La inevitable corrupción

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Sin duda, proporcionalmente, las cifras de las que hablamos en Venezuela son muy superiores a las colombianas y eso pasa porque el volumen de recursos recibidos en nuestro país hasta el año 2012 tuvo un carácter descomunal, producto del precio de nuestro principal producto de exportación, el petróleo.

En las últimas semanas se ha producido un escándalo en Colombia en virtud del extravío del equivalente a veinte millones de dólares que un conglomerado empresarial recibió para realizarle trabajos al Estado en materia de comunicación telemática, aparentemente con documentos fraudulentos. Mientras eso ocurre, en medios de distintas partes del mundo aparecen – nuevamente – unos documentos que evidencian la manera como funcionarios vinculados al chavismo aparentemente recibieron pagos indebidos – individuales eso sí – por cifras que superan sustancialmente las extraviadas en este país.

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En años pasados, cuando los medios colombianos recogieron la información según la cual a un ex alcalde bogotano – que cumple pena intramural por actos contrarios al patrimonio público – le habían encontrado en Miami bienes por setenta millones de dólares, en ese mismo mes, en el estado de la Florida, la persona que fungió como tesorero de la república en la época del señor Chávez reconoció judicialmente que había recibido dinero de terceros por más de un mil doscientos millones de dólares él solo.

Sin duda, proporcionalmente, las cifras de las que hablamos en Venezuela son muy superiores a las colombianas y eso pasa porque el volumen de recursos recibidos en nuestro país hasta el año 2012 tuvo un carácter descomunal, producto del precio de nuestro principal producto de exportación, el petróleo. Este dinero no se refleja en inversiones internas en nuestra tierra,  ni en el monto de las reservas internacionales, ni en ningún fondo de contingencia que la legislación interna venezolana previó, lo que obliga a concluir, simple y llanamente, que los mismos están en manos de particulares, por lo que será menester pensar estrategias para recuperarlos cuando la normalidad institucional retorne a nuestra nación.

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Esa obligante condición de normalidad  requiere no solo la reinstitucionalización de todos los poderes públicos sino tres elementos complementarios: comisión de la verdad, justicia transicional y normativa que permita rescatar los recursos extraviados probablemente con algún sacrificio concerniente a la pena aplicable a quien dispuso de los mismos en su beneficio.

Debe saberse en Colombia que, conforme al artículo 271 de la Constitución venezolana de 1999, los delitos contra el patrimonio público, así como los de lesa humanidad y narcotráfico, son imprescriptibles, lo que implica que mientras esa disposición no sea modificada, la responsabilidad de quienes en los mismos incurrieron les será exigibles eternamente, pero lo cierto es que nada hacemos con que ella, en el caso del patrimonio, sea un intangible, casi que letra muerta y en tal virtud los recursos permanezcan en posesión de sus actuales detentadores, por lo que deben pensarse y ejecutarse estrategias que permitan ubicar a quienes cometieron los hechos y los recursos sustraídos.

En condiciones normales, cualquiera pensaría que para eso están las normas penales y administrativas ordinarias con las penas que de ellas se derivan, más la pregunta que todos deberíamos hacernos es si ese instrumento permitirá rescatar el dinero que es lo que fundamentalmente el país requiere. Si la respuesta que a esa pregunta nos demos es que ellas son en efecto suficientes para lograr el objetivo deseado, nada  habrá que hacer. Sin embargo, soy escéptico al respecto.

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A riesgo de causar disgusto en algún connacional, creo que para lograr el objetivo de recuperar la mayor cantidad de dinero del que algunos dispusieron debemos diseñar mecanismos, normas y procesos expeditos y creativos que eso permitan, aún cuando ello implique de alguna manera hacer concesiones que, en condiciones ordinarias, serían inaceptables ,y adicionalmente, depositar los recursos obtenidos en un fideicomiso que garantice su ejecución en obras necesarias para la recuperación nacional y no simplemente para gastos corrientes.

Si alguna característica tiene la justicia transicional es que cosas como esa son posibles a través de ella. Eso, vista nuestra actual situación, nos veremos precisados a construir para una nueva Venezuela.

La corrupción siempre existirá; total hay unos que creen ser más hábiles que otros. Lo fundamental en todo caso es recuperar la mayor cantidad de recursos derivados de la misma y sancionar en la medida de las posibilidades a quienes así actuaron. Esa que, en Colombia es una lucha permanente, en Venezuela será necesario rescatarla.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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