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El gobierno Duque ya se acabó. La pregunta es si vale la pena tumbarlo. Yo creo que no.
Colombia está pasando por la más grave crisis de su historia reciente. La crisis es sanitaria, económica, social y política. El gobierno a cargo parece sorprendido por los hechos, y no sabe muy bien qué hacer. La verdad es que, para todo propósito práctico, el gobierno Duque ya se acabó. La pregunta es si vale la pena tumbarlo. Yo creo que no. A nada contribuye aumentar la confusión en las actuales circunstancias. Si tuviéramos un régimen parlamentario, tal vez tendría sentido convocar ahora unas elecciones anticipadas. Pero tenemos un régimen presidencialista y tumbar al presidente abre más preguntas de las que cierra. ¿Quién gobernaría a cambio? ¿La vicepresidenta? Entonces, ¿para qué molestarse en tumbar a Duque? ¿Anticipar las elecciones? Fuera de las obvias dificultades legales, ¿quién cree que el actual momento de crispación producirá unos resultados ecuánimes?
Dejemos, pues, que Duque termine su período. Será poco lo que pueda hacer. Muy poco. Ha perdido el respaldo hasta de una facción de su propio partido y no conseguirá consensos sino para cosas obvias. ¿Qué hay que hacer por ahora? Desmontar la violencia y los bloqueos. El gobierno no puede seguir con el discurso de que el paro es el producto de una mentalidad vandálica y terrorista. Claro que ha habido vandalismo y terrorismo y eso hay que condenarlo con la mayor entereza, pero detrás del paro hay un malestar social legítimo debido a unas condiciones extremadamente duras, que el gobierno no ha podido entender. No hay que permitir que la violencia deslegitime la protesta social. Es cierto, hay que condenar, perseguir y ajusticiar todas las formas de violencia, las que provienen de los protestantes y las que provienen de la fuerza pública. Hay que rechazar TODAS las formas de violencia. En particular, hay que frenar las que provienen del Estado, porque son las que le restan legitimidad. Es muy grave que un Estado dé la impresión de que viola los derechos humanos, porque, si es así, se vuelve legítimo luchar contra el Estado. Un país no puede darles la espalda a sus fuerzas armadas, pero tiene que exigir de ellas un ejercicio pulcro del monopolio de las armas. Es urgente reformar a la policía para que deje de ser un cuerpo armado que persigue a la ciudadanía y convertirla en una fuerza civil que protege a la ciudadanía. Esa reforma es urgente.
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Igual hay que destrabar los bloqueos que están impidiendo el normal abastecimiento de alimentos. Esa situación no puede continuar. Duque tendrá que desplegar todas sus habilidades de negociación para que el paro se levante. El problema es que su gobierno no tiene credibilidad. En 2019, sufrió paros semejantes y se inventó una Gran Conversación en la que nunca habló, ni negoció, con los que tocaba. Hoy, aparentemente, intenta hacer lo mismo. Se equivoca. Y los diálogos están en cabeza de los funcionarios inadecuados. El ministro del interior ha brillado por su ausencia. El cambio de camiseta de Miguel Ceballos de provocador a conciliador no ha convencido a nadie. Y el ministro de defensa sigue empeñado en negar que ha habido excesos en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas. El gobierno cree que tiene meses para dialogar, cuando es urgente tomar acciones hoy. El gobierno repite frases vacías, cuando el problema hoy es de credibilidad.
El gobierno necesita además mucha inteligencia emocional para entender las demandas de un movimiento que, en realidad, no está dirigido por nadie y no tiene demandas claras. Es posible que el Comité del Paro no controle los bloqueos. Es posible que no haya una lista organizada de demandas de los protestantes a las cuales se pueda atender. Pero eso no puede servir para descalificar a los marchantes. Por el contrario, hay que interpretarlos y entenderlos, cosa que este gobierno no parece muy inclinado a hacer.
En cuanto a reformas económicas, el gobierno debería tratar de garantizar la supervivencia del programa de Ingreso Solidario; ver qué es lo que puede hacer con la reforma tributaria, sin comprometerse con una meta de recaudo (para mí lo deseable sería un ajuste fiscal basado en un recorte del gasto, no en un aumento de impuestos, aunque pueda haber algo de ellos, que graven claramente a los más ricos) y tal vez desmontarse de la reforma a la salud. A mi modo de ver, hay que evitar las medidas provocadoras. Uno puede tomarlas cuando tiene respaldo político, pero no cuando no lo tiene.
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Es increíble cómo una misma situación puede ser leída de diversas maneras por diversos actores. La virtud de la democracia es que cada cual puede tener su punto de vista. Una cosa parece cierta: nuestra democracia está en riesgo. Unos pensarán que esta cosa se arregla echándole bala a todo el que proteste, y que ya llegó la hora de la mano dura. Otros pensarán que esta cosa se arregla tumbando a este gobierno y sustituyendo nuestra imperfecta democracia liberal capitalista con un régimen autoritario socialista. Más que nunca, nuestra democracia necesita que haya quienes la defendamos. Necesitamos un país donde quepan todos: los emprendedores que sueñan con hacer billete y los pobres que buscan con qué comer. Hay que atender las necesidades de unos y otros. Hay que bajar la fuerza del incendio ahora y dejar que un nuevo gobierno llegue a reconstruir la casa en 2022.
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*Daniel Castellanos García, @castellanosgd, economista, director de la Fundación Impacta, organización para la transformación social.
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Este paro demuestra y a mediano plazo que el centralismo no funciona y que es necesario pensar en una constituyente que establezca descentralización por regiones. No es posible que ese « diálogo « se haga a nivel nacional y con una especie de « monarca » presidencial para « resolver » problemas locales