de la pequeña Sara Sofía.
Unos preciosos ojos de color azul grisáceo, cabellos de oro y una delicada piel de alabastro, caracterizan el rostro angelical de la menor Sara Sofía Galván, cuya foto, al ser ampliamente difundida en diferentes medios de comunicación, se convirtió no solo en la prueba del desamparo que sufre la población infantil en nuestro país, sino en un símbolo de lucha contra la impunidad, en tanto nuestra sociedad, ávida de justicia, demanda que el cruel crimen que pudo cometerse en su humanidad, obtenga más que merecido castigo.
No puede desconocerse que aquellos casos en que son víctimas menores tocan sensiblemente las fibras de nuestra sociedad y, por lo mismo, las autoridades apresuradamente se empeñan en mostrar resultados, mientras los legisladores, también sedientos de réditos políticos, acuden a ofrecer paliativos mediante reformas al Código Penal, al punto que hoy día ya contamos con la bastante discutible pena de ‘prisión perpetua revisable’.
En ese afán por aparentar eficiencia, naturalmente se cometen errores. Se prefiere el efecto inmediato que calme el clamor popular y no una investigación rigurosa que se enfoque adecuadamente al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de los verdaderos responsables. Consecuencia de la prisa vienen las falencias y, con ellas, el desconocimiento de garantías fundamentales. Desafortunadamente, cuando un juez advierte estas irregularidades, todas las piedras caen exclusivamente sobre su tejado, entrando en escena el interesante debate sobre la independencia judicial.
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Para analizar esta temática, resulta oportuno traer a colación un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Reverón Trujillo vs. Venezuela, en donde se explican los tres escenarios que permiten predicar independencia judicial. El primero es el adecuado proceso de nombramiento, el segundo la inamovilidad en el cargo y el tercero la garantía contra presiones externas.
En Colombia, los dos primeros aspectos se cumplirían con un apropiado concurso de méritos pues, por una parte, se garantizaría la idoneidad en los nombramientos y, por otra, al ser el filtro para el ingreso a la carrera judicial, la estabilidad sería una realidad. Es interesante mencionar que en la práctica judicial son los jueces de carrera los que suelen conceder las garantías, no aconteciendo lo propio con los provisionales que, bien por inexperiencia, temor o la razón que sea, prefieren evitar el ciertamente pedregoso camino del garantismo penal.
En cuanto a las presiones externas, éstas suelen provenir de dos fuentes, por un lado, de la opinión pública y los medios de comunicación y, por otro, de entes estatales. En relación con los primeros, ha de decirse que pueden ser tan imprudentes y críticos como les plazca, ya que sus límites se encuentran delimitados por la Corte Constitucional con medidas como la rectificación, el retiro o la actualización de la información (habeas data) o con una muy interesante figura, huérfana de desarrollo en nuestro país en el ámbito penal, denominada derecho al olvido.
No obstante, y a pesar de la presión que puedan ocasionar comentarios, notas periodísticas, algunos micrófonos fletados y esos abogados que pretenden ganar en medios lo que pierden en estrados, lo cierto es que un juez de concurso, capacitado y con criterio, no cederá fácilmente a ningún tipo de coerción mediática; de hecho, aquél que tenga en su haber el miedo a esta clase de apremios, bien debería distanciarse de las togas.
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Lo que sí resulta preocupante – y reprobable – es que cuando un funcionario concede algún tipo de garantía, inmediatamente aparece la Fiscalía anunciando investigaciones, tal como aconteció días atrás cuando una juez de la República encontró que en el caso que se adelanta por la desaparición de la menor Sara Sofía, no se le respetaron garantías fundamentales a los principales investigados – su progenitora y el compañero sentimental de ésta – disponiendo su libertad.
Impartida la orden de libertad, a la brevedad vino el comunicado y la tramitación, otra vez con afanes y solo para complacer a la galería, de una nueva captura, misma que otro funcionario judicial, acatando la Constitución, nuevamente declaró ilegal. La tercera sería la vencida y, finalmente, lograron privar de la libertad a estas personas, aunque, no sería extraño, tal determinación podría ser revocada.
Comunicados fueron y vinieron desde diferentes esquinas, evidenciándose un rechazo al claro ataque a la independencia judicial por parte de la Fiscalía, máxime cuando no tiene sentido que la concesión de garantías comporte una investigación, mientras que las privaciones de libertad que luego son revocadas o terminan en sentencia absolutoria no reciben nunca el mismo tratamiento.
Es hora de ir más allá de los comunicados y promover propuestas que velen por el auténtico respeto de la independencia judicial. Dos opciones podrían presentarse. Por un lado, se podría declarar la inviolabilidad de la decisión judicial, tal como acontece en las altas Cortes – de facto – o en la JEP – por expresa disposición legal -, y que solo sea posible investigar a un funcionario cuando se acredite que ha mediado un hecho de corrupción.
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Por otro lado, se podría establecer un filtro para dar inicio a investigaciones contra jueces, fiscales independientes y magistrados de tribunal, como podría ser una suerte de querella especial en cabeza de los superiores jerárquicos, cuando revoquen una decisión judicial y la encuentren manifiestamente contraria a derecho. Con este filtro, por lo menos, se edificaría un muro de contención para evitar los abusos y caprichos del fiscal de turno.
*Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza, abogado penalista, @MCristanchoA
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