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Era de esperarse; el músculo político del uribismo tenía y tiene como objetivo principal lograr que los Acuerdos de la Habana no se implementen.
Es claro que en estos momentos los medios, los noticieros y las discusiones a nivel local e internacional no hablan de otro tema que no sea el COVID-19. Se ha dejado de lado o en el olvido un tema fundamental para el país: la construcción de paz.
El proceso de paz en Colombia va a pasos cortos y con tropiezos. Desde las víctimas hasta los firmantes de paz están sufriendo el incumplimiento del Gobierno. Era de esperarse; el músculo político del uribismo tenía y tiene como objetivo principal lograr que los Acuerdos de la Habana no se implementen.
A pesar de los ataques, el proceso de paz con las FARC ha salvado miles de vidas. El programa de desminado a nivel nacional viene dando buenos resultados. Con las disidencias anunciadas por Iván Márquez, muchos creyeron que los exguerrilleros retomarían las armas, pero la mayoría ha demostrado toda la voluntad y compromiso de reintegrarse a la vida civil.
¿En qué vamos?
En la Reforma Rural Integral se puede decir que estamos igual que cuando iniciamos. Los territorios más golpeados por la violencia y zonas de ETCR (espacios territoriales de capacirtación y reincorporación) no han tenido mayor inversión por parte del Estado desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Según el informe multipartidista liderado por la Representante a la Cámara Juanita Goebertus, la pobreza multidimensional en los municipios PDET es del 45,3 %. Además, de los 9,5 billones que se destinaron para la implementación del Acuerdo de Paz, el 74 % debería ir a la Reforma Rural Integral, pero solamente se han invertido 90 mil millones, que equivalen al 0,13%.
Por otro lado, en la formalización de tierras, no se ha avanzado en un 1%. Según datos de la Agencia Nacional de Tierras hasta febrero de este año, solamente se han formalizado 10.554 hectáreas de siete millones que están establecidas en el Acuerdo. Tampoco hay claridad en los informes que ha dado la Consejería para la Estabilización, en el que afirman que se han “regularizado” 380.110 hectáreas.
De la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos tenemos resultados, aunque hoy el programa está desfinanciado. Ahora, estamos también ante la indolencia y la terquedad de un Gobierno que pretende reanudar la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. A estos dos grandes problemas, se une uno que tiene un triste caso en común, el asesinato de excombatientes. Según Indepaz en lo que va corrido del 2020, más de 84 líderes sociales, varios de ellos defensores de la sustitución voluntaria, así como 24 exmiembros de las FARC, han sido asesinados,
Cumplir el Acuerdo traería consigo una reducción significativa de la violencia en los territorios y permitiría el desarrollo de muchas de estas poblaciones que viven entre la indolencia estatal y las balas de la lucha por las rutas del narcotráfico. Para ello, es necesario coordinar los planes de acción de los PDET, el Plan Nacional Integral de Sustitución y los planes sectoriales, lo que sería la hoja de ruta para cumplir con este aspecto del Acuerdo.
Paz en emergencia
La paz está en emergencia, como lo ha afirmado la representante Juanita Goebertus y la bancada que defiende el Acuerdo en el Senado. No es para menos. La crisis sanitaria derivada del coronavirus ha puesto un enorme obstáculo financiero a la implementación de lo pactado.
A esto hay que agregarle los constantes ataques del Partido Centro Democrático al Acuerdo. Descaradamente, algunos parlamentarios de este partido han propuesto quitarle dineros a la paz para invertirlos en atender la crisis del coronavirus. No solo es inconstitucional, ya no se despeinan para atacar de manera directa un Acuerdo que ha avanzado lo más lento posible desde que Iván Duque es Presidente.
Desde el movimiento Defendamos la Paz enviaron una carta en protesta por la instrumentalización de la crisis sanitaria por el COVID-19 para ‘minar’ el Acuerdo de Paz. En el texto, los firmantes de la carta recalcaron que hay una campaña del partido de Gobierno en contra de la implementación del Acuerdo de Paz.
Afrontar una crisis sanitaria es un desafío; cumplir el Acuerdo de Paz es otro. Los esfuerzos para avanzar en construir la paz no pueden parar.
Es urgente que el Gobierno brinde todas las garantías del ejercicio político a los líderes y lideresas sociales, activistas sociales y excombatientes. Es inaudito tener que contar muertos casi todos los días en nuestro país a manos de personas cuya identidad la Fiscalía no es capaz de esclarecer.
Ahora más que nunca la paz necesita apoyo y, sobre todo, inversión. No se puede aceptar que se quiera destruir lo que han logrado comunidades y líderes en las regiones que han vivido el conflicto de manera directa. Desde la urbe, los ciudadanos no ven la necesidad de cumplir un Acuerdo que está para corregir un abandono estatal de décadas.
El mensaje es claro: a pesar de los ataques y los obstáculos, la implementación del Acuerdo no debe parar. Los congresistas, activistas y la población en general deben exigirle a este Gobierno que cumpla lo acordado y no se lave las manos con la responsabilidad del Estado.
Camilo Cotes, @CamiloCotesP
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