Las reformas a la Procuraduría

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Yesid Reyes Alvarado, exministro de justicia, explica las reformas que necesita la Procuaraduría.

Fernando Carrillo no solo ha hecho una buena gestión como Procurador General de la Nación sino, además, deja planteada una reforma cuyo enfoque general considero acertado. No discuto que, a nivel constitucional, hace falta introducir algunas modificaciones para mejorar el funcionamiento de la justicia que, por cierto, no son ni la de aumentar el número de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, ni la de darle más poder económico para consolidar su actual estructura y mucho menos la de reducir los términos de la Comisión de Acusaciones. Ni el primero ha sido capaz de gobernar adecuadamente el aparato judicial, ni la segunda ha logrado transmitir confianza a la opinión pública. Pero más que eso, al ciudadano del común le preocupa saber que denunciar el hurto del celular le representa más inconvenientes a él que al ladrón, que los procesos judiciales son engorrosos y extremadamente prolongados y que los jueces atiborrados de trabajo no le pueden dedicar tanto tiempo a los robos de baja cuantía o a los casos de lesiones leves, para no descuidar los de mayor complejidad.

Por eso, comparto la idea del procurador Carrillo de intervenir directamente en los niveles de gestión que están más cerca del usuario de la administración de justicia; si se lograra que los procesos fueran menos esotéricos y más ágiles, si se consiguiera que el ciudadano sintiera que tiene una manera fácil de acudir a ella para que con trámites simples y rápidos le resuelva sus problemas por pequeños que a otros le puedan parecer, se habrá dado un gran paso en la dirección correcta; y eso incluye, desde luego, diseñar y poner en funcionamiento formas de llevar la administración de justicia a los municipios y veredas más apartadas de los grandes centros urbanos, donde la lejanía de las autoridades es más perceptibles y angustiosa.

Al reconocer estos avances, creo que quien reemplace a Fernando Carrillo debería emprender otras reformas, esta vez dentro de la misma Procuraduría. Sancionar por las mismas conductas a quienes los jueces penales condenan por haberlas desplegado, no solo supone violar la prohibición constitucional de investigar dos veces a una persona por los mismos hechos, sino que además implica una pérdida de tiempo y un desperdicio de recursos humanos y de esfuerzos. Eso solo ha servido para que cada vez que hay un escándalo mediático por corrupción, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía intenten sobresalir por ser los primeros en producir resultados.

En un sistema penal de corte adversarial como el que tenemos en Colombia, la Procuraduría cumple un papel redundante; los Jueces de Garantías y los de conocimiento, la Defensoría del Pueblo o el defensor de confianza y hasta la propia Fiscalía tienen entre sus deberes el respeto y la protección de los derechos fundamentales del investigado o acusado, por lo que retirar a la Procuraduría de las actuaciones penales no afectaría en nada el correcto funcionamiento de éstos.

Quitarle la labor de investigar conductas delictivas y retirarla de los procesos penales no implica necesariamente acabar con la Procuraduría, sino tan solo ajustar sus funciones. Si se concentra en investigar y sancionar solo aquellas faltas disciplinarias que no sean castigables como delitos y “recupera” el personal que hoy actúa ante los jueces penales, dispondría de más funcionarios y más tiempo para realizar un control disciplinario riguroso y, sobre todo, rápido. Pero, especialmente, debería aprovechar esos dos cambios para enfocar sus mayores esfuerzos en labores de prevención; si pudiera disponer de las horas de trabajo que actualmente invierte en perseguir a quienes la Fiscalía ya investiga, y si contara con el personal que hoy interviene en los juicios criminales, la Procuraduría estaría en capacidad de desarrollar mecanismos de prevención que permitan controlar la corrupción desde sus orígenes, en lugar de esperar a que ella ocurra para castigar a sus autores.

*Yesid Reyes Alvarado, ex-ministro de justicia.

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