Desde el lamentable crimen de la candidata liberal Karina García Sierra, se han ido conociendo datos que ayudan a entender que hay algo más profundo en ese asesinato que el asunto de tierras.

En el año 2018 fue admitida en la Unidad de Restitución de Tierras en Cauca una demanda instaurada en el 2013 que le permitiría a las comunidades, de salir favorecidas, hacer titulación colectiva sobre tierras que hacen parte del Consejo Comunitario de La Toma en el municipio de Suárez ubicado al norte del Cauca. Algunos hablan de 5.300 hectáreas y las cifras de otros llegan hasta las 7000.

En una entrevista concedida a Unicauca Al Día Radio por la líder afro Francia Márquez – la única colombiana dentro de las 100 mujeres más influyentes en el 2019 según la BBC de Londres -, ella manifestó que, en el corregimiento de La Toma, se ha originado un debate entre la comunidad acerca de quiénes se suman y quiénes no a este proceso de titulación colectiva, proceso que podría definir el futuro de proyectos mineros que existen en la zona.

Desde el lamentable crimen de la candidata liberal Karina García Sierra, de su madre y de parte de su comitiva, se han ido conociendo datos que ayudan a entender que hay algo más profundo en ese asesinato. Uno de ellos es la afirmación hecha por Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien asegura que hay un oponente político de Karina que habría pagado 50 millones de pesos por ese asesinato. También se supo que el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobreviviente ha desaparecido y que el examen de balística hecho a él y el automóvil no lo dejaban muy bien parado.

Ahora conocemos que esta demanda ha sido admitida desde el 2018 y que tiene que ser familia por familia donde se tome la decisión de entregar las escrituras de sus terrenos para que los mismos puedan hacer parte de la decisión judicial que tomará la Unidad de Restitución de Tierras, asunto que ha llevado a un duro trabajo de las partes interesadas en que este proceso sea lo más amplio posible o no.

Las preguntas que debemos hacernos es ¿cómo se afectarían los proyectos mineros nacionales y de multinacionales que hay en Suárez (Cauca) si esta solicitud de restitución sale en favor de las comunidades? ¿En las hectáreas que hacen parte de la demanda instaurada y aceptada, hay títulos mineros de empresas de familiares de políticos de la región? ¿Qué papel jugó el desaparecido escolta de la UNP Wilson Carvajal Gómez en el crimen de la candidata liberal?

En medio de lo que aún no conocemos, sí podemos asegurar que no podemos creer de manera ciega en la versión oficial sobre la única responsabilidad de los hombres de alias Mayimbú y que se han ido conociendo nuevos elementos que nos permiten indagar quiénes pagaron por el crimen de Karina García Sierra.

En conclusión, si bien el debate sobre la titulación colectiva se está presentando entre los integrantes del corregimiento La Toma en Suárez desde el 2018 cuando fue admitida la demanda, las razones del crimen de la política liberal apuntan hacia otros contextos, en especial a la tesis expuesta por la Fundación Paz y Reconciliación en relación a que los autores intelectuales del crimen podrían ser opositores políticos de la líder García Sierra, y no a posturas que ella pudiera tener en favor o en contra de la decisión judicial que pudiera tomar un juez de la república en el departamento del Cauca.

*José Marulanda, vinculado a Unicauca al Día Radio y Televisión. Conductor de Unicauca al Día Radio, @marulojose

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