Sí existe un instrumento de focalización que no se ha usado todavía en esta crisis, recuerda el autor de la Ley de Víctimas.

El Gobierno hace lo justo cuando toma la decisión de privilegiar las necesidades de la población vulnerable en Colombia en la terrible pandemia mundial que padecemos. Los anuncios de aumento de los subsidios a la gente que ya los tiene, a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, van en la dirección correcta. Si se logra que, entre esta semana y la otra, lleguen a sus beneficiarios, contribuirán a aliviar un poco la difícil situación social que viven como consecuencia de esta grave crisis. Hablamos de alrededor de 2.400.000 beneficiarios de Familias en Acción, poco más de 200.000 jóvenes y casi 1.700.000 adultos mayores que, en las próximas semanas, contarán con un ingreso mínimo que los ayudará a cubrir sus gastos de manutención.

Sin embargo, quedan muchos otros sectores de la población pobre del país a los cuales hoy el Estado no tiene cómo llegar de una manera eficaz, transparente y oportuna. Se trata de millones de compatriotas independientes e informales que no están protegidos por estos programas y se ganan la vida en labores de distinta naturaleza y también como vendedores ambulantes en las calles de las principales ciudades del país. Hasta el momento no existe claridad en la mejor forma de individualizar esta población para ayudarla porque, supuestamente, no hay información básica confiable. Pero SI la hay, al menos parcialmente y sería muy conveniente utilizarla en esta coyuntura.

Con la Ley 1448 del 2011, más conocida como la Ley de Víctimas, Colombia abrió el Registro Único de Víctimas que, con los años, se ha organizado técnicamente y contiene información muy valiosa de millones de familias víctimas del conflicto, que han sido reconocidas por el Estado y acceden a distintas medidas de reparación. Hoy el número de inscritos llega a los 9 millones de personas que, en cifras de Planeación Nacional, corresponden a 2.700.000 familias que han padecido la guerra. De éstas, más del 95% pertenecen a los sectores más pobres de nuestra población. Casi un millón de ellos ha recibido su indemnización administrativa prevista en la legislación y millones más en alguna ocasión han recibido ayuda humanitaria, rehabilitación sicológica o les fueron restituidas las tierras de las cuales fueron despojados por los violentos.

Pero muchos de ellos hasta el momento no han podido acceder a una medida de reparación integral por razones presupuestales. Y, si en esta crisis hay una población que merece la mayor atención y solidaridad del Estado, ésa es la población víctima del conflicto. Por ello, sería conveniente que el Gobierno utilizara el Registro Único de Víctimas, que puede ser un instrumento útil a la hora de focalizar los esfuerzos presupuestales en esta emergencia sanitaria, económica y social. No es difícil tomar el Registro y hacer el cruce con Familias En Acción que, además, pertenece al mismo sector de Prosperidad Social, y con Colombia Mayor. De los 2.700.000 hogares inscritos, solo un poco más de 800.000, el 37% aproximadamente, tiene acceso integral a Familias en Acción. Al resto, que no se encuentra cobijado por el programa, el Gobierno debería garantizarles, al menos temporalmente, las mismas ayudas que tienen quienes hacen parte del programa.

Ésta sería una medida justa y ética desde el punto de vista político y social. Además, se utilizaría para definir las ayudas un instrumento objetivo que ya existe y no tendría el Gobierno que salir de manera apresurada e improvisada a buscar a la gente que requiere la ayuda del Estado para subsistir. Es cierto que ya se anunciaron medidas para las víctimas, entre otras, el anticipo de las indemnizaciones previstas para este año y de las ayudas humanitarias de los próximos meses. Eso está bien, pero lo que hicieron fue básicamente agilizar la ejecución del presupuesto contemplado para este año en la Unidad de Víctimas. Las víctimas merecen mucho más y es necesario que se dediquen recursos extraordinarios y adicionales de la emergencia económica a aliviar en algo su difícil situación.

No se trata por supuesto de ninguna medida de reparación, cuya exigibilidad seguiría vigente como derecho de las víctimas sino, simplemente, de una ayuda humanitaria excepcional y transitoria, mientras muchas, que a su vez trabajan en la calle y la informalidad, logran estabilizar nuevamente sus precarios ingresos. Ésta sería una decisión objetiva desde el punto de vista técnico y profundamente justa desde lo social, con miles de compatriotas que, además, de sufrir las barbaridades de la guerra, ahora sufren de manera cruel las consecuencias de esta pandemia que producirá efectos sociales lamentables en el país. Si, definitivamente nuestras víctimas merecen mucho más.

* Juan Fernando Cristo, @cristobustos, ex Ministro del Interior y ex senador.

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