Los delitos sexuales de la Fuerza Pública

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Sacado de Diario Público

Hay de forma implícita en cada comunicado de Presidencia y del Ministerio de Defensa una invitación a seguir con un proceder desproporcionado  del uso de la fuerza.

Sacado de Diario Público

Los dos abusos a menores de edad por parte de la Policía que tuvieron lugar en Popayán el pasado 12 de mayo no puede ser tomada como un acto más de exceso de poder; deben ser sancionados drásticamente por la sociedad y ratifican la urgencia que requiere una reforma a la Fuerza Pública. Todos vimos el vídeo donde sin ninguna necesidad varios uniformados se llevan a una de las niñas, hecho sobre el que ella posteriormente escribiría describiendo que fue despojada de su pantalón al ser arrastrada hacia la URI dónde sufrió abuso sexual a mano de cuatro manzanas podridas. La historia termina en el fin de la presencia física de esta joven que camino a casa encontró el horror de la violencia machista hoy avalada por el Gobierno de turno, violencia que la llevó a la muerte. El otro caso – del que poco se habla – le ocurrió a una niña, hija de una trabajadora de la salud perteneciente a la misión médica que hacía turno esa noche atendiendo las manifestaciones, quien pudo reaccionar de inmediato después de la arbitraria detención. 

“Me subieron a la moto y el policía me decía que me quería lamer, que me quería violar, que me bajara los pantalones y a otra niña le hicieron lo mismo y ahí yo me tiré de la moto y abracé al señor de derechos humanos y le estaban pegando también (…) De perra no me bajaban”. Éste es el relato de la joven de 17 años. Según reporte de Temblores ONG, entre el 28 de abril y el 12 de mayo se han denunciado 16 casos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones.

Cabe recordar que hace algunos años Sandra Catalina Vázquez, de cinco años de edad, acompañada por su madre esperaba que ubicaran a su padre, quien era agente y trabajaba en la III Estación de Policía de la ciudad de Bogotá. La niña correteaba tranquilamente por el lugar y, al percatarse la madre que ya no estaba, empezó su búsqueda. La encontraría en un baño del tercer piso con una cuerda en el cuello, sangrando por sus genitales y aún con vida; en el trayecto hacia un centro hospitalario, murió. Estos hechos ocurrieron el 28 de febrero de 1993. Dos años y ocho meses después, Diego Fernando Valencia Blandón expresaría frente a los medios de comunicación: “ya me siento más tranquilo, sí lo hice y era consciente”.

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En enero de 2010, una adolescente de 13 años de edad se acercaría a un CAI en Bucaramanga para pedir el baño prestado y una vez dentro del baño cuatro policías la atacarían y violarían; en junio de 2011, serían detenidos los repulsivos uniformados. Otro caso se dio hace un año, el 22 de Junio de 2020 cuando militares secuestraron y violaron a una niña Embera en el Departamento de Risaralda. Inicialmente, se habló de siete delincuentes a los que se les imputaron cargos, pero el pelotón estaba conformado por 30 hombres.

Menciono estos acontecimientos, – que solo son los más conocidos, probablemente la mayoría no llegue a ser denunciado por miedo -, porque  la Fuerza Pública no solo debe ser garante del cumplimiento de los derechos y, por ende, de la protección de la integridad y la vida, sino además ejemplo a seguir. Deben estar conformada por instituciones en constante evaluación, ejercicio que permita garantizar la no repetición de errores y delitos ocurridos en su interior y de esa forma mantener su respeto, credibilidad y misión, lo que es bastante difícil de lograr si los altos mandos no toman medidas al respecto. Buscan ocultar los abusos y aquellos que son juzgados son amparados por la justicia penal militar. Después de este episodio desafortunado y estremecedor ocurrido en la III Estación debería ser impensable para un uniformado atreverse a agredir a un menor, pero se siguen dando los abusos y no dejan de ser desgarradores. Poco saben las Fuerzas Armadas sobre lecciones aprendidas.

