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Cuando hay libertad es posible juzgar a todos sin que quien dirige el gobierno pueda interferir en la decisión, independientemente de la importancia del afectado.
No deja de ser llamativo que, después de haber pasado casi cuarenta años de dictadura, España le está dando importantes lecciones en materia jurídica a Venezuela.
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Lo hizo hace varios años un juez provinciano cuando juzgó y condenó al hijo político del Rey Juan Carlos; lo hace respecto de éste cuando analiza si procede contra él una acción judicial por sumas de dinero que habría recibido y aparentemente no declaró y lo evidencia también en materia de extradición si observamos que varios ciudadanos venezolanos han sido reclamados a través de dicho procedimiento por las autoridades norteamericanas y a todos los afectados se les han dado las debidas garantías procesales, vale decir, ser presentados ante el juez respectivo a los fines de legalizar la detención cuando la misma se ha producido, así como que puedan contratar sus abogados de confianza y también que puedan agotar todos los recursos que la ley pone a su disposición.
La lección judicial es evidente. Todos somos iguales ante la ley, por una parte, y, por la otra, no se prejuzga respecto de la culpabilidad o inocencia de la persona. La primera ,en el proceso ordinario debe ser demostrada y, por lo que se refiere a la extradición, esa situación no es materia de la competencia del juez que conoce la misma de manera pasiva, por lo que simplemente verifica que se cumplan los extremos legales para proceder en consecuencia conforme a la normativa que rige la materia.
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Esa lección eminentemente procesal viene acompañada esta pasada semana de una política. Luego de meses de forcejeo entre las fuerzas políticas españolas respecto de la integración de las instancias judiciales finalmente han llegado a un acuerdo. Magistrados representativos del amplio espectro político que existe en ese país han sido designados por vía de acuerdo de la dirigencia del país para integrar los órganos jurisdiccionales que lo requerían. Quienes ocuparán los cargos ciertamente tienen posiciones políticas, pero también es verdad que sus conductas en estrados se han ajustado a los cánones que como magistrados se les exige.
Los hechos relatados respecto de España deberían servirnos de aprendizaje en Venezuela. Cuando hay libertad es posible juzgar a todos sin que quien dirige el gobierno pueda interferir en la decisión, independientemente de la importancia del afectado. Eso, lamentablemente, en la actual circunstancia venezolana es un imposible y de allí la necesaria reinstitucionalización de nuestros poderes, prioritariamente del judicial, lo que implica necesariamente un acuerdo político amplio. Ese acuerdo no conlleva desconocimiento de la Constitución y, por el contrario, implica ajustarse a la misma, eligiendo a los que se consideren más adecuados para la más alta función judicial, con vista no solo a conocimientos jurídicos sino a conductas ciudadanas que evidencien su imparcialidad sin perjuicio de sus simpatías.
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Sin acuerdos políticos será imposible la reinstitucionalización. Cualquier medida que se pretenda ejecutar unilateralmente será tan solo un maquillaje que buscará esconder el verdadero rostro de nuestra situación y de allí la importancia de la reanudación de las sesiones de la mesa mejicana, en lo que todos deberíamos insistir.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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