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La gran verdad es que, en gran medida, el déficit viene desde la reforma tributaria anterior que, al conceder beneficios tributarios por $11 billones, abrió un hueco fiscal que ahora se intenta tapar.
“Los problemas viejos no se resuelven y los nuevos los dejan envejecer”. Miguel Abadía Méndez
La causa raíz
Las cifras reportadas por el DANE recientemente sobre desempleo, pobreza y la hambruna en el país son escalofriantes, por lo patéticas y reveladoras del drama humano que hay detrás de ellas. La tasa de desempleo en marzo de este año de 14.2%, a pesar de que bajó con respecto al nivel más alto, de 21.2%, alcanzado en mayo de 2020, es superior a la del mismo mes del año pasado, cuando se tomaron las primeras medidas de contención de la pandemia de la COVID – 19, del 12.6% y 3.4 puntos porcentuales por encima de la tasa del 10.8% de marzo de 2019.
La mayor tasa de desempleo trajo consigo la reducción o la pérdida de ingresos para los cesantes y de contera un retroceso de por lo menos 10 años en los índices de pobreza y extrema pobreza monetaria. La pobreza monetaria pasó del 35.7% en 2019 a 42.5% en 2020, 6.8 puntos porcentuales más, para completar 21 millones de personas en esta condición y la pobreza extrema, la indigencia, pasó de 9.6% a 15.1% 5.5 puntos porcentuales más, alcanzando la inquietante cifra de los 7.47 millones adicionales con respecto al año anterior.
Una de las secuelas de la pérdida del empleo, el ingreso y el empobrecimiento de la población, es que una alta proporción no tiene acceso a las tres comidas diarias. Según la más reciente encuesta Pulso social del DANE, “únicamente 7.3 millones de hogares de 8 millones tuvieron la posibilidad de comer tres veces al día, mientras que una cuarta parte del país pasó a consumir dos raciones de alimentos al día”. Y, lo que es peor, “179.174 hogares se alimentan solo una vez al día”. ¡Ésta es una bomba de tiempo que está a punto de estallar!
Este cuadro tan dantesco tuvo como trasfondo la recesión económica, la peor desde la Guerra de los Mil Días, que se tradujo en una contracción del – 6.8% del PIB, la cual sirvió de factor desencadenante de esta crisis, afectando de paso las finanzas públicas, tanto la del Gobierno nacional como la de las entidades territoriales. El déficit fiscal del Gobierno central el año anterior fue de – 7.8% y la previsión del Ministerio de Hacienda para este año es del – 8.1%.
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La pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, a las que se le suelen atribuir todas nuestras desgracias. Sin embargo, bueno es advertir que sus estragos y su impacto demoledor en materia de salud, en la economía y en la precaria situación social del país han exacerbados sus vulnerabilidades pre-pandémicas. La causa-raíz de nuestros males y achaques vienen de atrás y no desaparecerá con la pandemia; hay que atacarlos en sus orígenes. En este orden de ideas, podemos afirmar que, así como las preexistencias en salud predisponen y hacen más propensas a las personas a contraer el coronavirus, así como un mayor riesgo de un desenlace fatal de quienes lo contraen, las graves preexistencias de la economía y de la sociedad la tornaron más vulnerable a los devastadores efectos de la pandemia.
¿A qué preexistencias nos referimos? En primer lugar, el crecimiento potencial de la economía había pasado del 4.5% en 2012 a 3.5% y peor aún la economía completó en 2019 cinco años creciendo por debajo del mismo. Es bien sabido que mientras la economía esté creciendo por debajo de 3.5% no sólo no generará más empleo sino que lo destruirá, que es lo que ha venido dándose. Por ello, no es de extrañar que después de dos años (2017 y 2018) con tasa de desempleo de un solo dígito, volvimos nuevamente a registrar cifras de dos dígitos a partir del año 2019. La pobreza bajó desde el 40.3 en 2009 hasta el 26.9% en 2017 y dicha tendencia empezó a revertirse desde el 2018 elevándose hasta el 35.7% en 2019.
Crecimiento del PIB
Incidencia de la pobreza monetaria
Otro tanto ocurrió con el déficit fiscal. Como es consabido Colombia lleva muchos años arrastrando con los déficits gemelos – déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos -, los cuales se mantuvieron aún en medio del largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011). El déficit fiscal de la Nación es estructural y, desde que el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla asumió dicha cartera, en lugar de corregirlo se dedicó a mimetizarlo, recurriendo a prácticas poco ortodoxas. En efecto, se dedicó a pagar deuda con deuda, emitiendo TES al garete. Según dijo, “le vamos a decir a los mercados que la deuda que debemos estar amortizando no la podemos pagar toda, sino que necesitamos que nos hagan un préstamo de los vencimientos de capital y esa es otra gran fuente de financiamiento de los $271 billones” del presupuesto del 2020.
