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“Negar la existencia del conflicto armado no solo pone en aprietos a la Fuerza Pública para explicar actuaciones suyas que solo son comprensibles y justificadas en un escenario de confrontación bélica, también impide que las futuras generaciones conozcan y comprendan lo que acaeció en estas últimas décadas, y que ese conocimiento les sirva para evitar que semejantes atrocidades vuelvan a ocurrir.”
La superación del pasado tiene como presupuesto fundamental el conocimiento y aceptación de lo ocurrido; esta afirmación vale para sucesos individuales como los procesos de duelo por la muerte de seres queridos, pero también para entornos sociales más complejos como las guerras.
Negar la existencia del conflicto armado impide que se tenga conocimiento de las atrocidades acaecidas en desarrollo del mismo. Es verdad que la justicia ordinaria ha investigado y sancionado a los autores de muchos de esos crímenes, pero siempre lo ha hecho desde una perspectiva individual, como si se tratara de acontecimientos aislados e inconexos. El tratamiento insular de esos crímenes lleva a que su control sea buscado a través de las herramientas tradicionales de la política criminal, que no están diseñadas para enfrentar los que suelen presentarse durante las confrontaciones armadas. Conviene precisar que la justicia ordinaria enfoca de esa manera su trabajo, porque fue concebida para actuar así; no se la creó para investigar, como un todo, a las miles de personas que cometieron millones de delitos durante un conflicto armado en contra de millones de víctimas.
La sociedad actual, y las venideras, deben saber que esa violencia no obedeció a la casual coincidencia temporal y espacial de actuaciones individuales; las FARC fueron un movimiento guerrillero que se alzó en armas contra el Estado y que movilizó a miles de sus hombres para cometer delitos que afectaron a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y a la población civil, causando graves daños a la infraestructura y al medio ambiente del país. Esas acciones no fueron producto de decisiones aisladas de quienes materialmente las cometieron, sino que respondieron a un plan general y a directrices trazadas por los cabecillas de ese grupo al margen de la ley. También hubo otras organizaciones armadas irregulares que surgieron para combatir a la subversión por fuera de la legalidad, como los paramilitares, que atacaron no solo a los integrantes de las FARC, sino a civiles señalados de ser sus colaboradores. Los crímenes por ellos cometidos tampoco obedecieron a impulsos individuales, sino que surgieron de un diseño trazado por dirigentes de esas agrupaciones ilícitas para combatir a los insurgentes.
Para responder a esas manifestaciones de violencia, la Fuerza Pública enfrentó militarmente a la guerrilla, con instrumentos que no son propios de estados de normalidad institucional como los que caracterizan la actuación policial y judicial, sino recurriendo a otros que, como las emboscadas o los bombardeos, son propios del Derecho Internacional Humanitario, que regula la forma en que deben desarrollarse las confrontaciones bélicas.
Por consiguiente, negar la existencia del conflicto armado no solo pone en aprietos a la Fuerza Pública para explicar actuaciones suyas que solo son comprensibles y justificadas en un escenario de confrontación bélica, también impide que las futuras generaciones conozcan y comprendan lo que acaeció en estas últimas décadas, y que ese conocimiento les sirva para evitar que semejantes atrocidades vuelvan a ocurrir. Adicionalmente, releva al Estado de su deber de intervenir en las causas que generaron y ahondaron ese enfrentamiento violento, como se había acordado hacerlo a través de una reforma rural integral, de modificaciones a los esquemas tradicionales de participación política y de un nuevo diseño para enfrentar de manera integral el problema de las drogas ilícitas; pero, sobre todo, deja en el aire un proceso de paz que se adelantó con el acompañamiento de la comunidad internacional sobre un supuesto elemental: que en Colombia había un conflicto armado. ¿Será solo una casualidad que el futuro director del Centro de Memoria Histórica niegue su existencia?
*Yesid Reyes Alvarado, ex-ministro de justicia.
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