“Perdió considerable fuerza lo alcanzado gracias a la gestión de los presidentes de Colombia, México y Guatemala en la ONU quienes, ante la Asamblea General del 2012 abogaron por un debate a fondo sobre las políticas.”

Cada vez son peores los resultados y los efectos perversos de las políticas globales para el abordaje de las drogas ilícitas de las Naciones Unidas. Resulta muy grave la ineficacia de la ONU, en particular de la Comisión de Estupefacientes (CDE) frente a las consecuencias que entrañan el consumo y el tráfico ilícito de este tipo de sustancias en la vida y los derechos humanos de millones de personas alrededor del mundo. Nunca, desde que existe el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (SIFE), los datos globales han sido positivos sobre el freno al consumo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas, a nivel global.

Unos pocos datos ilustran lo dicho: entre el 2009 y el 2016, aumentó en un 31% el número de personas (entre 15 y 64 años) que consumió drogas, pasando de 210 a 275 millones mientras la cifra de “usuarios problemáticos” ascendió de 27 a 30,5 millones.

Por otro lado, las propias políticas de drogas han ocasionado terribles efectos perversos entre los cuales se destaca que, en la última década, ha sido aplicada la pena de muerte a tres mil novecientas cuarenta personas. Peor aún, si cabe, es lo que está pasando en Filipinas, donde se han producido 27 mil ejecuciones extrajudiciales desde 2016, gracias a la campaña de exterminio orquestada por el propio Presidente de ese país, Rodrigo Duterte.

Es de lamentar que, ante cifras dramáticas como las mencionadas, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CDE) no debata de manera abierta y franca la situación ni adecúe las políticas encaminándolas para que respondan, de manera eficaz, a los desafíos actuales que han desbordado sistema de control de estupefacientes y han minado su legitimidad pues cada vez más los Estados definen sus estrategias por fuera de las políticas de la ONU, actuando, en consecuencia, de acuerdo con sus propias convicciones e intereses.

La CDE, -creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC)- tiene a su cargo la deliberación, decisión y el seguimiento de las políticas globales para afrontar los asuntos relacionados con las drogas ilícitas. Está conformada por 53 Estados que representan a las regiones del mundo, elegidos para cumplir períodos de cuatro años. América Latina y El Caribe tienen diez asientos en la CDE, uno de los cuales ocupa Colombia, en la actualidad.

El anquilosamiento de la Comisión de Estupefacientes se expresa en el hecho que las decisiones no son tomadas por votación sino por el conocido “Consenso de Viena” que consiste en que los documentos de política global se negocian durante largas sesiones dedicadas a la acrobacia gramatical y semántica con el fin de garantizar que resulten aceptables para todas las visiones. Es decir, que en ellos quepan aproximaciones al tema tan disímiles como las de Filipinas, la Unión Europea, Suiza, Colombia o Uruguay…

Mucho se ha dicho que el consenso de Viena ya no existe, que está roto, porque en el fondo no hay acuerdos sustanciales. Pero lo cierto es que, pese a las diferencias irreconciliables, mientras no se tome la opción de decidir las políticas por votación, seguirá imperando este mecanismo que convierte a los documentos de la CDE en adefesios casi inútiles.

Dos ejemplos de las consecuencias nefastas de la regla del consenso: no ha sido posible que ninguna Resolución o Declaración de la CDE aluda a la necesidad de eliminar o, al menos, conceder una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Los países interesados en esta medida han tenido que conformarse con declaraciones al margen, a manera de constancias históricas. Del mismo modo, un párrafo repetido en todos los Documentos de Política aprobados por la CDE dice que las tres Convenciones de Drogas son la piedra angular del Sistema Internacional de Estupefacientes junto con “otros instrumentos relevantes” porque ha resultado imposible conseguir que se mencionen de manera explícita, los pactos y tratados de derechos humanos.

En el seno de la Comisión de Estupefacientes, son patentes dos visiones antagónicas sobre el abordaje de las drogas: por un lado, un grupo de Estados aboga por un enfoque centrado en los derechos humanos y en la salud pública, mientras que otro grupo defiende a ultranza la represión como estrategia prioritaria para enfrentar el problema.

