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La tragedia es que 150.000 dólares sea poco para conseguir la libertad de un hermano que contrataba seres humanos como mulas, pero que sea mucho asegurarles 260 dólares mensuales de ingresos a familias que siembran coca para subsistir.
Detrás del oscuro mundo de las drogas, donde unos pocos ganan asombrosas fortunas gracias a su prohibición y las defienden mediante el habilidoso manejo de la violencia y la corrupción, también abundan las tragedias familiares. No me refiero a los poderosos jefes de las organizaciones criminales, que gobiernan las vidas ajenas con la misma ligereza y pulcritud que sus propios patrimonios, ni a quienes se valen de las necesidades de otros para inducirlos a exponer su libertad y su integridad física a cambio del puñado de dinero que les ofrecen por llevar droga en su equipaje o en sus propios cuerpos. Al contrario; mientras exista la prohibición, esos traficantes de miserias deberían ser el único objeto de las acciones policiales y judiciales.
Los consumidores, en cambio, son víctimas de la proscripción; los ocasionales, porque obligados a conseguir clandestinamente la droga carecen de control sobre su calidad; los adictos porque, además de lo anterior, no reciben apoyo y ayuda estatal para superar su problema. Especialmente para las familias de escasos recursos económicos, la drogadicción de uno de sus integrantes es una tragedia; al tratarse de sustancias ilegales, su adquisición es costosa e insegura y las posibilidades de acceso a programas estatales de suministro controlado y desintoxicación son estigmatizantes y complejas. Para atender la tragedia de esas personas que con su dependencia arriesgan sus propias vidas, el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han endurecido la persecución policial ideando nuevas y sutiles formas de prohibición. La prisión puede ser útil como forma de corregir a quien contrata personas necesitadas de dinero con el fin de que transporten droga en sus cuerpos, pero no para curar las adicciones de los consumidores. De ahí que sean estos y no aquellos los que se hallan en medio de una tragedia personal y familiar.
Los pequeños cultivadores de coca en Colombia ni tienen grandes extensiones de tierra, ni reciben altos beneficios como remuneración por esa actividad ilegal; en su gran mayoría disponen de una hectárea para sembrar coca y perciben ingresos ligeramente inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Si en lugar de gastar millones de dólares en fumigaciones con glifosato y en operaciones policiales y militares para erradicar de manera forzosa esas plantaciones ilegales, se los invirtiera en promover la sustitución de cultivos y garantizar la presencia integral del Estado en esas zonas, no solo se podría disminuir su extensión sino, lo que es más importante, se le solucionarían sus problemas básicos de subsistencia a la mayoría de esas familias que hoy se dedican a la siembra de coca para sobrevivir. Los informes oficiales muestran que mientras el porcentaje de resiembra de las plantaciones forzosamente erradicadas oscila entre el 35 y el 50%, el de los programas de sustitución de cultivos está en un 0,4%.
Tener que pagar una fianza de 150.000 dólares para posibilitar la libertad de quien ha contratado personas necesitadas de dinero para llevar droga en sus cuerpos no es una tragedia. Vivir en un país en el que el Estado es incapaz de garantizar que esos campesinos puedan tener ingresos lícitos equivalentes a 260 dólares mensuales es la verdadera tragedia. No lo es tanto porque ahora se sepa que la vicepresidenta de ese país hizo todo lo que estuvo a su alcance para conseguir una millonaria fianza que posibilitara la libertad de un hermano que no se involucró en el negocio de las drogas ilegales para superar problemas de dependencia o de subsistencia. Lo es porque esa misma vicepresidenta impulsa desde el gobierno la erradicación forzosa de los cultivos de coca y el retorno de la aspersión con glifosato, pese a los riesgos que ella entraña para el medio ambiente y la salud de las personas. La tragedia es que 150.000 dólares sea poco para conseguir la libertad de un hermano que contrataba seres humanos como mulas, pero que sea mucho asegurarles 260 dólares mensuales de ingresos a familias que siembran coca para intentar subsistir con un poco menos de ese dinero, que es lo que les pagan quienes se dedican al tráfico de drogas de uso ilícito.
*Yesid Reyes Alvarado, ex-ministro de justicia.
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Legalización es el único camino, así como se legalizaron, el alcohol, el juego, La marihuana, las casas de apuestas para todo, todos los vicios están ahí, y cada quien elige estar sano o corromper su organismo y arrastrar a su familia a la desgracia de un adicto.
Todo por el placer de unos cuántos “honorables” estúpidos avaros y codiciosos imbéciles que consideran que el dinero es más importante, que vivir tranquilo.