Artilugios como el de hacer pasar gasto corriente por endeudamiento, recurriendo al ardid de “pagar gasto con TES sin contabilizarlo como gasto y por tanto sin que afecte el déficit es nuevo”, como lo acota el profesor e investigador de la Universidad de los Andes y nada menos que ex integrante del Comité Consultivo de la Regla fiscal Marc Hofstetter. Utilizando el artificio de adquirir más “deuda para financiar gasto corriente”, como lo delató el catedrático de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, sólo busca que el mayor gasto no se refleje en el déficit fiscal. Bien dijo el profesor Hofstetter, “si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado, lo más probable es que haya crecido” en 2019.
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Por todo ello, podemos afirmar que las cifras del Ministerio de Hacienda no son confiables y por ello es dudoso que la cifra oficial del déficit fiscal del 2019, supuestamente del – 2.5%, sea cierta. De tal suerte se puede inferir que el inusitado incremento de la deuda pública, que dio pie para que las firmas calificadoras de riesgo le bajaran la nota a la deuda soberana de la Nación, no se debe principalmente a la pandemia sino a este manejo truculento de la misma.
Ya lo había advertido el entonces Presidente de ANIF Sergio Clavijo, que, a ese paso “la deuda del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54.2% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), al tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación, incluso sin contar las novedades del proyecto del presupuesto del 2020. Y, de contera, las vigencias futuras eran para entonces del orden de los $102 billones, el 10% del PIB (¡!). Ésta es la causa – raíz de todas nuestras dolamas. Por eso, en lo único que he estado de acuerdo con el Ministro Carrasquilla es en que “la crisis ha exacerbado el problema, pero las raíces son más hondas” de lo que aparentan.
El descuadre de la caja
Esta delicada situación fiscal llevó al Ministro Carrasquilla a plantear el año anterior la necesidad de tramitar una reforma tributaria para tratar de tapar el hueco fiscal, que se había agrandado con los gastos y el endeudamiento no previstos en los que había tenido que incurrir el Gobierno para ampliar y aumentar las transferencias monetarias y no monetarias a favor de los más vulnerables, así como el apoyo a las empresas para proteger el empleo. Pero, en concepto del Presidente Iván Duque ese no era el momento “de una reforma tributaria. Ningún país en el mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia”. Dijo que, además de “inconveniente”, era “inviable”.
A comienzos de este año el Ministro Carrasquilla volvió a la carga y en un alarde de tremendismo apocalíptico planteó que “nuestra caja en este momento es del orden de los $30 billones, nuestras necesidades de caja, determinados por el Plan anual de caja, es del orden de los $20 billones mensuales…el número redondo que quiero dejar sobre la mesa es la urgencia y la necesidad de una reforma fiscal. Tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas seis semanas o siete semanas y por lo tanto, tenemos que estar constantemente en el mercado buscando recursos” de crédito.
El Presidente Duque esta vez termina entonando la palinodia, afirmando que “esto no se trata de una reforma tributaria. Se trata de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia, las consecuencias económicas que ha traído”, aunque despistó a todo mundo cuando, no obstante que, según el Ministro Carrasquilla sólo tiene caja para seis o siete semanas, dijo que “ninguna medida estará vigente en 2021”. Como reza el refrán español, ¡“donde dije digo, digo Diego”!
Se contrató, entonces, una Comisión de expertos en beneficios tributarios, con el fin de que su análisis y recomendaciones sirvieran de base para la elaboración del texto del proyecto de reforma tributaria, el cual se radicó en el Congreso de la República bajo el sugestivo título de “solidaridad sostenible”. Según el Ministro Carrasquilla de los $23.4 billones que aspiran a recaudar con ésta, la tercera reforma tributaria de este Gobierno, $7.3 billones tendrían como destinación la financiación de los programas de protección social, destacándose entre ellos la permanencia del programa de Ingreso solidario, y los otros $16.1 billones “irían a la bolsa pública de recursos para tapar parte del hueco fiscal”, que es una forma eufemística de decir que esta reforma es para garantizar la sostenibilidad de la deuda y con ello darle una buena señal a las calificadoras de riesgo y no la a solidaridad que se predica.
