La renovación del Tribunal Supremo en Venezuela

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Es imperativo construir un sistema judicial confiable para todos que incluya un régimen de justicia transicional y una Comisión de la Verdad independiente y plural, todo ello debidamente consensuado entre la gran mayoría del país.

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Adelanta  la Asamblea Nacional del 2020 un proceso de renovación de la cúspide judicial del país. Lo hace obligada por la circunstancia que existe contra Venezuela una averiguación en la Corte Penal Internacional, como consecuencia de la aplicación del principio de complementariedad que prevé el Estatuto de Roma. En palabras llanas, la fiscalía de esa instancia internacional no cree que el poder judicial venezolano pueda investigar los delitos de lesa humanidad que en el país se han cometido.

Para avanzar en ese objetivo, quienes resultaron electos como diputados ese año 2020 redujeron el número de magistrados que integrarían las seis salas del Tribunal Supremo al que inicialmente el mismo tuvo como consecuencia de la nueva estructura constitucional -20 magistrados – y que fue, posteriormente, ampliada el año 2004 a 32. Esto  sucedió como resultado de una sentencia del órgano que estableció que los sucesos de abril del 2002 no habían sido un golpe de Estado sino un vacío de poder y  por la necesidad de tener en dicho órgano personas de absoluta confianza como lo reconoció en su momento el diputado Pedro Carreño, ayer y hoy en esa instancia legislativa.

La reforma acordada aprobó limitar la competencia de legislación que tenía la Sala Constitucional, en tanto que  permite que los magistrados que no habían cumplido los doce años que la Constitución y la ley establecen como límite máximo de duración en funciones, puedan ser nuevamente designados, lo que sin duda es constitucionalmente discutible.

Hechas esas precisiones jurídicas pareciere prudente asomar otras, las políticas y no menos importantes.

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Mientras los diputados que aprobaron por unanimidad la reforma y la están implementando, avanzan en ello, desde la Asamblea del 2015 – que existe  así a algunos disguste y queda evidenciado en el respaldo internacional del que goza ante algunos países muy importantes – sostiene que la designación correspondiente debe discutirse en México, lo que sin duda tiene gran importancia. Mientras eso acontece, algunas organizaciones representativas de individualidades de la sociedad civil, sostienen que nada debe hacerse porque ello incidiría en lo que decida la Corte Penal Internacional.

El problema de quien escribe es que fija sus posiciones y ellas quedan para la historia. En columnas como ésta he afirmado que el poder judicial venezolano debe servirnos a todos y cada uno de nosotros. Que nada se gana con tener uno que sirva a los intereses de un grupo particular en perjuicio de otros. Hoy lo reitero.

Lo que los actuales diputados del 2020 aprueben en su cenáculo sin contar con la otra parte del país que tiene representatividad – los diputados del 2015 – de nada valdrá y en pocos meses  – o años – nuevamente se estará haciendo un procedimiento inclusivo.

Por lo que se refiere a la posición de quienes sostienen que nada debe hacerse para que avance la investigación en La Haya, reitero que la justicia debe ser para todos. Que deben construirse los mecanismos para que ella sea aplicada como corresponde y que, si los venezolanos somos capaces de hacerlo, no tenemos por qué esperar lo que ocurra en la Corte Penal pues habremos edificado un poder judicial sólido y confiable que no requiera el ejercicio del referido principio de complementariedad.

En Venezuela, desde 1999 han ocurrido muchas cosas no resueltas. Por la forma como está integrado el entramado institucional en la actualidad, no será posible avanzar en el conocimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades. Lo que se adelante en una parte del país, desconociendo a la otra, tampoco servirá. Es por ello imperativo construir un sistema judicial confiable para todos que incluya un régimen de justicia transicional y una Comisión de la Verdad independiente y plural, todo ello debidamente consensuado entre la gran mayoría del país. Un sistema integral  que haga las investigaciones necesarias, aporte las conclusiones pertinentes y establezca las responsabilidades de cada quien. De mantenerse, como hasta ahora,  lo que se está haciendo, lamentablemente, a nadie servirá.

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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