Las protestas: una visión binacional

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Colombia me ha servido en estos días para formarme una idea íntegra del asunto de las protestas que tanto la Constitución de ese país garantiza como lo hace la venezolana, pero con distinta praxis.

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En Venezuela, siempre se ha protestado, siempre. Sin embargo, ha sido a partir del año 2002 como consecuencia de los sucesos de abril que originaron la salida de Chávez de la presidencia, que las fuerzas policiales las dificultan ferozmente, al extremo que desde esa fecha se han hecho efectivas las llamadas zonas de seguridad que impiden al acceso –a como de lugar- a determinados sectores previamente definidos.

Así, en el caso de Caracas, la oposición venezolana está impedida de acceder del este de la ciudad hacia el centro – donde se encuentra el Palacio de Miraflores – y para ello se hace uso de la fuerza pública íntegramente armada, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente. En Caracas, a diferencia de lo que ocurre en Bogotá donde quienes protestan pueden llegar a metros de la sede de las altas cortes, el Congreso y hasta el Palacio de Nariño, quienes ocupan el poder le niegan a los ciudadanos el derecho de escucharlos pues los mantienen a kilómetros de distancia.

Lo cierto es también que allá una práctica que sí no observé fue la de afectar los bienes públicos – el metro, por ejemplo – como se ha evidenciado en las protestas bogotanas, impactando con ello el servicio para aquellos que no participan de la protesta y que, por ende, deben caminar muy largas distancias para llegar a su destino y, adicionalmente, contribuir económicamente – vía impuestos – a la reposición de los bienes dañados. En Caracas, la afectación es por decisión del Estado que cierra las estaciones del metro para de esa manera evitar el acceso a los sitios que no le conviene.

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Quienes en Venezuela protestábamos lo hacíamos contra unos gobiernos que desconocían toda práctica democrática. Protestamos contra aquel al que le negamos una reforma constitucional que cambiaba el sistema democrático por uno socialista pero que lo implementó de todas formas vía legislación ordinaria. Protestamos contra quienes derrotamos en las urnas y decidieron de hecho restarle competencias al ganador y designar desde Caracas un tercero para que las ejerciera.

Se protestaba exigiendo realizar un revocatorio previsto constitucionalmente pero enervado en connivencia entre el afectado, el órgano comicial y los tribunales, potenciando la crisis que hoy embarga a nuestra nación.

Entiendo que lo que describo no es el caso de Colombia, la cual seguro estoy tiene problemas pero su legislación y su dirigencia política responsable están en cuenta de que tiene las herramientas necesarias para resolverlas.

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Seguramente, en Venezuela y Colombia, hay razones para que su ciudadanía proteste, pero es lo cierto que tanto derecho tienen los que lo hacen como aquellos que se abstienen de participar, lo que debería obligar al Estado a resguardar los derechos de todos, puesto que a todos representa.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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