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Preocupa que la entidad encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal en Colombia se esté utilizando con fines políticos, alejándose de los principios de imparcialidad y objetividad que deben orientarla.
Ya hemos advertido en esta columna que una actividad altamente peligrosa en Colombia es desempeñarse honestamente en el servicio público. Por una parte, la gestión siempre está vigilada por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía y la apertura de una o varias investigaciones – paralelamente y por los mismos hechos – puede darse por el simple capricho de cualquier funcionario, viéndose comprometidos la libertad, honra, futuro profesional y el patrimonio que honradamente se pudo construir a lo largo de la vida.
Por otra parte, mientras el servidor corrupto deja coartadas para su posterior defensa, anticipando los reparos de una eventual investigación, el que actúa honestamente cree, ingenua y erradamente, que su correcto proceder no le acarreará siquiera una indagación; por ello, desempeña sus funciones – que no son tan regladas como suele suponerse – en un espacio de confianza, afrontando los afanes del día a día y tomando las decisiones que en su momento cree correctas; luego, cuando se requiere la reconstrucción de los fundamentos y soportes que lo llevaron a optar por uno u otro camino, tal tarea se torna en una verdadera odisea.
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Esta fragilidad del servidor – o exservidor – público se agrava cuando en estas investigaciones se entremezclan intereses de orden político, tal como parece estar aconteciendo en la Fiscalía General de la Nación con el llamamiento a imputación de cargos al candidato presidencial Sergio Fajardo. Si bien todo ciudadano debe estar a entera disposición de los requerimientos de la justicia, este anuncio causa profunda preocupación al menos por tres razones.
En primer lugar, por el factor temporal, ya que no deja de sorprender la coincidencia entre el comienzo de una campaña presidencial en la cual Fajardo ocupa el segundo lugar en las encuestas y este llamamiento a imputación por hechos acaecidos hace más de ocho años. Es innegable que la vinculación a un proceso penal tiene la vocación de expulsar a una persona de una contienda política, no solo por el tiempo y recursos que demanda, sino por el calvario que comporta la investigación, su avance y la infamante exposición mediática que se robustece en épocas electorales.
En segundo lugar, preocupan los delitos que se imputarán. El primero de ellos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se ha vuelto un comodín para perseguir funcionarios, y en mala hora su estructuración ha sido flexibilizada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; hoy día, lamentablemente, cualquier retardo – absolutamente natural en ejecuciones contractuales – o decisión que, ex post, pueda catalogarse de errada, automáticamente constituye una falta de planeación y consecuentemente configura el aludido delito.
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Esta circunstancia se agrava en este país de generales – por aquello de que ‘luego de la guerra todo el mundo es general’ – ya que, después de que se adopta una decisión en el servicio público, con la presión del tiempo y la congestión que agobian a nuestras instituciones, a algún investigador perspicaz, cuando ya ha corrido mucha agua bajo el puente y desde la comodidad de su escritorio, se le ocurre una mejor alternativa que en un primer momento el funcionario investigado no previó. Tal ‘omisión’, absurdamente, también termina reprobándose como una manifestación de celebración indebida de contratos.
El segundo delito, peculado, produce aún más perplejidad, pues no se entiende si el supuesto detrimento se atribuye al hecho de no haberse previsto una ‘proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar’, circunstancia que, francamente, no requeriría estudio alguno, o – y esto sí que desconcierta – porque Fajardo no anticipó exactamente la fluctuación de la divisa, lo que implicaría una absurda imputación por no tener el don del vaticinio.
Y, al tener claro que Fajardo no se apropió de un solo céntimo, habría de concluirse que el peculado fue a favor de terceros y ello genera por lo menos un par de dudas. En esa misma diligencia de imputación, ¿se solicitará el embargo del patrimonio de la entidad financiera que se benefició de los recursos? ¿Se vinculará también a los directivos del banco porque, luego de acreditárseles su condición de profetas, conocieron que el crédito que otorgaron se encarecería en perjuicio del departamento?
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Finalmente, preocupa gravemente que la entidad encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal en Colombia se esté utilizando con fines políticos, alejándose de los principios de imparcialidad y objetividad que deben orientarla. Debemos reflexionar si como sociedad seguiremos admitiendo que los cargos más importantes de este país sean ocupados por un azar del destino, en donde el único talento es una amistad. Ya va siendo hora de que le demos una mirada al mérito y que se exija algo más que un compadrazgo con el poder para llenar esas plazas. De lo contrario, la indebida gestión, la incapacidad de dirección y el abuso del poder terminarán de destruir nuestra muy debilitada institucionalidad.
*Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza, abogado penalista, @MCristanchoA
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