La CARE ha muerto, ¡larga vida a la CARE!

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La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores – CARE – estaba moribunda y el gobierno Duque le dio la estocada final. De sus cenizas deberá nacer un órgano renovado, menos pretencioso y más útil. La CARE ha muerto, ¡larga vida a la CARE!

La CARE se reúne hoy 27 de noviembre porque el Consejo de Estado así lo dictaminó. La reunión tendrá lugar para informar a sus miembros, eso sí, lo menos posible. La Cancillería redujo la agenda a “acciones de política exterior destinadas a promover la reactivación económica”, al parecer, para dictar cátedra sobre cómo se obedece la letra de un fallo y, al tiempo, se ignora el espíritu de la ley.

La Ley 68 de 1993 establece que el Presidente podrá convocar a la CARE en su carácter consultivo cuando lo requiera y la Cancillería deberá hacerlo de manera regular para informar. La CARE nunca se había reunido en más de dos años de la presidencia de Iván Duque. Cansados de esperar, los senadores Sanguino y Cepeda demandaron; les dieron la razón en primera instancia.

Pero, la Cancillería, siempre tan acuciosa ante los tribunales, impugnó para argumentar que la ley no dice lo que dice: “las reuniones informativas se realizarán por lo menos una vez cada dos meses, siempre y cuando no haya tenido lugar una reunión ordinaria en el mismo período”. Para la Ministra, las cosas no están claras: no existe mandato ni claro, ni expreso, ni exigible, sostuvo en su memorial.

Lo cierto es que un juez puede ordenar al Gobierno a hablar, no a escuchar. La Constitución deposita la dirección de las relaciones internacionales en el Presidente y, si él no quiere consensuar nada, ni consultar con nadie, no hay nada que se pueda hacer. Éste es el pecado original.

Los constituyentes, para suplir en algo este exceso, – supongo – , dieron vida a unas comisiones segundas permanentes, con facultades de control político en lo internacional, que no pasan de una mera formalidad, y la CARE, que no es ni chicha ni limoná.

La composición de la CARE – todos los expresidentes, seis congresistas y dos designados del Presidente – la convierte en un órgano político del cual se espera experticia técnica – ¿por qué, si no, se estipularía que se necesita experiencia como ministro de despacho, jefe de delegación diplomática o 10 años como profesor de derecho o comercio internacional? – .

Se pretendía, con los expresidentes, dar continuidad, y, con los congresistas, conseguir respaldo multipartidista, para asegurar que la política exterior de Colombia sea una de Estado y no de gobierno. Pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Las riñas entre los expresidentes se han convertido en uno, sino el mayor, de los obstáculos para un mínimo funcionamiento de la CARE y parece que ellos no se aguantan compartir ni una sesión virtual. Los congresistas, por su lado, continúan entendiendo la CARE como un espacio de extensión del control político y no uno de construcción de lineamientos mínimos compartidos de interés nacional.

Es verdad que los presidentes anteriores la citaron más veces – Pastrana 10, Uribe 1º 11, Uribe 2º 6 , Santos 1º 9 y Santos 2º 4 – . Pero, la CARE, cuando sí era emplazada, más que funcionar en lógica asesora, servía para poner un sello de legitimación en las decisiones tomadas por el ejecutivo con anterioridad. El sálvese quien pueda post-decisión Nicaragua de la Corte Internacional de Justicia terminó de reventar a la CARE. Nadie quiso asumir lo que todos habían avalado.

Soñar no cuesta nada. La política exterior de Colombia necesita control político con dientes y asesoría técnica de calidad. En un mundo ideal, los congresistas se quedarían en el Congreso en comisiones segundas fortalecidas con facultades adicionales como la confirmación de ciertos nombramientos, por ejemplo, y la CARE se convertiría en un foro de expertos con amplia representatividad que contribuiría a innovar.

Mientras conseguimos la utopía, la realidad se impone. Ante una CARE inoperante, un presidente ensimismado y una política exterior en crisis, a la Ley 68 de 1993 le llegó la hora. Se requiere, con urgencia, convertirla en un escenario más técnico que político, aumentar el número de integrantes para incorporar profesionales en múltiples campos, obligarla a reportar y, sí, dotarla de obligatoriedad.

*Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils

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