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Una serie de graves violaciones de derechos humanos que se ejecutan cíclicamente demuestra que en el trasfondo existe un curriculum y unos pactos ocultos, que sostienen una tradición y que deben ser transformados estructuralmente.
En varias oportunidades he argumentado que a nuestra sociedad la han acostumbrado a la aprehensión y utilización generalizada de una serie de eufemismos para calificar eventos reprochables y delictivos, minimizando y trivializando la responsabilidad política, ética, jurídica y moral y, en el caso de las conductas relacionadas con las “chuzadas” y otros acontecimientos delicados, a la utilización de lo que en nuestro sistema político y militar han denominado sistémicamente como “manzanas podridas”, que a su vez encubre, en realidad, otro tipo de eufemismos, el de la “unidad de cuerpo”.
Las fuerzas militares de Colombia, en sus diferentes armas, constitucionalmente se estructuran como un sistema, cuyas partes y el todo interactúan y se interrelacionan entre sí, un sistema articulado en instancias civiles y militares de muy alto nivel político – el Presidente de la República como su más alta expresión, en su condición de Comandante General y un ministro de carácter civil como respuesta histórica a situaciones que parecieran hoy superadas, pero que, en realidad, no lo están, entre ellas, las denuncias también sistemáticas de violaciones graves a los derechos humanos -.
Un sistema que, en sus estructuras internas y externas, posee mecanismos de control de orden penal, disciplinario y político, expresados en la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Inspección General de las Fuerzas Militares, las direcciones y oficinas de derechos humanos, las oficinas de inteligencia y contrainteligencia y la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Por esto, resulta más que paradójico, que sean instituciones de la sociedad civil, como algunos medios de comunicación o las organizaciones de derechos humanos, los que, en últimas, saquen a la luz pública y coloquen en la agenda política estatal hechos delictivos y reprochables, como la llamada “ñeñepolítica” y las ejecuciones de población civil y ejecuciones fuera de combate, conocidas como “falsos positivos”.
Una serie de graves violaciones de derechos humanos que se ejecutan cíclicamente, con escalas temporales, sostenibles por una diversidad de instituciones, con estrategias de la más fina filigrana política frente a sus objetivos y con muy diversas modalidades en su ejecución, tales como acceso informático, violación de datos personales, espionaje y uso de software malicioso, demuestra que en el trasfondo existe un curriculum y unos pactos ocultos, que sostienen una tradición y que deben ser transformados estructuralmente, en muy diversos niveles, para que todo el sistema funcione en correspondencia con el Estado Social de Derecho.
Es más que evidente que los mecanismos de control sobre la actividad de inteligencia y contrainteligencia y de protección y garantía de los derechos humanos a la integridad, intimidad y privacidad no responden a estrictos estándares de las obligaciones internacionales de derechos humanos. La reiteración de estas conductas lo único que demuestra es que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República y la Inspección General de las Fuerzas Militares no cumplen a cabalidad las funciones establecidas por la Constitución y la ley. Resulta más que paradójico que una vez proferida la Ley 1621 del 17 abril de 2013, una de las instituciones creadas por aquella, la Dirección Nacional de Inteligencia resultara involucrada en actos ilegales de violaciones de derechos humanos, en actos de persecución política en contra de diversos actores y que la labor del Congreso se limite al esfuerzo de algunos de sus miembros en su condición de víctimas.
En últimas, se requieren cambios urgentes a la Ley recién creada. La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República requiere de herramientas eficaces y eficientes de control que supere los mecanismos políticos de encubrimiento por parte de los partidos afectos del gobierno y de las clásicas mayorías y que superen la nimia participación en la composición actual de los representantes de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno. Igualmente, se hace necesario un cambio estructural en la denominada Inspección General de las Fuerzas Militares que, salvo en situaciones muy esporádicas, críticas y con obstáculos infranqueables, ha demostrado una relativa eficacia, en la prevención y protección de violaciones de los derechos humanos como las que nos ocupa.
Un buen ejemplo es el informe presentado por la Inspección por los denominados “falsos positivos” y que terminó con la destitución de 27 militares – 3 generales y 11 coroneles – y la salida del General Mario Montoya, comandante del Ejército. Sin embargo, a la postre, no conllevó a un cambio radical de la situación, gracias a las lógicas internas en la composición en las fuerzas militares que permiten la continuación de tales prácticas. Esto nos permite plantear la necesidad de hacer cambios estructurales en la Inspección General que le permita actuar de forma imparcial e independiente. Una de esas medidas podría ser sustraer de la unidad de mando la Inspección General y una forma de elección o designación que le eleve el perfil y la capacidad de actuación con suficiente independencia.
La situación anterior se encuentra directamente relacionada con la selección, calificación y ascenso de los más altos mandos militares de la institución, procedimiento que ha sido reprochado públicamente, por la forma en que es tramitada por la Comisión Séptima del Congreso de la República que, amparada en la garantía del debido proceso, termina en muchas ocasiones cohonestando y legitimando la actuación de miembros de las fuerzas militares comprometidos en graves violaciones de derechos humanos, perpetuando los ciclos de violaciones y su impunidad política y ética.
En esta realidad, tal y como se ha señalado, y como aporte sustancial a la construcción de la paz y la reconciliación, se requiere un profundo cambio en las estructuras formativas de la institución, que reconozca nuestra nueva realidad interna, cambiando los llamados cursos de ascenso, en los que se movilizan las bases de la doctrina institucional y se perfilan los procesos de continuidad de lo que aquí hemos señalado como la “unidad de cuerpo” y que garantizan las lealtades entre las tendencias – que no es lo mismo que lealtad al Estado – que, dentro de las fuerzas militares, se van entretejiendo y que, al no ir aparejado con un sistema verdaderamente meritocrático en la provisión de los ascensos, permiten el encubrimiento y la impunidad de actos tan reprochables como los que nos ocupan.
Se hace necesario establecer un proceso y unas reglas transparentes en los cambios periódicos de las cúpulas de las fuerzas militares, donde en lo posible se establezcan controles de orden político, que vayan más allá de la regla inveterada de la antigüedad que, en últimas, también permite la perpetuación, complicidad e impunidad de las violaciones de derechos humanos Un buen ejemplo de cómo este tipo de reglas permite lo aquí argumentado es el episodio de destitución de los 27 militares por los denominados “falsos positivos” y que ratificó la continuidad de la dirección en el mando e incluso el retiro de reconocidos miembros de las fuerzas respetuosos de los derechos humanos.
Lo que quisiéramos ver y vivir es un cambio estructural de la Fuerza Pública, que esté acorde al anhelo de paz y reconciliación nacional, que reconozca la importancia de avanzar hacia una sociedad y una institución verdaderamente comprometida con los derechos humanos, la democracia y la justicia social. Una institución, que no sea permeada o utilizada, por sectores políticos comprometidos con el narcotráfico, la criminalidad, la corrupción y el clientelismo, una institución capaz de garantizar el Estado social de derecho, la soberanía nacional, la convivencia y los derechos de todos los miembros de la sociedad.
*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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