About The Author
La formación política debe permitir que las mujeres militen desde muy jóvenes, con conocimientos en lo que concierne a la estructura política del Estado, para que nuestras luchas no sigan siendo instrumentalizadas.
Mucho ya se ha escrito sobre los “delfines” en la política colombiana y sobre cómo el poder es adquirido en una suerte de monarquía hereditaria que ha mantenido en el gobierno a los mismos apellidos durante generaciones.
Sin embargo, ante las nuevas posibilidades de paridad de género en los escenarios de representación política, “monarcas” de la democracia colombiana pretenderían instrumentalizar también a sus “consortes” que, cual “reinas regentes”, entrarían a ocupar sus curules en 2022, toda vez que ellos se encuentran inhabilitados para ejercer su “autoridad”, al estar siendo judicializados por corrupción. Tal sería el caso del exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza, quien presuntamente, estaría alistando a su esposa para la próxima contienda electoral.
Toda una realidad sui generis, pero como mencioné, ya ha pasado con los “delfines en cautiverio”: los hijos de quienes se retiraron de sus puestos por condenas e investigaciones por parapolítica. Al respecto de esto, el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra ha sido visto en reuniones en varios departamentos del Caribe, en lo que sería la consolidación de su nuevo proyecto político: los votos a la Cámara de Representantes para su hija, quien participaría por circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes.
(Lea también: Guáimaro: un difícil renacer)
Con esto, no pretendo hacer un análisis del panorama electoral y político del 2022 desde el debate tradicional de “los herederos de la política en Colombia”, sino de la necesidad de derribar los techos de cristal que impiden el acceso de las mujeres al poder y cuyas luchas vienen siendo instrumentalizadas por la élite corrupta que ha impedido su participación adecuada y el desarrollo correcto del trabajo legislativo en el país. En 2018, Natalia Moreno planteó como ha sido común que, en la historia reciente, la participación política de la mujer en Colombia no esté ligada necesariamente a su militancia en un partido, sino a relaciones de parentesco o a su trayectoria en el sector privado o público, así como que el liderazgo femenino sea superior solo en los escenarios comunitarios y que, cuando las mujeres logran acceder a un cargo por designación o elección popular, no tienen la capacidad económica, ni logran mantenerse en él, como ocurre con sus pares masculinos.
Antes de la aprobación de la paridad de género en Colombia, la lucha por alcanzar mayor participación política por parte de las mujeres ya había sido encarnada por figuras femeninas como Policarpa Salavarrieta, María Cano, Esmeralda Arboleda, entre otras. Sin embargo, a pesar de que se ha robustecido el marco político y normativo con acciones afirmativas que han buscado establecer relaciones más equitativas en esta materia, en pleno siglo XXI en Colombia, en 2019, sólo 132 mujeres fueron electas alcaldesas (lo que corresponde al 12% de las 1.099 alcaldías en el país) y el 19,7% hacen parte del Congreso de la República. Esto demuestra que la brecha política y social entre géneros continúa. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, a nivel mundial solo el 24% de todos los parlamentarios fueron mujeres en 2018. Cifras que nos ponen a reflexionar en los avances obtenidos hasta ahora, pero también en que la paridad de género en términos de representación política efectiva aún está muy lejos.
Esto sucede porque todavía hoy las mujeres en el mundo y especialmente en América Latina seguimos en una lucha constante por garantizar nuestros derechos más básicos. El índice de feminización de la pobreza en Colombia pasó de 102.5 en 2008, a 118 en 2018 y, en el caso específico del departamento del Magdalena, hay una tasa de desempleo del 15,5 con una brecha de género de al menos 10.4 puntos porcentuales. Seguimos experimentando violencia sexual y física; entre 2019 y 2020, 248 personas fueron víctimas de trata en Colombia, de las cuales el 80% fueron mujeres, trasladadas con fines de explotación sexual, matrimonio servil y mendicidad ajena. En los últimos cuatro años, solo entre los meses de enero y febrero, fueron denunciados 437 delitos sexuales contra mujeres, en su mayoría niñas (195) y adolescentes (119). Un 36% de las mujeres en Colombia contrae matrimonio entre los 20 y los 24 años o empieza a vivir en unión libre antes de cumplir la mayoría de edad. Al menos, 128.665 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años son madres. En 2019, nacieron en el Magdalena, 246 niños y niñas de madres con edades entre 10 y 14 años.
(Texto relacionado: Guáimaro: de noche los muertos lloran en el río)
Por eso, aunque tengamos en materia normativa posibilidades de acceso, los quiebres se encuentran en la implementación de la política pública en los territorios, en los que muchas veces alcaldías, administraciones departamentales y otras instituciones con competencias al respecto no cuentan con los equipos interdisciplinarios y capacidades operativas. Existe duplicidad de esfuerzos y dificultades para garantizar la protección de los derechos en las zonas rurales. Si a todos estos obstáculos, le sumamos que diariamente las mujeres en promedio destinamos siete horas 14 minutos al trabajo doméstico (más o menos tres horas más que los hombres) y aportamos el 77% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en Colombia, podemos dimensionar que, aunque estamos ante una oportunidad histórica con mayor participación en la conformación de las listas para el Congreso, no significa que las mujeres podamos ser realmente elegidas. Aunque la norma diseñe y establezca muy bien un porcentaje de participación, el aparataje estatal, político y social aún no garantiza la ruptura de estas barreras invisibles.
Teniendo siempre presente que la paridad de género es un hito importante para la democracia en Colombia, ésta debe permitir que, al conseguir ser elegidas, podamos por fin dar los debates de fondo en los temas que movilizan y organizan nuestras luchas, que se dé cumplimiento a los presupuestos en los territorios y la aplicabilidad de la ley desde las instancias e instituciones con competencia en la implementación de la política pública, que partidos y movimientos políticos garanticen mayor formación política de la mujer, facilidades de financiamiento y distribución de la economía del cuidado, para poder responder adecuadamente a toda la dinámica propia del marco electoral y que los movimientos sociales y colectivos sigan impulsando, desde la agenda de la ciudadanía, estrategias para el cambio social.
Será en esos escenarios de decisión política en los que podamos trabajar para poner fin a las formas de violencia y discriminación de las mujeres, valorar e incorporar la economía del cuidado al Producto Interno Bruto -PIB- nacional, promoviendo responsabilidades compartidas y garantizando oportunidades reales de participación y liderazgo. La formación política debe permitir que las mujeres militen desde muy jóvenes, con conocimientos en lo que concierne a la estructura política del Estado, la administración y gestión pública y sobre todo en el fortalecimiento del liderazgo y el empoderamiento para que nuestras luchas no sigan siendo instrumentalizadas y para que nuestras capacidades contribuyan de manera efectiva al camino hacia un país más justo e igualitario que le devuelva la esperanza a los jóvenes y a quienes se encuentran en permanente situación de desprotección social y económica.
(Le puede interesar: Nueve muertos y una luna de sangre)
*Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos, investigadora, activista de género. @NormaVeraSa
Autor
