La mezquindad de Guaidó

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El régimen de Maduro denunció que Juan Guaidó ha bloqueado los fondos para el acceso a las vacunas Covid-19. A veces, hasta los dictadores tienen razón. El presidente interino ni raja ni presta el hacha. 

Obtuvimos la carta del bufete de abogados Arnold & Porter, que representa los intereses de Guaidó, fechada 29 de diciembre de 2020,  en respuesta a las demandas del Palacio de Miraflores. La situación queda clara. Maduro solicitó a autoridades judiciales inglesas el desbloqueo de dineros hoy congelados en Londres para realizar pagos a la instancia Covax, que asegurarían la compra de dosis para 20 millones de personas. Guaidó se negó. Esta historia comenzó hace más de dos años. 

¿Quién controla los dineros en el exterior de Venezuela?

El Banco de Inglaterra tiene en sus depósitos US$ 1.5 billones de dólares del Banco Central de Venezuela, en reservas de oro del país, mientras el Deustche Bank le debe a este mismo banco venezolano US$ 120 millones por una transacción de permuta de oro. El Deutsche Bank estaba recibiendo instrucciones contrarias de Maduro y Guaidó y el Banco de Inglaterra se negaba a transferir los totales a Maduro en tanto Londres lo desconocía como presidente legítimo.

En mayo de 2019, el Deustche Bank inició un proceso de arbitraje y le pidió a una corte inglesa el nombramiento de administradores a los cuales entregarles los US$ 120 millones. Juan Guaidó exigió el control de esas sumas en tanto presidente legítimo de Venezuela; Maduro hizo lo propio.

Un año después, el gobierno de Maduro demandó al Banco de Inglaterra alegando el incumplimiento de su obligación de aceptar instrucciones de la junta directiva de Maduro con respecto al pago de las reservas de oro.

Una corte comercial de la división de Queens falló en favor de Juan Guaidó en tanto el gobierno inglés manifestó que, desde el 4 de febrero de 2019, lo reconocía como autoridad estatal.  Una instancia superior especificó que, si bien el Reino Unido podía reconocer a Juan Guaidó como autoridad de jure, ello no le impedía también reconocer a Maduro como presidente de facto en control de las entidades de Venezuela, lo que significaba un triunfo jurídico para el régimen madurista. Pero las cosas no se quedaron ahí. El 9 de diciembre de 2020, la Corte Suprema del Reino Unido autorizó una apelación de Guaidó ante lo cual los fondos venezolanos quedaron congelados en manos de administradores ad-hoc.

Plata para las vacunas: una urgencia compartida

A fines de diciembre, Maduro propuso el descongelamiento de los fondos para pago directo a Covax. Insistió en que “sería inaceptable jugar con las vidas de ciudadanos inocentes de Venezuela”.  En nombre de Guaidó, el bufete Arnold & Porter concurrió con tal afirmación, pero se negó a apoyar la solicitud. “Esto no se debe a una falta de compasión por el sufrimiento del pueblo venezolano. Al contrario, así es porque no se puede confiar en el desacreditado régimen de Maduro para distribuir vacunas de manera justa y eficiente”. Prosiguieron los abogados: “Nuestros clientes no se pueden prestar para respaldar los arreglos que, en últimas, dejarán en manos del régimen de Maduro quién será vacunado”.

Sobra anotar la validez de semejante preocupación. No existe lugar a dudas de que Maduro y sus aliados han politizado las ayudas estatales. Los “carnets de la patria” son prueba de elloAun así, lo sorprendente de esta carta que publicamos hoy está en la falta de una contrapropuesta que permita atender las necesidades de los venezolanos y las venezolanas. Soluciones disponibles sí hay y la más evidente radica en la distribución de las vacunas en manos de un organismo internacional.

El bufete que representa a Guaidó evocó las palabras que el gobierno del Reino Unido reservó para Maduro:  “usó el Covid-19 como pantalla de humo para ocultar violaciones de derechos humanos y la represión de la oposición política”, reiteró la solicitud de Naciones Unidas para el “acceso humanitario sin obstáculos” y destacó las palabras del Consejo de Derechos Humanos sobre los carnets de la patria. 

