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Buena parte de los connacionales que a Colombia han llegado lo hicieron con el objetivo de encontrar en este país el progreso que la actual dirección política de su tierra les negó.
En Colombia, el Ministerio del Trabajo y el SENA – equivalente al INCE de la democracia venezolana – están adelantando un interesante trabajo tendente a facilitar la certificación de habilidades de migrantes venezolanos y de naturales colombianos, que les permita mejorar su incorporación a la vida productiva del país.
Una de las características del mismo es que, a diferencia de lo que a veces ha ocurrido en otras instancias, ambas instituciones están tratando de construir la política pública respectiva, en consulta con la población a la cual va destinada, lo cual implica que no es consecuencia del solo conocimiento que deriva del estudio de libros. La participación ha sido una de las solicitudes que, en distintas oportunidades, los venezolanos hemos realizado.
Con ocasión del citado estudio, encuestaron a más de dos mil venezolanos en toda la geografía colombiana, lo que les permitió determinar un dato – a mi juicio muy interesante – respecto de la expectativa de permanencia de nuestros connacionales en esta tierra y su aporte económico a la misma.
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Del total de personas a quienes se les preguntó en cuál tipo de vivienda residían, el 67,95% lo hace en casa o apartamento arrendado, en tanto que el 23,16% ocupa una pieza en arriendo y el 2,14% lo hace en una habitación por día. Así entonces, según esas cifras, el 93,25% de los migrantes venezolanos encuestados paga arriendo y ese porcentaje contribuye directa e indirectamente, con el pago de los servicios que a dichos inmuebles se les presta, en beneficio de la economía nacional.
Adicionalmente a esa cifra, la encuesta determinó también que un 0,14% de nuestros migrantes tiene vivienda propia en Colombia, lo que implica que el 93,39% de nuestra población está aportando, no solo a las arcas del Estado, sino a los bolsillos de los colombianos que son propietarios de los inmuebles arrendados y de los negocios en los cuales todos los que integran las familias de los encuestados consumen.
Un somero análisis de esas cifras permite llegar entonces a una conclusión inicial, cual es que los venezolanos consideran que nuestra situación interna no se resolverá a corto plazo, lo que coincide con la visión que el gobierno del señor Presidente Duque le ha dado al tema migratorio a través de la implementación a diez años del Estatuto de Protección a nuestra migración.
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Otra que pudiera derivarse es que, o bien los venezolanos que vivienda han arrendado han logrado que terceros nacionales del país les sirvan como codeudores – por tener finca raíz – o que en los arrendadores respectivos privare una inicial confianza respecto de las personas a las cuales les permitirían ocupar sus respectivos inmuebles, lo que sin duda implica un mejoramiento de la percepción respecto de nuestra presencia en estos lares.
Una tercera y última conclusión derivada de la investigación conllevaría a pensar que buena parte de ese 93,39% de venezolanos que están protegidos por un techo en Colombia, de alguna manera producen lo necesario para lograrlo, lo cual en una situación mundial como la que estamos viviendo, no deja de ser llamativo, sobre todo si tomamos en cuenta las condiciones económicas en la cual la mayoría de los migrantes ha salido de Venezuela.
Buena parte de los connacionales que a Colombia han llegado lo hicieron con el objetivo de encontrar en este país el progreso que la actual dirección política de su tierra les negó. La actitud de los colombianos, que se deriva del resultado expresado en la referida investigación sobre el puntual tema vivienda, evidencia que poco a poco lo están consiguiendo, lo que es de agradecer.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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