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Colombia nos ha dado en esas pocas líneas precedentes, unas pistas que sería prudente internalizar.
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Ha obtenido esta semana Colombia una importantísima victoria jurídica y política internacional -ante la Corte Internacional de Justicia- respecto de una pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de los límites hasta ahora establecidos.
Un trabajo de este pasado sábado 15 contenido en el bogotano diario EL TIEMPO, preparado por uno de los ex coagentes colombianos del litigio referido resume, perfectamente la estrategia ganadora, la cual sería interesante que, quienes representan a Venezuela en el pleito que nos tiene planteado ante esa misma instancia internacional la República de Guyana por lo que los venezolanos conocemos como la zona en reclamación, conocieren.
En el trabajo señalado se explican los diez los puntos que justifican el éxito colombiano en el citado litigio, respecto de los cuales quisiera quisiera destacar cinco en estas líneas:
PRIMERO: La actuación colombiana fue una de Estado. En la misma intervinieron, de manera coherente, tres gobiernos de distinto signo ideológico -Santos, Duque y Petro-. Esa decisión implicó que siempre estuvieron en conocimiento de la misma los expresidentes y cancilleres, independientemente de la administración que gestionaron o para la cual sirvieron.
SEGUNDO: El equipo de trabajo no solo estuvo integrado por compañeros de partido o simpatizantes ideológicos del gobierno de turno, sino que los abogados internacionalistas que actuaron, no solo eran del más alto nivel, colombianos y extranjeros, sino que en la preparación de la estrategia participó la armada nacional –por tratarse el problema de uno que directamente implicaba a ese componente- así como naturales de la zona. Respecto de las opiniones que cada grupo exponía se buscaban los puntos de acuerdo y cuando no lo hubiere se adoptaba la decisión que consideraban más conveniente a los intereses del país.
TERCERO: Se diseñó una estrategia previa a la radicación de escritos o memoriales, tendente no a proponer lo mejor para los intereses de Colombia, sino a demostrar lo que implicaría para la comunidad internacional que la tesis nicaragüense fuera aceptada y las afectaciones que la misma produciría, no solo a Colombia sino al resto de la comunidad internacional que tuviere acceso a costas.
CUARTO: Independientemente de la nacionalidad de quienes actuaron por el país, Colombia buscó para sustentar su posición las opiniones de los juristas de cualquier parte del mundo, que estimaron más necesarias a esos fines y cuya línea de pensamiento pudiera ser mejor interpretada por los jueces que habrían de decidir la controversia.
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QUINTO: “Cuando la estrategia ofrecía un argumento que podía ser ganador y se habían construido las bases para cerrar el caso y tener un colchón, Colombia tomó la decisión de comparecer al proceso y defender los más altos intereses del país”.
Colombia, con la atención de su causa, ante la misma instancia que conoce la causa de nuestro país contra Guyana, nos ha dado en esas pocas líneas precedentes, unas pistas que sería prudente internalizar.
Ciertamente que, muy a nuestro pesar, la reclamación de nuestra Guayana Esequiba, no ha sido una política de Estado. Lo fue, eso sí, durante los cuarenta años de democracia pero ello varió, lamentablemente, durante el gobierno del señor Chávez, lo que fue inicialmente ratificado en los hechos por el señor Maduro para retornar ahora a la posición de defensa de nuestros intereses nacionales lo que, sin duda, implica una falencia que compensar, lo que requiere de quienes ocupan las más altas posiciones nacionales y sus adversarios internos, desprendimiento en aras de la búsqueda de los mejores intereses nacionales y quizás, por primera vez en estos casi veinticinco años, consenso nacional respecto de un tema que entiendo a todos debe unirnos.
Los cinco puntos antes mencionados forman parte de un paquete de defensa de los intereses de un país, que le sirvieron a Colombia pero también pueden servir de referencia para cualquiera otra nación que enfrente litigios ante la señalada instancia judicial, siendo todos ellos de vital importancia.
Venezuela tiene argumentos históricos, jurídicos y políticos que le permiten defender su posición soberana ante la Corte Internacional de Justicia. Es el gobierno del señor Maduro, por ejercer el poder, el que tiene la posibilidad de integrar el mejor equipo humano para demostrar que se reconozca –internacionalmente- a esa Guayana como parte de nuestro territorio. La responsabilidad de esa administración entonces es absoluta y exclusiva.
Siguiendo la lección que Colombia ha dado, debe ella buscar revertir plenamente las falencias que la conducta de la gestión Chávez y la actual administración generaron inicialmente. Está obligada a buscar, donde se encuentren, e integrar a la defensa de nuestra posición a los mejores y más competentes equipos humanos que puedan contribuir con la misma, independientemente de posiciones políticas internas o ideológicas. Asimismo, debe utilizar el proceso judicial abierto para evidenciar plenamente la posición que se sustenta.
El tiempo para que Venezuela presente los memoriales respectivos ante esa instancia internacional está transcurriendo y por tanto se acorta. Sería un gran error en la defensa de los intereses nacionales, no considerar –cuando menos- las lecciones que Colombia ha dado al mundo y que esta pasada semana compartiere, respecto de su estrategia para vencer en su litigio contra Nicaragua.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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