“En diciembre de 2016, el ejecutivo comenzó a emitir “carnets de la patria”. Estas tarjetas de identificación contienen códigos QR de respuesta rápida con información biométrica e información relacionada con la condición socioeconómica. Fueron creadas con la intención de racionalizar la distribución, a través del CLAP local. El ejecutivo supuestamente utiliza las tarjetas para distribuir asistencia alimentaria con base en la lealtad al partido de gobierno.”

De ahí en adelante, los letrados plantearon las siguientes críticas.

  1. Le recordaron a Maduro que los recursos en Inglaterra no constituyen la totalidad del presupuesto del cual él dispone y las sanciones de Estados Unidos tienen excepciones humanitarias. En otras palabras, reconocieron la necesidad de las vacunas siempre y cuando se paguen con las fuentes que maneja Maduro.
  2. Expresaron malestar porque Maduro solicitó el levantamiento de las restricciones de todos los dineros en Inglaterra y no solo sobre los montos necesarios para los pagos de Covax. Uno pensaría que la cuestión de las cifras necesarias podría constituir una materia de negociación.
  3. Regresaron a la cuestión de la politización con un reconocimiento que se hubiese podido plantear como el inicio de una negociación sobre acceso humanitario. “Salvaguardias efectivas deberán adoptarse para permitir que las vacunas sean distribuidas por organizaciones internacionales reputadas, sin consideración de la afiliación política”.
  4. Anotaron que, si fuera posible asegurar la distribución equitativa, la Asamblea Nacional podría autorizar el gasto con los dineros en Estados Unidos. El interrogante es: ¿cómo podría garantizar la Asamblea Nacional, aun con recursos propios, un plan nacional de vacunación sin concertación con Maduro?

¿Para qué el dinero de Guaidó?

En efecto, el 3 de enero, la Asamblea Nacional aprobó la compra de vacunas. Pero, esta decisión parece, más bien, un canto de sirenas. Si se continúa de espaldas al diálogo en torno a este tema específico, ¿cómo se podría operar en Venezuela? 

En comunicado del 20 de enero, los abogados del régimen madurista de la firma Zaiwalla & Co.  respondieron. “Los fondos deberían ser usados para el beneficio del pueblo de Venezuela y la intransigencia de los representantes de Guaidó está obstaculizando de manera crítica los intentos del país de responder a la pandemia de Covid-19”.  La cuestión no parece avanzar.

Si la administración interina se niega a aliviar la pandemia dentro del vecino país, quizás podría ayudar a hacerlo para los ciudadanos venezolanos por fuera.

De manera irresponsable y en contra de los principios humanitarios más básicos, el presidente Iván Duque dijo que los migrantes irregulares en Colombia no serían vacunados. Esto dejaría casi un millón de venezolanos sin vacuna. Dicho esto, dadas las restricciones financieras y las dificultades que ha tenido el gobierno de Duque para avanzar en la negociación con las farmacéuticas, ¿por qué Guaidó no podría contribuir a financiar la vacunación de los migrantes en Colombia? ¿No sería esta una oportunidad de ejercer como presidente con acciones concretas en beneficio de los suyos?

Todo indica que no hay interés ni en solicitar ayuda, ni en ofrecerla. Iván Duque le pidió asistencia a la comunidad internacional y no a Guaidó y Tomás Guanipa, embajador de Guaidó en Colombia, celebró que el presidente colombiano haga esfuerzos para conseguirla.

Mientras tanto, el Washington Post publicó una investigación de corrupción en el entorno de Guaidó. “Una investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluido posibles contratos, descubrió múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis y hubiesen requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato con el gobierno de Paraguay con una comisión de US$ 26 millones para terceros, que generó alarmas dentro del propio equipo legal de Guaidó. Otro acuerdo propuesto, para recuperar activos en un banco británico, habría involucrado un contrato que, según los funcionarios de la oposición, Troconis no estaba autorizado a firmar.” Troconis está encargado de recuperar los bienes en el extranjero y pasa su tiempo entre Miami, Washington y Bogotá.

El manejo de la pandemia requiere soluciones inéditas que la mezquindad no deja ver. Si la gestión de Guaidó no contribuye a ayudar a los venezolanos en esta pandemia, ni a maduristas ni a no maduristas, ni a los de adentro, ni a los de afuera, ¿para qué el control de los dineros? O, quizás la pregunta más relevante sea: ¿para qué Guaidó? 

CartaArnold-Porter

*Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils

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