La señora alcaldesa y los venezolanos

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La delincuencia no tiene nacionalidad, solo nombre y apellido. Busquen a quien cometa delitos por el hecho en que intervino, júzguenlo, condénenlo, pero no lo hagan por su nacionalidad.

Algunos venezolanos que en Colombia nos encontramos, le hemos propuesto a esta nación políticas públicas aplicables a la migración, consecuencia de que entendemos que el impacto de la misma es consecuencia de nuestra conducta interna. En lo personal, desde el año 2017, eso hemos hecho. En tal sentido, en estas líneas hemos sido reiterativos en la necesidad imperiosa de que Colombia caracterice a los venezolanos que aquí han llegado. Esa solicitud la hemos fundamentado en dos condiciones, la primera el tema de seguridad.

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Colombia debía saber qué extranjero al país había llegado, qué hacía en Venezuela y qué podía hacer en esta tierra. La segunda ventaja, al identificar a quién recibía y determinar sus aptitudes y competencias, le permitiría aprovechar de mejor manera sus conocimientos. Lamentablemente, desde el registro administrativo de migrantes venezolanos implementado por la administración Santos hasta el Decreto 216 del presente año expedido por el señor Presidente Duque mediante el cual contempla el Estatuto de Protección Temporal al Migrante Venezolano – EPTMV – , ello no se había ejecutado.

Adicionalmente, muy recientemente, propusimos la creación de un registro tendiente a vacunar al migrante irregular quien, por esa condición no ha podido acceder a ello, desconociendo que la administración nacional eso mismo había ordenado con antelación y, que sepamos, hasta la fecha, en Bogotá no se ha ejecutado.

Igualmente, sugerimos hace menos de un mes diseñar una política pública aplicable al migrante sin documentación que fuere detenido con fines de judicialización pues la ausencia de aquella no era óbice para liberarlo. En función de eso, propusimos que se le identificare temporalmente a esos efectos, mientras se validaba su identidad, y, con dicha caracterización, se le judicializare y, solo después de ser condenado y cumplir la pena, se le deportare. Todo eso lo hemos propuesto, nosotros, nacionales venezolanos residentes en Bogotá.

Ayer, la señora alcaldesa de la ciudad ha informado de la creación de un comando especial anti-migrantes cuyo objetivo sea capturar a nuestros connacionales y, en el supuesto de haber cometido delito y no estar identificado, deportarlo o judicializarlo. En su declaración inicial afirmó que el mismo estaría integrado por fuerzas policiales y Migración Colombia, instancia esta que en la noche de ayer declinó la amable invitación.

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Lamentablemente, la señora alcaldesa obvia que los venezolanos en la ciudad involucrados en delitos alcanzan a menos del uno por ciento de la población de esa nacionalidad que en Bogotá reside, a pesar de lo cual ella destinará recursos públicos y personal para perseguirlos, lo que solo logrará incrementar la xenofobia contra la que muchos han luchado pues, en esa caracterización, entraremos todos los que compartimos gentilicio con Simón Bolívar y Andrés Bello por solo citar a dos que alguna importante vinculación tienen todavía hoy con este país.

Colombia es parte de las convenciones de derechos humanos que reiteran la obligación de los Estados de no discriminar por distintas razones, entre ellas la nacionalidad. Quienes acordaron ese comando desconocieron flagrantemente esa normativa. Es inadmisible – así respetuosamente lo afirmo – que quienes, conforme al artículo 100 de la Constitución Política de Colombia gozamos de los mismos derechos civiles que los colombianos, salvo los que se nos limiten por ley, seamos objeto de discriminación fundado en normas o decisiones de carácter sublegal.

La circunstancia de que unos pocos venezolanos – poquísimos – cometan delitos en la ciudad no puede facultar a sus autoridades para establecer un trato diferenciado respecto de quienes tienen la nacionalidad y los que carecemos de ella. La ley es igual para todos; ése es un principio de derecho que, por cierto, en escritos previos hemos reivindicado. Quien dirige la capital del país no comparte esa opinión y actúa en consecuencia, lo que inclusive generó ayer mismo la reacción contraria a su parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los venezolanos de estos tiempos conocemos de discriminación.

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Desde el 2 de febrero de 1999, quienes adversamos el pensamiento del señor Presidente Chávez fuimos víctima de ella, lo que a la fecha – veintidós años después – se mantiene. Nos sorprende que, en un país de libertades como Colombia y sobre todo en su centro neurálgico como lo es la ciudad capital, ello esté ocurriendo pues no es la primera vez que la máxima autoridad de la ciudad alguna expresión contraria implícita o explícita a nuestra presencia ha manifestado, actitud muy distinta a quien le precedió en el cargo de quien solo obtuvimos – como lo hizo con todos los demás habitantes de la ciudad – preocupación y, sobre todo, ocupación.

Lamento profundamente el contenido de estas líneas. Le agradezco a Colombia y, en especial a Bogotá, su gesto de recibirme pero, antes que nada, soy venezolano – orgullosamente venezolano – y la decisión anunciada ayer por la señora alcaldesa tiene por objeto, así lo pienso, denigrar de nuestro gentilicio, lo que profundamente rechazo. Los venezolanos NO SOMOS delincuentes. Así lo afirmo rotundamente.

La delincuencia no tiene nacionalidad, solo nombre y apellido. Busquen a quien cometa delitos por el hecho en que intervino, júzguenlo, condénenlo, pero no lo hagan por su nacionalidad.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

1 COMENTARIO

  1. Maravilloso texto pleno de verdad. Qué perplejidad producen alguna actitudes tan equivocadas por parte de la alcaldesa. Qué corrija, es lo único que cabe hacer.

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