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Cuando una democracia tiene problemas – y todas los tienen – es la participación democrática en comicios o consultas el mecanismo idóneo para resolverlos.
Venezuela tiene más de veinte años en ellos. Se protestó, desde octubre del 2000, por una propuesta de reforma del sistema educativo, se continuó por la expedición inconsulta y en algunos casos fuera del plazo previsto por parte del señor Chávez de 48 Decretos; a esto siguieron el paro de diciembre del 2001, despidos masivos, “vacío de poder” presidencial y retorno del señor Chávez en abril de ese año y el “paro petrolero” a partir de diciembre del 2002.
La situación venezolana, derivada de la actitud desplegada desde la presidencia de la república por quien ocupaba la misma y sus compañeros de ruta, quienes eran sordos a todo tipo de reclamo, exigencia o solicitud, puesto que eran “escuálidos” los que las reivindicaban generó el traslado a nuestro país del Secretario General de la Organización de Estados Americanos y la instalación de una Mesa de Negociación y Acuerdos, la que facilitó la realización en agosto del 2004 del referendo revocatorio presidencial.
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La reláfica anterior evidencia que, desde el inicio de las protestas hasta que los ciudadanos pudieron participar en un mecanismo de solución, transcurrieron casi tres años, entre otras razones porque desde el Consejo Nacional Electoral se hizo lo necesario para que el revocatorio se retardare lo más posible, dado que las encuestas de la época no favorecían al Presidente Chávez.
En el estado de la normativa venezolana vigente para ese momento, el período presidencial era de seis años y una sola reelección, lo que implicaba la posibilidad que quien ocupare la presidencia pudiere ejercerla doce años seguidos. Al ser así, el único instrumento constitucional que le quedaba a la ciudadanía ante un gobierno sordo a sus reclamos era el que ejerció, el citado revocatorio.
Las normas colombianas son diferentes.
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En este país, el período presidencial es de cuatro años sin reelección y no existe revocatorio presidencial. Pero otra cosa que lo diferencia es la conducta de la dirigencia política. Ante la exigencia de retiro de la reforma tributaria propuesta, que fue el detonante inicial de las protestas, la misma se dejó sin efecto, poniendo en evidencia así la distinta conducta presidencial en nuestros dos países.
Ciertamente, a partir del 2014, en Venezuela, una parte del país adoptó como mecanismo de lucha la protesta de calle para enfrentar las actuaciones del señor Maduro, con saldo lamentable de pérdida de vidas, pero también lo es que éste – prevalido de su control sobre el órgano electoral y los tribunales – impidió la realización de un referendo revocatorio que facilitaría la salida a la crisis, la que se extiende al día de hoy con el saldo que todos conocemos.
Venezuela y Colombia en los tiempos que corren han tenido distinta manera de resolver las exigencias ciudadanas. En todo caso, éste, nuestro país de acogida, tendrá elecciones presidenciales en un año, oxigenando con ello la democracia.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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