Si no se toman decisiones de fondo sobre el sistema de juzgamiento de los magistrados, la administración del presupuesto de la rama y las funciones electorales que tanto han politizado la administración de justicia, seguiremos los próximos años en los mismos debates sobre la necesidad de reformar la justicia una y otra vez.

Esta semana nuevamente estuvo de moda el recurrente tema de la reforma a la justicia, de la cual se habla en Colombia desde hace décadas. En esta ocasión, por cuenta de la posesión de la nueva Ministra de Justicia, la expresidente de la Corte Suprema, Margarita Cabello, y del referendo propuesto por el uribismo, que recoge las viejas ideas de esa corriente política de derogar la JEP y acabar con todas las cortes de justicia para crear una corte única. Vale la pena referirse a las declaraciones y la actitud frente a este nuevo intento de reforma de la Ministra, porque en el caso de la iniciativa popular del Centro Democrático y la posición del jefe de ese partido, se trata nuevamente de una provocadora trampa electoral en la cual caen periodistas, sectores políticos y analistas de la realidad nacional.

Acierta la nueva funcionaria cuando señala que la reforma debe orientarse hacia el acceso oportuno del ciudadano a una justicia ágil y eficaz. Ese diagnóstico está hecho hace tiempo y genera consenso entre los partidos y las cortes. Incluso con iniciativas como el nuevo Código Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, la ley de arbitraje, entre otras, en los últimos años se avanzó en esa estrategia que la nueva Ministra califica de “muchas reformas “ y no una gran reforma estructural que ha sido imposible consensuar. El camino escogido es el adecuado. Sin embargo, no se puede desconocer que hay tres grandes decisiones que contribuirían enormemente al funcionamiento adecuado de la justicia y que no pueden omitirse en cualquier proyecto de reforma que realmente busque efectos positivos sobre la rama.

La eliminación de la Comisión de Acusaciones y su reemplazo por un Tribunal de Aforados; la supresión del Consejo Superior de la Judicatura para dar paso a una gerencia fuerte y técnica de la rama y acabar con las funciones electorales de las cortes, con excepción de la elección del Fiscal General, son decisiones sobre las cuales se ha generado cierto consenso en los últimos años, pero que lamentablemente se han enredado en los detalles en el Congreso, o ya adoptadas por el legislativo, no pasaron el examen de la Corte Constitucional, en un fallo bastante cuestionable frente a la reforma de equilibrio de poderes, que en su momento el gobierno Santos respetó sin aspavientos.

En efecto, se olvida en muchas ocasiones que en el 2015 el Congreso al aprobar la reforma al equilibrio de poderes que acabó con la reelección presidencial, la puerta giratoria y el “yo me elijo, tú me eliges” en las altas cortes, también suprimió la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura. Estas decisiones tuvieron gran respaldo de los expertos y la opinión pública. Pero el entonces Fiscal General de la Nacional resolvió erigirse como el gran jefe y “defensor de la independencia y autonomía de la rama judicial” y desató una feroz y sistemática campaña contra esta iniciativa en la propia Corte Constitucional, que culminó con una inexplicable sentencia en la que se señaló que el Congreso había sustituido la Constitución Nacional al adoptar la decisión de modificar el sistema de juzgamiento de los funcionarios aforados en la Comisión de Acusaciones y transformar el sistema de administración de los recursos de la rama judicial. Convirtió en intocables estas instituciones.

Craso error que en su momento el gobierno aceptó con resignación, advirtiendo lo que en efecto sucedió: al bloquear cualquier posibilidad de reforma de fondo del Congreso a la estructura de la rama judicial y al juzgamiento de los magistrados, se abren las puertas a mecanismos extraordinarios de reforma como la asamblea nacional constituyente o el referendo. Digámoslo de manera más clara y directa. Si se hubiera permitido que entrara en vigencia la reforma del 2015 en esos dos aspectos, no estaríamos hablando ahora de la necesidad de reformar la justicia mediante mecanismos distintos al del trámite de un acto legislativo por el Congreso.

En fin, ojalá se pueda avanzar en un acuerdo entre los partidos para sacar adelante una reforma a la justicia para el posconflicto en el territorio, que requiere mayores recursos para la rama y al tiempo una forma distinta de administrarlos. Y también, con simples modificaciones legales, se podrá buscar mayor eficacia y celeridad en los procesos judiciales para beneficiar al ciudadano. Pero si no se toman decisiones de fondo sobre el sistema de juzgamiento de los magistrados, la administración del presupuesto de la rama y las funciones electorales que tanto han politizado la administración de justicia, seguiremos los próximos años en los mismos debates sobre la necesidad de reformar la justicia una y otra vez. Y continuarán abiertos los espacios para iniciativas totalitarias y alocadas como las que escuchamos esta semana desde sectores encabezados por el mismo jefe del partido de gobierno, sin que el Presidente Duque las hubiera rechazado.

* Juan Fernando Cristo, exministro del interior, exvicecanciller y exsenador, @cristobustos.

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