La sesgada respuesta del Gobierno al Informe de la CIDH

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Sacado de Últimas Noticias

Juan Manuel Santos y Gustavo Petro son, para este gobierno, los máximos exponentes del “castrochavismo” en Colombia, ese saco gigante en el que meten a todo aquel que se encuentre en desacuerdo con la administración actual.

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Nada se puede esperar que haga el gobierno Duque para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), contenidas en su reciente “Documento de Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia, realizada del 8 al 10 de junio del 2021”.

Tanto las declaraciones del Presidente como el comunicado de prensa de la Cancillería, curiosamente fechado en Nueva York, cuestionan a fondo el trabajo de la CIDH, al tergiversar sus observaciones y recomendaciones, tendiendo así un manto de duda sobre su independencia e imparcialidad, pretendiendo con ello, quizá, quitarle legitimidad al informe sobre las protestas sociales y las graves violaciones a derechos humanos cometidas en ese contexto.

Con esa actitud, el Gobierno ha cometido un error garrafal que le resta respetabilidad y capacidad de incidencia diplomática al país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y le deja muy mal parado ante la comunidad internacional que observa incontables evidencias de la arbitrariedad, exceso del uso de la fuerza y la incapacidad para el diálogo de las autoridades nacionales. 

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Las reacciones del Gobierno a las Observaciones y las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parecen partir de una premisa paranoide según la cual este organismo de la OEA es “castrochavista” lo cual, ante sus ojos, les convierte en enemigos.  Al respecto, varios exponentes del partido de Gobierno y afines han expresado que el informe de la CIDH es sesgado.

Sesgada ha sido, más bien, la respuesta del Gobierno que no ha podido disimular la molestia que le ha causado una visión independiente y, naturalmente, cuestionadora ante hechos tan graves que han herido el corazón y los ojos de la ciudadanía, no sólo en sentido metafórico. 

La respuesta del Presidente de la República, Iván Duque

La reacción del jefe de Estado quien, por mandato constitucional es el responsable de las relaciones internacionales de Colombia, fue bárbara, alejada de la diplomacia y, sobre todo, de la verdad.  Su frase lapidaria retumbó desde los medios de comunicación masivos: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.  La contundente (e irresponsable) frase de Duque implica que, para él y su gobierno, tanto la CIDH como las protestas, en general, son ilegítimas. 

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La CIDH, en ningún punto y de ninguna manera, afirmó en su informe tal exabrupto.  El informe en mención dedicó el capítulo IV a las afectaciones a derechos fundamentales de terceros y bienes públicos en el marco de las protestas, donde registra toda la información recibida del Estado, organizaciones de la sociedad civil, e incluso empresarios, sobre actos por fuera de la ley cometidos en el marco de las protestas, a la vez que rechaza y condena todas las conductas violatorias de los derechos humanos y delincuenciales que se produjeron durante las mismas. 

Respecto de los bloqueos, la Comisión no recomienda que se toleren, en cualquier caso, pero señala que no se deben criminalizar genéricamente, como lo pretende el Gobierno Duque, en contravía de los estándares internacionales y la jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia.  

Copio las recomendaciones al respecto:

Recomendaciones sobre los cortes de ruta

  1. Abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como
    modalidades de protestas.
  2. Responder a eventuales restricciones a esta modalidad de protesta con base en
    consideraciones particulares, siempre y cuando sus eventuales restricciones
    atiendan estrictamente al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean
    necesarias en una sociedad democrática.
  3. Crear un mecanismo permanente de diálogo en la estructura del Estado,
    conformado por negociadores entrenados en mediación de conflictos y que
    tengan la capacidad necesaria para avanzar con procesos de diálogos
    transparentes y voluntarios, incorporando a autoridades locales, como
    gobernadores y alcaldes, para atender las particularidades de los territorios”

El Comunicado de la Cancillería

El comunicado que expidió la Cancillería está permeado por un sesgo político inocultable, en detrimento de la seriedad y honestidad intelectual que se espera en documentos diplomáticos suscritos en nombre de un Estado. 

