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La primera estrategia del Gobierno fue de balas oficiales con uniformes oficiales y en motos oficiales; la segunda, de censura y paramilitarismo, afirma Juan Camilo Castillo R.
De forma histórica, el Estado colombiano da un tratamiento de guerra a todo tipo de movilización social; el uribismo, a su vez, ha llevado ese tratamiento a un nivel estratosférico. Desde el año 2002, cuando El innombrable por primera vez asumió la presidencia del país, ha sido una constante la represión y fuerte contra las manifestaciones populares de todo tipo. Como medida de legitimación del accionar represivo de las movilizaciones sociales y populares el uribismo utilizó -al igual que todos los gobiernos anteriores- el argumento de la infiltración y/o la convocatoria de las manifestaciones por las organizaciones insurgentes. De esta forma, el uribismo legitimó el tratamiento militar de las manifestaciones.
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No es nada nuevo que el Estado colombiano atente contra manifestantes. El Estado colombiano es un gran asiduo fan de las violaciones a los derechos humanos. Son innumerables las imágenes en las que se ven militares disparando contra manifestantes, por ejemplo, en las manifestaciones de los indígenas en el Cauca y los centenares de casos registrados de violencia policial ejecutados por el ESMAD de la Policía. Lo anterior bajo el argumento de acciones legítimas de las fuerzas armadas contra enemigos de la democracia o infiltrados del terrorismo. A estos se le sumó históricamente el acompañamiento del dominio de la información de los grandes medios de comunicación, que -al igual que en el presente- intentaron modelar la opinión pública para que ésta confirmara el carácter positivo y justo de esas represiones.
El contexto actual es diferente: por un lado, la insurgencia más fuerte del país ya no existe y, pese a los intentos del Gobierno de revivirla por lo menos mediáticamente, este mensaje no ha sido adoptado por la mayoría de la población como veraz. Por otro lado, los medios de comunicación tradicionales no dominan el mensaje que llega a la población, esto es, no dominan los sentimientos y la idea de legitimidad que prima en el grueso de la población: existe, pues una lucha por la información. De esta lucha la policía, las fuerzas militares de policía y el gobierno han salido mal parados. La población ha podido ver en vivo y en directo cómo son heridos y asesinados por quienes deben defenderlos y como el Gobierno nacional ha justificado de forma continua ese accionar de las fuerzas armadas. La primera estrategia del Gobierno fue, entonces, de balas oficiales con uniformes oficiales y en motos oficiales. Esta estrategia se encontró con que, más allá de amedrentar a los manifestantes, fue un golpe a la legitimidad del Estado tanto en el territorio colombiano como en el exterior. Así pues, fue necesario cambiar de estrategia.
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La segunda estrategia del gobierno nacional se dividió en dos actos, el primero, la censura vivida, particularmente, en la ciudad de Cali, donde de un momento para otro los manifestantes y los habitantes de algunas zonas tuvieron problemas para transmitir las acciones de la fuerza pública. Así se intentó, por un lado, ubicar en el imaginario común nacional e internacional la idea de que poco a poco se volvía a la calma. Mientras, por el otro lado, se ubicaba el argumento de la escasez y el secuestro de los ciudadanos de bien como mecanismo de deslegitimación del paro nacional. El segundo acto fue la utilización de un viejo instrumento del Estado colombiano: el paramilitarismo. Sólo es necesario mirar un poco al pasado para avizorar la utilización recurrente al paramilitarismo: Operación Orión, las masacres del Aro, Restrepo y El Salado, la Ley 48 de 1968, etc.
En esta ocasión, para contrarrestar la imagen de policías y militares abriendo fuego contra civiles, se optó apoyar -por acción u omisión- a carros polarizados y personas de civil, que llegaban a los centros de concentración y abrieron fuego contra manifestantes. Ellos nunca encontraron resistencia por parte de la policía; por el contrario, incluso existen videos que pueden comprobar que, en no pocos casos, esos atacantes desconocidos departían con miembros de la policía o, como el caso de Cali, eran miembros activos de la policía. El caso cumbre de esta estrategia del gobierno se vivió en Cali, donde habitantes de un lujoso barrio se sintieron en el derecho de utilizar armas de fuego contra miembros de la Minga indígena, una vez más con el apoyo de la policía y la justificación de los medios de comunicación y los gobiernos nacional y local. En resumen, el Estado colombiano renunció a velar por los derechos humanos y decidió atentar contra ellos.
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*Juan Camillo Castillo, M. A. Philosophie.Ph. D. Student Universität Leipzig, @Bi_Bite
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