El Palacio de Justicia: entre la impunidad y el olvido

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El 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única sala de la corte que debía sesionar era la Constitucional. El tema a debatir era la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de extradición.

Después de más de tres décadas de la toma del Palacio de Justicia de la capital del país, sede principal de la rama jurisdiccional del poder público de Colombia, es importante recordar las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad. Ésta fue creada por la Corte Suprema de Justicia con el propósito de esclarecer lo que sucedió en dicha toma. La Comisión presentó un informe acerca de lo que hasta ahora se ha podido verificar de lo sucedido en el Palacio de Justicia. La conformaron tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla.

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Para  la realización del informe, se ha recopilado una serie de materiales: grabaciones, filmaciones y se han recibido por escrito los relatos espontáneos de cerca de sesenta personas entre funcionarios de entonces de la rama ejecutiva (Presidente de la República, ministros), generales, coroneles y otros ministros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, exintegrantes del movimiento subversivo M-19, sobrevivientes del Holocausto, familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y otras personas, que de una u otra manera, tuvieron conocimiento de circunstancias (antecedentes), coetáneas o subsiguientes de los sucedido. De igual modo, la Comisión ha leído miles de páginas de libros, informes, expedientes y providencias relacionadas con el holocausto al igual que ha observado algunos registros fílmicos. 

Síntesis de los aspectos centrales que subraya la Comisión acerca del informe:

El M-19 es el principal responsable de la toma: la primera responsabilidad que cabe señalar sobre el holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M-19, autor material e intelectual de la toma violenta a la edificación que se conoció como “Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre.” Eran las 11:40 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985 y tomaron por rehenes a integrantes de la cúpula del poder judicial.

Conexión con el narcotráfico: Desde la sanción en 1981 de la ley aprobatoria del Tratado de extradición con los Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha frontal y violenta para desaprobar dicha ley. Con la muerte del comandante del M-19 Jaime Bateman, se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá. En 1981, integrantes del M-19 secuestraron a Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de miembros de la cúpula del Cartel de Medellín, que como reacción creó el grupo criminal denominado Muerte a Secuestradores (MAS). MAS desató una persecución contra los integrantes del M-19 quienes, acorralados, no encontraron otra solución distinta que devolver a la secuestrada y pactar la paz con el Cartel de Medellín. En los años 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar y recibieron dinero de ese cartel. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte una estrecha amistad con Pablo Escobar.

John Jairo Velásquez Vásquez, lugarteniente de Escobar declaró ante la Comisión que Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia. De igual modo, Carlos Castaño en su libro “Mi Confesión” revela la financiación del Cartel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia.

Pocos días antes del asalto al Palacio, el grupo denominado “Los Extraditables” amenazó con dar muerte a magistrados de la Corte Suprema, principalmente de las Salas Constitucional y Penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de extradición.

El 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única sala de la corte que debía sesionar era la Constitucional. El tema a debatir era la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de extradición.

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Hechos del Cuarto Piso: Al ocupar violentamente el Palacio, Luis Otero y otros comandantes del operativo accedieron prioritariamente al cuarto piso donde se hallaban los magistrados de la Sala Constitucional y empezaron a llamar en altavoz a cada uno de los integrantes de la misma. En sus comunicaciones, se refirieron a ellos y al Presidente de la Corte como los “rehenes fundamentales” y, efectivamente, perpetraron su secuestro.

El papel de las Fuerzas militares: El alto estamento militar nunca compartió la política de paz de Belisario Betancur. Consideraron los militares que las concesiones del gobierno al M-19 implicaban claudicar ante el enemigo y otorgarle las conquistas que no habían logrado con la lucha armada infructuosa y violenta. El asalto al Palacio de Justicia, no solamente era previsible para la inteligencia militar, era de conocimiento general y, en especial, del Ejército que ese hecho podía suceder en cualquier momento.  Incluso el 16 de octubre de 1985 el ministro Vega Uribe recibió un anónimo en el que se alertaba que, al día siguiente, el M-19 se proponía tomarse el Palacio. La noticia de la posible incursión en el Palacio de Justicia por el grupo subversivo fue difundida el 18 de octubre de ese año por varios medios de comunicación, entre otros, El Tiempo y El Siglo.

Una vez acaecida la sangrienta incursión guerrillera, la respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala. La comandancia suprema de la reacción, a cargo de la Brigada XIII del ejército al mando del General Arias Cabrales, desarrolló el operativo de rescate de la edificación. Aproximadamente a la hora del asalto, personal de ejército y de la policía se apostó en las afueras de la edificación.

Sin lugar a dudas uno de los grandes misterios sobre los hechos del holocausto del Palacio de Justicia es el de las personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado cuyos cuerpos nunca se encontraron.

El papel del Gobierno nacional: El Presidente de la República, desde el primer momento, tomó la decisión de no negociar. Nunca existió intención real del Gobierno de salvar las vidas de los rehenes. El Gobierno tampoco planeó una operación de rescate; por el contrario, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas. Existió sólo la estrategia del aniquilamiento. Se produjo un vacío de poder porque el Presidente simplemente fue espectador del desarrollo de los acontecimientos.

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Finalmente, es cierto, como lo dice la Comisión, que el grupo guerrillero M-19 es el primer responsable de este holocausto, pero no se puede negar la gran responsabilidad del gobierno de Belisario Betancur al equipararse y actuar como un grupo armado ilegal, incluso peor que al que generó la toma sangrienta. El Estado y sus gobiernos no pueden responder a las vías de hecho con vías de hecho; esto pone en riesgo su legitimidad. De ahí que sea importante seguir recordando estos hechos para que se esclarezca la verdad y no aflore la impunidad y el olvido.

*Jairo Hernán Ortiz Ocampo, filósofo. Magister en Ciencia Política, Doctorando en Ciencia Política. Docente Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad del Cauca. Director Grupo de Investigación Problemas Regionales y Derechos Humanos.

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