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Cuando queden disponibles esos 16.500 cargos y no haya lista de elegibles. ¿corroboraremos que la Fiscalía es el fortín burocrático más grande del país?
Tal vez uno de los problemas más preocupantes que agobia a nuestro sistema de justicia es la falta de mérito en todos sus niveles. Desafortunadamente, para llegar a las altas Cortes, no existe ningún proceso que, de manera objetiva, permita concluir que tan importantes dignidades serán ocupadas por los mejores abogados del país, muy a pesar de que es el propio artículo 125 de la Constitución el que sitúa al mérito como requisito ‘determinante’ para acceder a los cargos públicos.
Aun cuando hay algunos notables magistrados que de seguro hubiesen superado cualquier concurso, es innegable que la falta de procesos rigurosos de acceso a la cúspide de la rama judicial y la actual forma de selección no solo deslegitiman la percepción de la justicia, sino que dan pie a que se gesten lamentables episodios como el que la prensa bautizó ‘El Cartel de la Toga’. Respetando, por supuesto, la presunción de inocencia que a algunos de sus protagonistas aún les asiste, sí vale preguntarse si habrían aprobado un examen o superado satisfactoriamente un concurso medianamente objetivo.
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Si descendemos en la escala de la pirámide judicial, efectivamente existen procesos de mérito para acceder a los cargos de magistrado de tribunal, jueces y empleados. No obstante, en la práctica, estos concursos son dispendiosos, largos, exigentes y, en no pocas ocasiones, infructíferos, pues luego de que se profieren las listas de elegibles, por la demora en su implementación pierden vigencia, con lo que la interinidad vuelve a ser la regla general.
Llevamos años sin concurso de méritos para estos cargos y en la hoy ya famosa ‘convocatoria 27’, promovida desde el año 2018, no se ha podido hacer el examen de admisión, pues el primero que se hizo fue anulado, dados algunos errores – cuyas explicaciones todavía no son claras – cometidos en el diseño de las respuestas por parte de la Universidad Nacional. La Corte Constitucional debe decidir si selecciona algunas tutelas presentadas por algunos aspirantes dentro de esta convocatoria, una gran oportunidad para que se pronuncie sobre tan importante tema y ordene que se hagan concursos permanentes, rápidos y en donde el mérito sea criterio vertebral para acceder a la función judicial.
Por el lado de la Fiscalía General de la Nación, el panorama no es más alentador, días atrás se conoció el ‘Acuerdo’ 01 de 2021, por medio del cual se convocó a un concurso de méritos para acceso y ascenso a algunos cargos. Lo que llama la atención es que el precedente de esta determinación es una decisión del Tribunal de Cundinamarca que, desde marzo de 2020, además de declarar el incumplimiento de la Fiscalía en adelantar un concurso de méritos, le ordenó al Fiscal General que dentro de los seis meses siguientes a la notificación del fallo gestionara las tareas para realizarlo, incluidas las provisiones presupuestales necesarias.
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Llama vigorosamente la atención que dentro de tal trámite judicial la Fiscalía, al descorrer el traslado de la demanda, advirtió que no era posible ‘convocar a concurso todos los cargos de carrera vacantes de manera definitiva, que en este momento superan los 17.000’, en tanto, de un lado, habría una ‘pérdida repentina de la memoria histórica’ y, de otro, el costo sería muy elevado.
Sorprende entonces que únicamente se hayan convocado 500 cargos, 350 para acceso y 150 para ascenso, y para fiscal únicamente se ofertaron 58 plazas (14 especializados, 22 circuitos y 22 municipales). Surgen, a partir de aquí, varias preguntas. ¿Dónde quedaron los 16.500 cargos restantes que algunos años atrás estaban vacantes? ¿Se justifica invertir más de 4.000 millones de pesos para proveer tan pocas plazas? Cuando queden disponibles esos 16.500 cargos y no haya lista de elegibles, ¿corroboraremos que la Fiscalía es el fortín burocrático más grande del país?
No se trata de perder una ‘memoria histórica’ -pues en la práctica día a día se cambian fiscales y se reasignan procesos con la más absoluta irresponsabilidad. Se trata de dar cabal cumplimiento al artículo 125 constitucional, de acatar una orden judicial y de comprender que, como ciudadanos, tenemos el derecho a que nuestros asuntos sean resueltos por funcionarios con la máxima idoneidad, la cual, hasta hoy, solo parece brindarla un concurso de méritos.
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*Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza, abogado penalista, @MCristanchoA
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