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Aunque son numerosas las imprecisiones, me detengo en las protuberantes que se encuentran en el penúltimo párrafo del comunicado que la Cancillería que cuestiona a la CIDH por mencionar asuntos que, supuestamente, no tienen que ver con las protestas sociales que fueron el motivo de la visita a Colombia:

El penúltimo párrafo del comunicado de la Cancillería cuestiona a la CIDH por referirse a asuntos que consideran ajenos a las protestas sociales que motivaron la visita de la Comisión. 

También se observa, con preocupación que, en dicho documento, se mencionen temas que no corresponden al objeto de la visita, y cuya discusión
tiene que ver con escenarios distintos, como el cumplimiento de la sentencia
de la Corte IDH en el caso “Gustavo Petro vs Colombia”, la implementación
del Acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC –tema
sobre el cual la CIDH no tiene facultades–, y el cuestionamiento a la
independencia de los poderes públicos y entes de control”.
(subrayado fuera del texto)

Juan Manuel Santos y Gustavo Petro son, para este gobierno, los máximos exponentes del “castrochavismo” en Colombia, ese saco gigante en el que meten a todo aquel que se encuentre en desacuerdo con la administración actual. A tal punto llega la animadversión que censuraron la referencia al Acuerdo de Paz, suscrito por Santos con las extintas Farc y a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia. Vale la pena, entonces, contrastar esa afirmación, con lo que dice el Informe: 

  • “Cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH en el caso “Gustavo Petro vs. Colombia”

La Comisión no aludió a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de abogar por Petro, pues su caso ya fue fallado y el Estado colombiano está obligado a cumplir la respectiva Sentencia. Se refiere el informe de la CIDH a la situación de varios funcionarios de elección popular (alcaldes, gobernadores y congresistas) que les manifestaron su temor a ser destituidos por la Procuradora, quien les ha abierto procesos relacionados con las protestas sociales, como es de público conocimiento. 

Es en ese contexto que la Comisión alude a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La de López Mendoza vs. Venezuela y Petro Urrego vs. Colombia y, “urge al Estado a que, en cumplimiento de lo decidido por la Corte Interamericana, ajuste su legislación interna para que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular”  (Ver párrafos 122-126 del informe de Observaciones y Recomendaciones de la CIDH).

  • “Implementación del Acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC –tema sobre el cual la CIDH no tiene facultades–“

Aunque es innegable que las protestas y el malestar social tienen mucho que ver con la no implementación cabal del Acuerdo suscrito por el Gobierno Santos con las extintas FARC, el documento de la CIDH no recomienda su implementación. 

Quizá le molestó al Gobierno el segundo párrafo del Informe porque alude a que las reivindicaciones sociales que están en juego están recogidas en la Constitución y en el Acuerdo con las extintas FARC suscrito por Juan Manuel Santos. 

“La CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016”. Ha sido política de gobierno no aludir en ningún documento al Acuerdo con las Farc de 2016. Pero, pretender que la CIDH lo ignore es insensato.

  • “El cuestionamiento a la independencia de los poderes públicos y entes de control”

Resulta obvio para cualquier observador desprevenido – aunque no para el Gobierno- que el malestar y la inconformidad ciudadanas en Colombia se debe a múltiples muchas causas y que, entre ellas, se cuenta la cooptación de los órganos de control por parte del partido de Gobierno lo que ha incidido en la falta de garantías para la ciudadanía ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. El siguiente párrafo (18) es el que incluyó la CIDH al respecto:

“En su Informe Anual 2020, la Comisión tomó nota de las expresiones de preocupación de la sociedad civil sobre la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, así como por la posible afectación del sistema de contrapesos debido a vínculos entre integrantes de esta rama del Estado y las personas elegidas para ocupar órganos de investigación y control” (párrafo 18).

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 Este artículo fue publicado en la Revista Sur, 12 de julio.

*Sonia Eljach, abogada, ex Consejera Presidencial de Derechos Humanos, ex asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, ex funcionaria de UNICEF.

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