Cuando uno escucha al Ministro Carrasquilla tocando a somatén y lee el tweet angustiado del ex presidente Uribe diciendo que “sin los $90 billones que se requieren en 2021, no hay como pagar salarios del Estado”, uno no entiende tres cosas: la primera que la ejecución presupuestal el año pasado, que fue cuando el Estado, como lo hicieron todos los demás países del mundo, menos en Colombia, debía jugarse a fondo, dicha ejecución estuvo por debajo de la del 2019. Según el propio Ministerio de Hacienda, se dejaron de ejecutar $23.5 billones, lo que explica que mientras en Colombia el monto de los recursos desembolsados para enfrentar la pandemia fue, según cifras de la OCD/FMI, de sólo el 2.8% del PIB, en los demásSegún el Ministerio de Hacienda, se dejaron de ejecutar el año anterior $23.5 billones (¡!)
En segundo lugar, como tuvimos ocasión de señalarlo cuando se tramitaba el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2021, en un acto de soberana imprevisión y asumiendo que el 31 de diciembre del año anterior terminaba la pandemia recortaron los recursos apropiados al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en un 87.6%, pasando de $25 billones en 2020 a sólo $3.1 billones para el 2021. Y en tercer lugar, ¿cómo explicar que, en medio de estas aulagas y cuando ya estaba anunciada la reforma tributaria, se expidió el Decreto 278 del 15 de marzo de este mismo año, ampliándole los beneficios de los cuales gozan las llamadas zonas francas especiales o uniempresariales, al tiempo que le simplifican y flexibilizan las condiciones para su creación, cuando éste era uno de los beneficios tributarios que la Comisión de expertos recomendó desmontar?
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Y recomendaron desmontarlas porque “Colombia le ha dado estatus de zona franca a negocios que no pertenecen a dicho régimen, pues producen y venden para el mercado nacional principalmente…Las provenientes de estas zonas francas sólo representan el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. En concepto del experto en el tema Diego Prieto Uribe, “tienen un costo fiscal importante, el cual no parece verse compensado por mayor inversión y generación futura de ingresos”. Y no es para menos dado su enorme costo fiscal, el cual ascendió en 2019, entre impuesto de renta y pago de IVA, a $2.4 billones. ¡No hay coherencia!
Como en la fábula La ardilla de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de marras en el Congreso de la República y sólo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases eran la ampliación de la base del impuesto de renta y la del IVA. Carrasquilla ya había intentado en el 2019 ampliar la base del IVA y, entonces, como ahora, su ambición era la de obtener un mayor recaudo de $25 billones que después se redujo a $14 billones y, al final de su frustrado intento, se tuvo que conformar con una reforma con un mayor recaudo más modesto, de sólo $7.3 billones. Ahora la aspiración es mayor, de recaudar $28 billones, de los cuales al descontar los $4.6 billones que corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) le daría un neto a la Nación de $23.4 billones. Yo participo de la duda manifestada por ex ministro Juan Lozano cuando se pregunta si “verdaderamente se necesitan todos recursos”.
Esta tercera reforma tributaria estaba cantada
La verdad sea dicha esta tercera reforma tributaria estaba cantada desde el día siguiente de la aprobación de la que se disfrazó como Ley de crecimiento, dada la profusión de nuevos beneficios tributarios que se vinieron a sumar a los anteriores, los cuales erosionan la base impositiva. Grosso modo enunciemos algunas de ellas: la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativo, el descuento del IVA a la importación de equipos y maquinarias, el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) del pago de impuesto de renta, la deducción del gravamen a los movimientos financieros (GMF, más conocido como el 4 por mil). Se estimó por parte de Fedesarrollo y ANIF que el costo fiscal de estos nuevos beneficios tributarios frisan los $11 billones. De modo que el objetivo fundamental de esta reforma es tapar el hueco fiscal que abrió el propio Gobierno Nacional, pero se utiliza como espejismo que la misma es para mantener los programas de protección social porque, supuestamente, es para lo único que no hay plata.
Impacto de la ley de “crecimiento”
La reacción en contra del proyecto no se hizo esperar. El rechazo fue general, al punto que el Presidente Duque no contaba con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación ni siquiera con su propio partido. Y no era para menos.
Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero lo inadmisible de ese proyecto de reforma era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo que la mayor carga impositiva iba a recaer sobre la clase media vulnerable y vulnerada por la pandemia, acentuando la regresividad del Estatuto tributario y por esa vía agudizando la desigualdad, en la que Colombia ocupa un deshonroso lugar en la región y en el mundo. No había un solo gremio que la respaldara y el rechazo en los medios, en las calles y en las multitudinarias protestas, es generalizado y se tomó el país.
En medio de la crispación causada y el reclamo generalizado para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y se diera la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Duque y su Ministro de Hacienda insistieron con terquedad aragonesa en su trámite.
Lo último que se le ocurrió al Presidente Duque, en lugar de retirarlo, que era el clamor ciudadano, fue plantear como salida alternativa la presentación de una que el llamó “ponencia sustitutiva”. Era absurdo, dado que no existía ponencia, sólo ponentes y, como es obvio, no se podía sustituir lo que no existía, y, en segundo lugar, en la Ley 5ª de 1992, la cual reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República, qué pena pero no existe esa figura y, en el caso hipotético que existiera dicha facultad, estaría en manos del Congreso y los congresistas y no en manos del ejecutivo y nadie podía disponer de lo que no tenía. A lo sumo hubiera podido procederse por parte de los ponentes a presentar un pliego de modificaciones a la consideración de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y pare de contar.
La propuesta de la ANDI y FENALCO
En medio de semejante embrollo y asediado por el rechazo ciudadano, no le quedó otro camino al Presidente Duque que retirar el proyecto y ahora sí presentar otro “sustitutivo”, que ojalá no se parezca al anterior y que sea fruto de una gran concertación nacional y no el producto de conciliábulos, porque de ser así saldríamos de las llamas para caer en las brasas.
En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia, la ANDI le presentó al Gobierno y al Congreso una propuesta, esa sí sustitutiva de la del Gobierno, la cual coincido con el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo en calificarla como sensata. Su propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se le dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta del 33% al 30%, con los cuales, sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, se podría lograr un recaudo de $12.4 billones.
Esta propuesta es tanto más pertinente por cuanto, aunque el Gobierno ha alegado que el déficit fiscal que busca saldar con el proyecto de reforma tributario es para poder financiar la continuidad de sus programas de apoyo a las empresas con el fin de proteger el empleo y las transferencias monetarias y no monetarias, especialmente el programa de Ingreso solidario. La gran verdad es que, en gran medida, ese déficit viene desde la reforma tributaria anterior que, al conceder beneficios tributarios por $11 billones, abrió un hueco fiscal que ahora se intenta tapar. Por ello he venido sosteniendo que la mejor reforma tributaria es el desmonte de aquellos beneficios que no estén plenamente justificados.
Es entendible la posición asumida, con una gran dosis de realismo y sindéresis, por parte del empresariado, habida cuenta de que una mayor carga impositIVA conlleva sacarle dinero de los bolsillos a los contribuyentes afectando su capacidad adquisitiva, su capacidad de compra, concomitantemente con el debilitamiento del consumo, lo cual terminaría por contraer la demanda para su producción. Y si se deprime la demanda se alejarán aún más las posibilidades de la recuperación y reactivación de la economía, lo cual iría inexorablemente en su propio perjuicio.
Por ello, coincido con el ex ministro Juan Lozano en preguntarle a los artífices de este esperpento de reforma tributaria, si ellos “han calculado su impacto sobre la reactivación económica”. Lo advierte diáfanamente el profesor de la Escuela de economía de la Universidad Nacional de Colombia Diego Guevara: “no hay que olvidar que tratar de recuperar la economía con impuestos que golpean la demanda agregada es un contrasentido teórico, pero que resulta conveniente para el statu quo”, que es justamente el que hay que cambiar, pues como dijo Albert Einstein no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.
Esta propuesta es una especie de “ventilador” para el fisco nacional, que se encuentra hace rato en la unidad de cuidados intensivos (UCI), requiriéndolo porque no puede respirar por sí mismo. Pero, el Ministro Carrasquilla la desestimó al considerar que “no permitiría financiar estos programas sociales” refiriéndose a la extensión hasta junio de este año del subsidio a la nómina de las empresas (PAEF) y “hacer permanente el Ingreso Solidario”. A la propuesta de la ANDI se vino a sumar la de FENALCO y ACOPI, manifestando que están dispuestos a renunciar a dos de los tres días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno Nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón. De modo que, sumadas, las propuestas de la ANDI y ACOPI le representarían al Gobierno Nacional $13.4 billones de mayores ingresos. Más que suficientes para cubrir y garantizar los programas de protección social, así como el servicio de la deuda. Pero, el Ministro Carrasquilla iba por todo o nada y al final ¡se quedó con la soga y sin el ternero!
