“Los atentados, la guerra y hasta las hambrunas en La Guajira o el Chocó ya no nos conmueven. Los niños víctimas se convirtieron en cifras anónimas y sin identidad.”

Las marchas del 21 y 22 de noviembre pueden criticarse con argumentos a favor o en contra, algunos válidos y otros que rayan ciertamente con la falsedad. Se habla del rechazo a las reformas tributaria, laboral y pensional, también se resalta la brecha social de inequidad y desempleo y falta de oportunidades de los ciudadanos y otros más entusiastas hablan de la necesidad de recuperar la voz del pueblo.

Desde el punto de vista constitucional, las razones anotadas carecen de eficacia frente a la protesta social, pues en primer lugar, hay consenso político y social sobre la necesidad de introducir reformas, pero los términos de las mismas dependerán del consenso y el debate público en el seno del Congreso.

En segundo lugar, la brecha social de inequidad y desempleo son el resultado de viejas crisis que perviven desde pasados remotos y, por lo tanto, no pueden achacársele a este Gobierno que está heredando los efectos de paños de agua tibia que sirvieron temporalmente a otros gobiernos.

En tercer lugar, resulta poco plausible justificar unas marchas sobre la base de que «el pueblo se quiere hacer escuchar», pues al respecto debe recordarse el peligro de la «doxocracia» expuesto por Marcel Gauchet, según el cual la voz de todas las exigencias individuales acaban despojando a la sociedad de la capacidad de saber gobernarse a sí misma.

Así, una sociedad en la que se privilegian las exigencias personales y las propuestas egoístas termina presa de una débil información propagandística similar a la que hoy respira Colombia por cuenta del paro, en donde los diferentes actores, tanto de izquierda como de derecha, han pretendido apropiarse de las razones tanto para marchar como para no hacerlo.

De otro lado, también se habla de una razón que de manera indudable hace eficaz la protesta, especialmente porque no existe ningún mecanismo constitucional distinto al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica para cuestionar la actuación del gobierno: han sido masacrados varios menores de edad en medio de bombardeos realizados por el Ejército Nacional bajo circunstancias que de manera grave comprometen, no solo la responsabilidad del saliente Ministro de Defensa Guillermo Botero, sino de todo el gobierno y su cúpula militar.

A pesar del control político ejercido en el Congreso y liderado por el senador Roy Barreras, la moción de censura resultó infructuosa, no solo por la renuncia de Guillermo Botero, sino por la falta de mayorías, ausentismos y abstenciones para votarla en el Senado.

Tanto la renuncia de Guillermo Botero como la designación provisional del Comandante de las Fuerzas Militares en el cargo de Ministro de Defensa, constituyeron transgresiones groseras a la moralidad pública y una burla a los principios constitucionales porque son actuaciones inclementes frente a una sociedad que exige explicaciones.

Por lo tanto, no existiendo otros mecanismos dirigidos a ejercer un control político sobre las actuaciones del Gobierno, la única vía legítima para censurar la masacre de los menores consiste en el ejercicio consciente de la protesta social.

Al respecto, varios comentarios deben hacerse. Por una parte, la muerte de unos menores usados y explotados por grupos guerrilleros disidentes y bombardeados por el Ejército Nacional debería volcar a las calles a los ciudadanos de todos los sectores y tintes políticos para exigir el cese de la violencia a la que los extremos pretenden condenar a la sociedad colombiana.

Por otra parte, debe decirse que, al lado del gusto mórbido que parecen procurar imágenes de la vandalización de las marchas, quienes desaprueban las protestas parecen banalizarlas con un trato diferenciador de los menores masacrados.

Las noticias sobre menores víctimas de la violencia han acompañado a la gente de mi generación desde siempre. Durante años hemos visto en los diarios la mención habitual y rutinaria de los niños muertos en las zonas de conflicto. Incluso nos parece normal, pues los atentados, la guerra y hasta las hambrunas en La Guajira o el Chocó ya no nos conmueven. Los niños víctimas se convirtieron en cifras anónimas y sin identidad.

Por eso, resulta indolente y de poca humanidad que existan sectores que cuestionen el paro con fundamento en las vandalizaciones. Desde la comodidad de sus salas, las cifras y estadísticas sólo adquieren algo de significado a la hora de recordar que «no hay nadie conocido entre las víctimas menores».

Así se les quita la última inquietud a los críticos del paro, así desaparece la duda restante que los iba a llevar a una débil identificación con ‘el otro difunto’, a través de la prueba de que ‘los suyos’ no han muerto ni mueren bajo tales circunstancias.

Sin embargo, la débil información propagandística imperante en Colombia, propia de una «doxocracia» regida por intereses y exigencias individuales, ha terminado diluyendo en la inconsciencia el impostergable motivo de la paz, debido a razones menos importantes, fundadas en intereses políticos, económicos y burocráticos.

Diego Mauricio Ardila Roa, abogado de la Universidad del Rosario con experiencia en asesoría y representación judicial en materia de derecho público. Consultor en materia de contratación pública, derecho administrativo, acciones constitucionales y protección de derechos fundamentales.

1 COMENTARIO

  1. Tienes razón en que ” la brecha social de inequidad y desempleo son el resultado de viejas crisis que perviven desde pasados remotos”, sin embargo se marcha porque la situación está empeorando en el gobierno actual, y los cambios que se deben tramitar con debate público en el seno del congreso, se realizan pero de espaldas a la ciudadanía, que cada vez se siente menos representada.

    Ejemplos que la situación empeora de la mano del gobierno y el congreso:
    – Desfinanciación de las entidades relacionadas con cumplir deberes del proceso de paz. Esto es muyyy grave.
    – Reforma tributaria en curso (que ya había sido aprobada), con grandes excepciones tributarias para generar empleo (mientras estuvo en curso no generó empleo). Por cierto el ministro de hacienda decía que no sabía por qué aumentaba el desempleo.
    – Aumento del desempleo en casi 1%, según cifras oficiales. Esto es razón suficiente para salir a protestar. Si las excepciones tributarias fueran útiles, el desempleo debería bajar.
    – La reforma salarial que propuso el partido de gobierno para pagar el 75% del salario a los jóvenes (ya la tumbaron a raíz de la protesta, es decir que si sirve protestar).

    Es claro que por estos temas y más, la protesta es aplicable a este gobierno, así los fundamentales vengan desde gobiernos anteriores.

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