La soberanía de Duque

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Según Duque, el informe de Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos en Colombia es una intrusión de dicho organismo en nuestra soberanía. Valdría la pena entonces preguntarle al presidente qué entiende por soberanía.

Quizás no recuerda las clases de derecho internacional que tomó en la universidad o tal vez esté entendiendo dicho concepto de la misma manera como lo hacen Maduro y los demás dictadores que saltan con cada reporte sobre la materia.

En nombre de la soberanía se han cometido los peores delitos de la historia. Ese concepto de total e irrestricta autonomía en los asuntos de un Estado llevó a que pudieran instalarse impunemente campos de concentración en el territorio controlado por la Alemania Nazi. En últimas, los vejámenes cometidos se dirigían contra sus mismos ciudadanos; nada tenía que hacer la comunidad internacional para oponerse a ellos. Lo mismo ocurría en Suráfrica durante el apartheid o, incluso hoy en día, en Birmania con la limpieza étnica de los rohingyas. Para no ir más lejos, Venezuela. Allá se considera que es un asunto interno reprimir a la oposición, privar a los ciudadanos de su libertad sin el debido proceso y, en general, limitar los derechos de la población civil a su mínima expresión. En todos estos casos, la soberanía ha sido una carta ganadora: lo que pasa en un país es exclusivamente problema de dicho país.

Qué visión más corta, retrógrada y contraria al derecho internacional. Hace ya mucho tiempo que el mito de la soberanía férrea se desplomó. Para ningún estudiante de primer semestre de jurisprudencia es un misterio que, en materia de derechos humanos, los Estados no pueden hacer lo que les plazca. Están obligados a respetarlos y cumplirlos incluso cuando sus propias normas están diseñadas para ser laxos frente a los abusos sistemáticos.

Tan poco peso tiene la soberanía como argumento para violar derechos humanos, o para escudarse detrás de ella y desconocer que se vulneran, que en caso de que ello suceda y el Estado omita castigar a sus responsables, estos pueden terminar siendo juzgados ante tribunales internacionales. La misma Constitución Política de Colombia ha establecido que los tratados de derechos humanos, aún aquellos no reconocidos expresamente por la ley, tienen carácter de norma superior en virtud del bloque de constitucionalidad y son de obligatorio cumplimiento. Ahí la soberanía no cuenta.

A nadie le gustan los regaños, por eso no sorprende la pataleta de Duque. Pero arremeter en contra de una organización de la talla de las Naciones Unidas y, más aún, desconocer un informe de su oficina de Derechos Humanos que, dicho sea de paso, ha sido invitada por el mismo gobierno para que realice esta clase de reportes en el ejercicio de sus funciones, es incomprensible. El derecho internacional y sus estándares de protección no son un comodín que pueda ser usado solo cuando le conviene a los Estados. Son garantías dirigidas a reconocer que bajo ninguna circunstancia los derechos de las personas pueden ser ultrajados por un gobierno. Hay una sacralidad en los principios de humanidad básicos que se deben respetar en cualquier sistema democrático.

De pronto, esta infame guerra nos ha obligado a olvidar el valor de los derechos humanos, pero si queremos seguir avanzando en la senda democrática, como lo hemos venido haciendo, es preciso reconocer que incluso hoy en día, en nuestro país, éstos se violan de manera sistemática. El asesinato de líderes sociales, el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones y los ataques a la libertad de prensa, entre muchos otros lamentables sucesos, están a la orden del día. El primer paso para evitar que sigan sucediendo es justamente aceptar que pasan y, sobre todo, que cuando ocurren, no deben ser tolerados. El Estado está llamado a tomar correctivos más que a dar declaraciones de prensa salidas de tono y sin ningún fundamento jurídico.

Ver al presidente de la República reprocharle a las Naciones Unidas por hacer su trabajo, y que lo haga sacando de la manga el débil argumento de la soberanía, resulta muy desafortunado. Ni en las peores épocas de la violencia en nuestro país se oían voces que pretendían escudarse bajo dicho precepto en vez de tomar nota y propender por garantizarle a sus ciudadanos el goce de los derechos humanos. La posición adoptada por el gobierno en esta oportunidad es absolutamente inexplicable y raya con lo absurdo.

El derecho internacional no es baladí. Gracias a él y al respeto que le hemos profesado, Colombia hoy es un país con un alto reconocimiento en el exterior, reconocimiento que, paradójicamente, la mayoría de las veces ha venido justamente de la misma oficina que elaboró el reporte que con tanta “fiereza” Duque no demoró en descalificar.

*Gabriel Cifuentes Ghidini, @gabocifuentes, Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma, MPA, Harvard University, LLM, New York University, Master en Derecho, Universidad de los Andes.

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