De aceptarse esta propuesta, no habría necesidad de tocar las bases del impuesto de renta y del IVA, que tanto repudio ha suscitado. Estas dos propuestas están sobre la mesa y deberían servir de base para el nuevo texto que se habrá de discutir y consensuar. El Presidente Duque tardó en reaccionar, pero más vale tarde que nunca. Ha quedado la sensación de que desde la Casa de Nariño no han sabido sintonizarse con el país nacional, que allá están, como dijo el Nobel de Literatura Octavio Paz, a las afueras de la realidad. Y eso es muy común que le ocurra a los gobernantes; por ello, traigo a colación las reflexiones del curtido periodista Hedley Donovan, quien fuera consejero de prensa de la Casa Blanca en varias administraciones y, además, reportero jefe del Wahington Post.
Al analizar las causas y las consecuencias del aislamiento o “encabinamiento” a los que someten a los presidentes su círculo más cercano, afirma que “uno de los mas graves peligros ocupacionales de la Presidencia moderna es el aislamiento…Los presidentes por lo general no quieren reconocer cuánto pueden aislarse, o si se dan cuenta de que allí hay un problema, no lo tratan con seriedad”. Y agrega que “los mismos funcionarios a quienes el Presidente nombra, como los ministros y altos funcionarios cercanos, tienen la tendencia a protegerlo de lo desagradable y a decirle lo que ellos creen que quiere oír…y los mismos funcionarios tienden también a aislarse…”. Y así “se va desarrollando un gobierno ´interno´, un gobierno miniatura, pequeño…que se conoce como ´la Casa Blanca´…”. O, entre nosotros, ´El Palacio´. Y remata diciendo, “esta plana mayor de la Casa Blanca también tiene sus propios electorados…y sus subalternos que los aíslan…”.
El llamado al Gobierno, en cabeza del Presidente Duque, es a escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Este llamado es tanto más pertinente por cuanto, como lo afirma Laura Wills Otero, profesora asociada de Ciencia política de la Universidad de los Andes, “preocupa mucho la desconexión que hay entre los gobernantes y el electorado”.
¿Quo vadis?
Cabe preguntarse qué sigue ahora que el Presidente Duque resolvió retirar el proyecto de reforma tributaria. A pocas horas de anunciarlo, sostuvo que “hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana”. En su alocución planteó la necesidad de “tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.
Estos son mensajes con destinatario conocido, se trata de enviar una señal tranquilizadora a las firmas calificadoras de riesgo que tienen puesta la lupa en el creciente déficit fiscal y el nivel de la deuda, determinantes de la calificación de la deuda soberana del Estado colombiano, la cual está a un solo escalón de perder el grado inversionista. Y razón tiene para preocuparse, habida consideración que como lo advirtió el Director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, “las agencias de calificación de riesgo ya les han sacado tarjeta amarilla a las finanzas públicas. Han dicho que si no se aumenta el recaudo tributario el país está en riesgo muy alto de perder el grado de inversión”. Más aún, cuando como lo señala el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, según un reciente reporte de la reconocida plataforma financiera Bloomberg, a la que le copian los principales inversores, “los bonos colombianos se están transando a precios comparables a los de los países que no tienen grado de inversión”.
El fantasma de la pérdida de la calificación inversionista, como ya lo vimos, nos viene rondando desde hace rato, desde antes de la pandemia. Ello llevó a decir al Presidente de ANIF Mauricio Santamaría, en defensa de la abominada y abominable reforma tributaria aupada por el Gobierno Nacional, que “si no se hace, entonces, entraríamos en una crisis fiscal, por la que nos quitaron el grado de inversión y eso sería una tragedia porque el endeudamiento es más caro y los inversionistas extranjeros saldrían de acá”. Por eso la respaldaron con pies y manos. Y ahora que el Presidente puso el oído en la tierra para escuchar la voz del pueblo y decidió, muy a su pesar (¡tarde piache!), retirar el proyecto de reforma del Congreso de la República y anunció uno nuevo a partir de un “consenso solidario”, se muestran escépticos respecto a su alcance. Según Santamaría, “van a hacer una reformita con la que se tapen algunos huecos, pero las medidas que ya anunciaron son bastante malas y son una profundización de lo malo que tiene el Estatuto tributario”.
