“Hay voces que se siguen aprovechando de la naturaleza extremadamente técnica del tema para desinformar.”

Incluso antes de que el Gobierno Nacional presentara las seis objeciones al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, la Línea del Medio llamó la atención sobre los riesgos e implicaciones de esta decisión: no sólo en términos de seguridad jurídica para los ex miembros de la guerrilla, militares, terceros civiles y agentes del estado cuyos casos ya se encuentran en la JEP, sino también para el correcto funcionamiento y legitimidad de este mecanismo que es piedra angular del Acuerdo de Paz.

Hoy, la situación es diferente en muchos aspectos, pero sigue siendo incierta y un poco desesperanzadora en otros.

Las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP ayudaron a prender las alarmas sobre la real voluntad del Gobierno de avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón. Hechos como el anuncio de incumplimiento de los Protocolos suscritos por el Gobierno anterior como base para la negociación con el ELN, la reducción del presupuesto de la JEP y de la Comisión de la Verdad, la falta de referencia al conflicto armado en las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022” y la negación de su existencia por quien fue nombrado como director del Centro Nacional de Memoria Histórica fueron tan solo la antesala del despliegue de artillería pesada contra el Acuerdo de Paz al que se dio inicio con las objeciones presidenciales.

Lo que quizá no se esperaban quienes promovieron esas objeciones disfrazadas de “inconveniencia política”- pues en estricto sentido se trata de cuestiones de constitucionalidad que ya fueron objeto de cosa juzgada por parte de la Corte Constitucional-  es que promoverían la creación de un gran movimiento para defender la paz, que va mucho más allá de una alianza política parlamentaria. 

Fue el hecho político de las objeciones lo que originó la multitudinaria marcha del pasado 18 de marzo, reviviendo al movimiento estudiantil post-plebiscito de 2016 en defensa del Acuerdo Final de Paz. Fueron precisamente las objeciones las que han logrado unir a un sinnúmero de académicos, víctimas, actores del conflicto, políticos, activistas, líderes sociales, periodistas, campesinos, con ideologías muy distintas -o incluso sin ideología- entorno a un proyecto común: la necesidad de implementar sobre lo acordado para avanzar en la construcción de paz desde los territorios.

Esta alianza ya logró un primer paso: las objeciones presidenciales al proyecto de Ley Estatutaria fueron derrotadas el martes pasado en la Cámara de Representantes por una mayoría abrumadora (que superó la mayoría cualificada de la mitad más uno de los miembros de la plenaria que exige la Constitución). Se impuso la sensatez, el debate con argumentos y la comprensión de la real naturaleza de las objeciones, a pesar de las tácticas dilatorias de algunos congresistas y del Gobierno.

Sin embargo, no debemos apresurarnos a cantar victoria. La Corte Constitucional estableció que las objeciones deben ser tramitadas en segundo debate en las plenarias de una y otra cámara antes del próximo 20 de junio en que culmina esta legislatura.

Va a ser un debate difícil, en particular porque hay voces que se siguen aprovechando de la naturaleza extremadamente técnica del tema para desinformar. Son voces que apelan al miedo o la indignación mediante la difusión de mentiras como que de no aprobarse las objeciones van a quedar impunes los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, o que el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP no comprende la pérdida de beneficios para quien reincida en actividades criminales. Estos temas, se aclara, no son parte de las objeciones presidenciales al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP.

Por eso, es necesario seguir insistiendo en explicar los riesgos e implicaciones para la estabilización de los territorios de dilatar aún más la sanción del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP. Y seguir insistiendo implica hacerlo de manera responsable, respetuosa y con argumentos; no podemos caer en las ofensas, en la intolerancia, en las falsas verdades o las mentiras. Este país está a punto de incendiarse, como para hacerle el juego a la desinformación en un debate tan importante que va muchísimo más allá de lo puramente técnico y políticamente “inconveniente”. 

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