Mata la indiferencia. Y esa es la pandemia que propaga el Estado colombiano cuando no garantiza la vida de los líderes y lideresas sociales. Con la memoria viva, las balas no matarán.

#LaHuelladelosLíderes

La violencia en Colombia nos quiere dejar una pésima lección: que la vida no vale nada y que las voces que silencian las balas se olvidan. Al menos eso es lo que pretenden los violentos que atentan contra los que se levantan inconformes por la indiferencia con que los trata este país.

En Colombia, cargamos con la penosa cruz de ser uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, el ambiente y el territorio, según Michel Forst, relator de las Naciones Unidas. Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, ya venían matando a líderes, lideresas y miembros de comunidades afros e indígenas que defendían su territorio, su colectivo y el derecho a la vida digna.

Quienes creemos firmemente en la paz y estamos cansados de que pospongan su llegada, nos unimos en este espacio de opinión para ponerle rostro y compartir las historias de los líderes y lideresas que han sido asesinados por manos cobardes que temen la equidad. No permitiremos que, por las balas que los silenciaron, sus batallas queden en el olvido.

Los asesinatos a líderes y lideresas ocurren en todo el país. Basta con echarle una mirada al mapa interactivo de la plataforma lapazenelterreno.com que evidencia los nombres, lugares, historias y tipos de agresiones que recibieron quienes murieron defendiendo sus colectivos. Esta columna se la dedico a tres:

Veinte días despues de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón en Bogotá, asesinaron a Rafael Lubo Aguilar, líder y defensor de la educación en las comunidades wayúu de Riohacha y Manaure, como lo documenta lapazenelterreno.com. A Lubo Aguilar, de 48 años, lo mataron de un tiro en la cabeza en una gasolinera a las afueras de Riohacha, el 11 de diciembre de 2016.

Lubo pertenecía a la Asociación Wayúu Araurayu, desde donde contribuyó al desarrollo del Sistema de Educación Indígena Propio, que busca preservar el conocimiento y tradiciones de las comunidades indígenas del país, y donde los miembros de las etnias dirigen las clases. La muerte de Lubo Aguilar convocó a las comunidades wayúu a movilizarse pacíficamente en la troncal del Caribe en rechazo de su cobarde asesinato.

Cuando Jonathan Cundumi Anchino y Orlando Grueso terminaban de socializar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) en el Consejo Comunitario del Rio Napi, en la costa pacífica caucana, fueron asesinados con diez impactos de fusil, el 9 de febrero de 2018. Como la vereda La Soledad, de Guapi, donde se llevaba a cabo este consejo comunitario queda a más de seis horas del área urbana y no tiene señal de comunicación, los asesinatos sólo se pudieron reportar al día siguiente.

Estos dos líderes afros impulsaban en las comunidades cultivadoras de coca, marihuana y amapola la sustitución gradual y voluntaria de sus cultivos. Además, promovían las candidaturas de Ancizar Barrios a la Cámara de Representantes por el Cauca, Aída Avella al Senado de la República y las postulaciones de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Por último, Erick Yammid Torres Buitrago, de 22 años, era locutor de la emisora Arauquita Estéreo, desde donde defendía los derechos de los jóvenes. Lo mataron en un establecimiento público de la ciudad araucana, a las 9:15 de la noche del jueves 28 de marzo de 2019. Sus asesinos le propinaron varios disparos y dejaron una nota “justificando” su muerte. Los verdugos dejaron a unos padres de avanzada edad sin su único hijo y de quien dependían económicamente.

Las balas no matan; mata la indiferencia. Y esa es la pandemia que propaga el Estado colombiano cuando no garantiza la vida de quienes defienden su territorio ni propende el cese de la violencia y de la guerra absurda. Con la memoria viva, las balas no matarán.

* Laura Clavijo, periodista, @LaClavijo_

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