Se refiere él a las puntadas que dio el Presidente en su alocución sobre lo que serían, según él unos “principios de consenso”, a saber: una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos, transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. Por lo visto, el Presidente Duque desecha las llamativas e interesantes propuestas formuladas por la ANDI y FENALCO – ACOPI, que plantean la renuncia a varios de los beneficios tributarios que recibieron en la anterior reforma tributaria, y prefiere mantenérselos. Como quien dice, afana más el velón que el dueño de la olla (¡!). Y eso que el principio de su propuesta “es que los de mayor ingreso contribuyan solidariamente con los más vulnerables”.
En el catálogo de propuestas del Presidente Duque para su proyecto de reforma tributaria 2.0 se contempla también “profundizar” el programa de austeridad del Estado. Ojalá no se trate de “profundizar” el decreto 371 expedido el pasado 8 de abril, que no pasó de ser un refrito de la Ley 2063 de 2020 (Presupuesto general de la Nación, 2021), que no es más que un saludo a la bandera. Según el propio Gobierno, el estimativo del ahorro que podría obtenerse con dicha medida no supera los $500.000 millones.
A este respecto se ha vuelto un lugar común plantear, como parte de la solución del déficit fiscal estructural y crónico que torna insostenible las finanzas del Gobierno central, el achicamiento, la reducción del tamaño del Estado, pues se parte de la falsa premisa de que tenemos una especie de gran Leviatán macrocefálico. Pero, si se consulta el Informe final de la Comisión del gasto y la inversión pública, para nuestra sorpresa, nos topamos con que el tamaño del Estado colombiano si lo medimos por el nivel del gasto, representa en Colombia el 19%, que contrasta con el promedio en Latinoamérica, que es del 24%. En Colombia, en donde como lo afirmó el inmolado Luis Carlos Galán hay “más territorio que Nación y más Nación que Estado”, entonces, lo que tenemos es déficit de Estado. Además, concluyeron que el gasto público en Colombia tiene un crecimiento inercial año a año del 4%. La otra conclusión a la que arribó dicha Comisión fue que el gasto del Gobierno Nacional tiene una inflexibilidad del 85%.
Como prueba al canto de este último aserto citemos al propio Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, cuando al dar cuenta de la destinación de los $152.9 billones que se tiene previsto recaudar en 2021, ya están comprometidos de antemano $123.5 billones entre intereses de la deuda ($33.3 billones), las mesadas pensionales ($42.5 billones) y el Sistema General de Participaciones (SGP) $47.7 billones. A este propósito acota el economista principal de Scotiabank Colpatria Sergio Olarte, que “más o menos el 85% del Presupuesto General de la Nación es un presupuesto por ley. Eso quiere decir que se debe indexar al salario mínimo o a la inflación. Hay una flexibilidad en los ingresos, mientras que los gastos son supremamente inflexibles. Cada año lo que se mueve es inversión porque es el único que se puede tocar”. Por ello siempre que se recorta el presupuesto se reduce es el rubro de inversión, porque es casi lo único flexible. A dicha inflexibilidad en las partidas presupuestales, según documento del Banco de la República, se vienen a sumar las vigencias futuras, que son la otra camisa de fuerza del gasto público.
De manera que es muy limitado el margen de maniobra que tiene el Estado para reducir el gasto, sobre todo el gasto recurrente. Además, con los mayores compromisos que ha venido adquiriendo el Gobierno Nacional para ampliar y fortalecer los programas de protección social, entre ellos Ingreso Solidario, cuya permanencia se plantea, derivados de la crisis pandémica, demandarán mayores erogaciones por parte del fisco nacional. Luego, sólo piensan con el deseo quienes plantean la necesidad de reducir el tamaño del Estado, cuando lo que el país, sobre todo en la Colombia profunda, requiere es más Estado y no menos Estado. Lo que sí procede es focalizar mejor el gasto y que este sea más eficiente y transparente en su ejecución.
Finalmente, me permito decir que comparto los términos del Editorial del periodista y director de Noticias Caracol Radio, Gustavo Gómez, cuando asevera que el retiro del funesto proyecto de reforma tributaria no es el fin de esta tragicomedia, más bien debe ser “el comienzo de la redacción de una nueva y mesurada reforma, concertada con partidos, movimientos, gremios, gente de carne y hueso, que ojalá pueda terminarse y aprobarse, porque necesitamos una reforma equilibrada. Pero, fue sobre todo el comienzo de una real sintonía con los colombianos”. Más claro, ¡sólo el agua!
*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta
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