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En 2015, uno de los más fieros enemigos de la derogación o modificación de la Ley de Garantías fue el entonces senador Iván Duque.
En el año 2005, después de autorizar en mal momento para Colombia la reelección presidencial inmediata, el famoso “articulito” que tanto daño hizo a la democracia, el Congreso de entonces aprobó la Ley de Garantías, en un inútil intento de equilibrar las cargas cuando un Presidente en ejercicio aspirara a un segundo mandato. Las discusiones fueron muy duras y, finalmente, las mayorías gobiernistas impusieron un texto que definía algunas restricciones al gobierno en materia presupuestal y de nómina, acceso a financiación anticipada de los eventuales contrincantes del Presidente-candidato y controles a gastos de publicidad oficial y propaganda electoral, entre otras medidas.
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Diez años después, en el 2015, cuando impulsamos en buena hora la reforma constitucional de equilibrio de poderes que eliminó la reelección presidencial, se abrió el debate sobre la derogatoria y modificación de la Ley 996 del 2005, debido a que desaparecía la posibilidad de reelegir al jefe de Estado y tampoco podían hacerlo gobernadores y alcaldes. La iniciativa surgió inicialmente desde las autoridades territoriales que, durante los diez años de vigencia de la norma, se quejaron de las dificultades que generaban esas restricciones legales en la ejecución de sus planes de desarrollo. En ese momento, las fuerzas de oposición al gobierno Santos, desde la derecha y la izquierda, reaccionaron con dureza en contra de la idea de derogar o modificar la Ley de Garantías. Al final, se retiró rápidamente para evitar cualquier suspicacia sobre el supuesto interés del gobierno en intervenir en las elecciones regionales del 2015. Uno de los más fieros enemigos de la idea fue el entonces senador Iván Duque.
El debate aparece ahora de nuevo y, curiosamente, al hoy Presidente ya no le preocupa desmontar garantías electorales cuando la situación es idéntica. La discusión sobre la necesidad y utilidad de las normas de garantías electorales es válida y son respetables los argumentos sobre las dificultades para el cumplimiento de los programas de gobernadores y alcaldes. Lo que resulta francamente inmoral e ilegal es la forma en que este gobierno pretende hacerlo, pasándose por la faja todo el ordenamiento constitucional del país. De afán, a hurtadillas, incluyendo un verdadero orangután en la ley Orgánica de Presupuesto, sin ninguna discusión pública. Muy sospechosa es la actitud del gobierno, en connivencia con sus amigos de las mayorías en el Congreso.
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El desmonte de la Ley de Garantías es inconstitucional e inconveniente. Una ley estatutaria es una norma superior que tiene trámite especial, mayorías calificadas y revisión previa de la Corte, antes de entrar en vigencia. Un estudiante de primer año de derecho lo sabe. Además, es claro que los temas relacionados con normas electorales y derechos de la oposición tienen carácter estatutario. Así se aprobó la Ley 996 en el 2005. Esa norma, entonces, no se puede tocar sino a través de una nueva ley estatutaria, tramitada además por las comisiones primeras del Congreso y no por las terceras y cuartas. Por esa razón, se discute actualmente un proyecto en ese sentido en la Comisión Primera del Senado. Cualquier trámite distinto es abiertamente contrario a la Constitución y no aguanta ningún examen en la Corte. Insisten en aprobar el orangután contra toda evidencia porque saben que la Corte se demorará varios meses en fallar su inexequibilidad. Mientras tanto, harán ferias y fiestas con los recursos del presupuesto.
Este afán y desesperación del gobierno por aprobar una norma groseramente contraria a la Constitución tiene una sola explicación: sienten miedo. Son conscientes ya de su desprestigio, del rechazo que generan en la población y saben que el año entrante la gente saldrá a votar en contra del mal gobierno uribista de Duque y de los partidos que lo han acompañado en este desastre. Pretenden entonces con presupuesto y nómina, sin ningún control, interferir en la voluntad ciudadana. Eso es trampa y conejo al país. Lo que no calculan es que este nuevo descaro los acabará de hundir frente a una ciudadanía indignada y ofendida que votará masivamente por una nueva opción y cambiará al uribismo por siempre.
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*Juan Fernando Cristo Bustos, @cristobustos, Exministro del Interior y exsenador.
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