La división, que parece infranqueable a siglos vista, grosso modo está marcada por las diferencias de enfoques entre Oriente y Occidente. Los Estados asiáticos, en especial, son reacios a abandonar las estrategias centradas en la represión para afrontar el problema; en la misma línea se encuentran países de otras latitudes por motivos religiosos, ideológicos, económicos (en aras de preservar los recursos que reciben por cooperación internacional) y hasta geopolíticos.

Así las cosas, aunque pueda parecer absurdo, la CDE optó el mes pasado por mantener la vigencia de los tres Documentos de Política de la última década lo que equivaldría a que en Colombia estuvieran vigentes tanto la Constitución de 1886 como la de 1991 (¡!). Ante una consulta, verbal e informal sobre este asunto, hace dos años, uno de los funcionarios del área de tratados de la Oficina de Drogas y Delito en Viena, respondió que los Estados en las Naciones Unidas no acostumbran a derogar ninguna decisión de política anterior y que se requiere, ante situaciones específicas, una interpretación sistemática para deducir qué sigue vigente y qué no.

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La primera consecuencia de esta decisión de la CDE de marzo pasado es que, perdió considerable fuerza lo alcanzado gracias a la gestión de los presidentes de Colombia, México y Guatemala en la ONU quienes, ante la Asamblea General del 2012 abogaron por un debate a fondo sobre las políticas lo que derivó en la Sesión Especial de la Asamblea General (UNGASS) dedicada a las drogas que se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de abril del 2016.

El Documento de Resultados de esa sesión especial, aún con las limitaciones para el debate ya mencionadas, avanzó de manera significativa en la ampliación del horizonte de las políticas, incorporando aspectos no contemplados antes como un capítulo específico dedicado a la protección de los derechos humanos; el enfoque de desarrollo sostenible; la armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la atención a las causas y consecuencias de los problemas relacionados con drogas. Estas ganancias temáticas fueron posibles gracias a la acción coordinada de un grupo significativo de países entre los que se contaron Colombia, Suiza, Noruega, varios latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea. Aunque no se rompió la regla del consenso, el hecho que estos países se mantuvieran firmes en aspectos fundamentales como los mencionados, obligó a ceder a los que defendían el status quo, liderados por Rusia y China.

Pero dado que el Documento de la UNGASS no reemplazó la “Declaración Política y el Plan de Acción” del 2009 y habida cuenta que en este 2019 vence el plazo para que los Estados cumplan con los objetivos trazados en esta, se convocó una reunión ministerial en la CDE para evaluar todos los compromisos del decenio que incluyen, además, una Declaración Ministerial del 2014.

En las negociaciones previas a la reunión ministerial, celebrada entre el 14 y el 16 de marzo pasados en Viena, la cancha estuvo dividida, otra vez, en dos grandes bloques: los países que procuraban que la sesión ministerial decidiera que en adelante las políticas se rigieran por el Documento resultante de la Sesión Especial de la Asamblea General del 2016 (UNGASS, por su sigla en inglés) y los pro-status quo que defendían la Declaración Política del 2009 mucho más centrada en la represión como medida prioritaria para abordar las drogas ilícitas.

Con una solución salomónica se resolvió el meollo: en adelante, por diez años, se mantendrán vigentes los tres Documentos de Política aprobados por Naciones Unidas desde el 2009:

“Nos comprometemos a acelerar, sobre la base del principio de la responsabilidad común y compartida, la plena aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de 2009, la Declaración Ministerial Conjunta del examen de alto nivel de 2014 por la Comisión de Estupefacientes de la aplicación por los Estados Miembros de la Declaración Política y el Plan de Acción y el documento final del trigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General con miras a cumplir todos los compromisos, las recomendaciones operacionales y las ambiciosas metas que allí se establecen”

Ante esta salida salomónica, los Estados que pretendan cumplir con todos los compromisos se verán en dificultades puesto entre el Documento de la UNGASS y los otros dos existen importantes diferencias de enfoque.

Las implicaciones de esta decisión de la CDE serán materia de análisis en un próximo artículo.

Sonia Eljach, ex Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, ex Asesora de la Cancillería para el debate internacional sobre el enfoque de las políticas de drogas.

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