El uso indiscriminado de la fuerza, la tortura, los delitos de tipo sexual y la violación han sido una constante por parte de Ejército, Policía  y Esmad contra la población civil, pero se han intensificando desde las marchas de septiembre de 2020 concentrándose en los jóv­­enes que valientemente han salido a gritar su inconformidad ante la descomposición, deshonestidad y arbitrariedad de quienes deberían protegernos. “En el CAI de San Diego varios policías abusaron de tres adolescentes, las tocaron y hasta las extorsionaron para dejarlas salir”, denunció Valeria Bonilla, fundadora del movimiento Somos la disidencia. Nunca habíamos visto un despliegue de policías tan grande – quienes cubrieron sus identificaciones – disparando de forma indiscriminada supuestamente para detener las protestas, que en su gran mayoría son pacíficas, como si sobraran las balas y no valieran las vidas y digo supuestamente porque la institución no tiene licencia para matar porque sí. Debe cumplir unos protocolos que evidentemente se violaron. Después de la masacre del 9 y 10 de septiembre, Policía y Esmad demostrarían que la tranquilidad de disparar actuando por encima de la Constitución y la ley fue avalada por el Gobierno Nacional cuando Iván Duque de manera irrespetuosa decidió vestir una chaqueta de la Policía Nacional.

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“Hágale lo que quiera” se escucha claramente a voz de un integrante del ESMAD en un vídeo publicado por una mujer en Acacias, Meta. Envalentonada, la Fuerza Pública adoptó en su actuar el uso de los chalecos al revés para cubrir su identidad, golpear – muchas veces hasta matar -, disparar como en un vídeo juego, abusar sexualmente de niñas y mujeres y hasta disfrutar de cada acto -como ellos mismos los llaman – vandálico. Me pregunto si estas maneras están ligadas al modus operandi de los falsos positivos, donde se prometía por parte de la cúpula militar permisos, ascensos y dinero al “entregar resultados”. ¿Qué le están prometiendo a estos agentes que sin pensar salen a atacar a los jóvenes pasándose por la faja sus derechos y sin ningún sentido de humanidad? ¿Es mediante el terror que quieren callar las voces inconformes que piden diálogo y cambio?

El poder que puede ofrecer el portar armas es muy peligroso por eso una reforma debe contemplar la formación académica y el respeto a los derechos humanos  para disminuir el uso indiscriminado de la fuerza. También deben evaluarse los protocolos, vigilar que se cumplan a cabalidad y resaltar que las instituciones públicas están al servicio de la ciudadanía y no para el sometimiento de la misma. Pero eso nunca se va a dar en un Gobierno donde el Presidente usa la chaqueta de la Policía después de una masacre que dejó como saldo 13 muertes y un sin número de heridos. Al contrario, se les vendió con ese acto simbólico el aval para cometer cualquier delito y ser amparados. De hecho, son pocos los casos que llegan a ser juzgados y condenados en debida forma. Recordemos que el Ministro de Defensa del momento amenazó con judicializar a quienes replicaban los vídeos donde se evidenciaban los delitos cometidos por la Fuerza Pública por “dañar la imagen de los uniformados” y nunca rechazó el contenido de dichas evidencias, ni aceptó el horror al que fue sometida la ciudad durante esas dos noches. Se protestó por una muerte y para callarnos nos regalaron 13 más.

Es así que aunque no se dieran las promesas de ascensos, vacaciones, permisos, y dinero, hay de forma implícita en cada comunicado de Presidencia y del Ministerio de Defensa una invitación a seguir con un proceder desproporcionado  del uso de la fuerza y una libertad en la actuación de las Fuerzas Armadas. Son nuestros héroes, los que pueden hacer cualquier cosa, vernos como blanco para disparar o simples cuerpos para manosear y someter; las armas y los altos mandos les conceden ese poder, cada delito soñado ahora impune. Los altos mandos abusan de ellos, ellos abusan de nosotros, Presidencia aplaude. Y caen los uniformados en la práctica de atacar al pueblo, al que por un momento olvidan que pertenecen; ahora son casi dioses.

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Este abrir de ojos doloroso de una sociedad que tuvo que quedarse encerrada y callada por el virus amenazante hasta no aguantar más es una fuerza transformadora que pese a la tragedia por las pérdidas de vidas, mutilaciones y vejámenes a los que ha sido sometida se mantiene firme. La mantienen firme la soberbia, el racismo y las crecientes arbitrariedades del Gobierno Duque.

*Marcela Combariza Rincón, ingeniera industrial, gerente de proyectos de la Universidad El Bosque, feminista, seguidora y divulgadora del apego seguro, la crianza respetuosa y la comunicación no violenta. @LaCombariza

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