Lo que está pasando con el hacinamiento carcelario

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El Gobierno pasará a la historia como aquel en el que más se redujo el hacinamiento y, también, como aquel en el que más se aumentó. 

El nivel actual de hacinamiento penitenciario es el más bajo de los últimos 15 años. Sin embargo, medios de comunicación denuncian altos niveles de congestión en centros transitorios como URIs y CAIs y, desde la academia, algunas voces advierten sobre un “colapso” en el futuro cercano. ¿Qué está pasando?  

En diciembre del año pasado, el Ministro de Justicia, Dr. Wilson Ruiz, anunció a Colombia que “atendiendo a lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional, hemos logrado bajar el hacinamiento carcelario en Colombia al 19,9%”, una cifra que calificó de “histórica”. Aunque esto es parcialmente cierto, es impreciso.  

De un lado, es verdad que la contracción del nivel de hacinamiento es una anomalía histórica. La tendencia ha sido tradicionalmente la del aumento, desde 1991 cuando registrábamos un hacinamiento del 3,7%, hasta el 2019 que cerró con un 52,3%. Sin embargo, eso no quiere decir que nunca hubiera ocurrido. Por ejemplo, en 1992 – por primera y única vez registrada – a Colombia le sobraron cupos penitenciarios (-4,5% de hacinamiento). Luego, entre 1997 y 1998, el hacinamiento se redujo en -10%, entre 2001 y 2002 en -15% y, en el 2006, bajó casi -20%. Estadísticamente, las bajas ocurren periódicamente.

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De otro lado, es muy cuestionable que la reducción en esta oportunidad deba contarse como un “logro” del Gobierno. Es innegable que el Decreto 546 de 2020 contribuyó a que varias personas salieran de los establecimientos de reclusión nacional. Pero el mayor impacto sobre el hacinamiento no estuvo relacionado con cuántas personas salieron, sino, más bien, con cuántas personas dejaron de ingresar. En eso, el Gobierno tuvo poco o nada que ver.

De marzo de 2020 a diciembre de 2020, la población penitenciaria pasó de 124.105 a 96.285 personas. Durante ese periodo, mucha gente salió (48.484), sí; pero, eso es algo que ocurre todos los años (en el 2019, salieron 53.534 personas y, en el 2018, 52.294). En realidad, la cifra que explica este drástico descenso en el hacinamiento no es el número de salidas – que, como se ve, no es comparativamente elevado – sino, en cambio, el número de ingresos: en comparación con el año inmediatamente anterior (45.472), los ingresos se redujeron en un -30% (31.969).  

En pocas palabras: durante la pandemia, las salidas se mantuvieron relativamente similares a los años anteriores y, en cambio, los ingresos sí fueron significativamente menores. 

Esta es una verdad inconveniente, pues apunta a que la reducción del hacinamiento no se debe a ningún cambio estructural dentro del sistema sino, más bien, a una situación externa. Por eso mismo, vaticina que la actual situación no será duradera. En la medida en que se “reactiva” la sociedad, también lo hace el hacinamiento. Desde diciembre de 2020 a mayo de 2021, la población privada de la libertad ha aumentado en casi 1.000 personas y el nivel de hacinamiento frenó su descenso y, en cambio, empezó a aumentar.  

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Aunque el Gobierno no tuvo nada que ver con la reducción de ingresos, sí tiene la posibilidad de aprovechar este momento para tomar medidas urgentes que impidan que los niveles vuelvan a sus estados tradicionales. Es apremiante que se adopten ahora medidas que permitan mantener y – ¿por qué no? – reducir los niveles actuales, aunque parece ser que ello no va a ocurrir.

Según el “Plan de transformación y humanización del sistema carcelario en Colombia 2019-2022” que ha diseñado el Gobierno, “en el corto y mediano plazo se generarán en el sistema cerca de 15.000 cupos extra”, lo que “tiene un costo aproximado de $3.6 billones de pesos”. Esto no va a rendir los frutos esperados. Ya lo hemos intentado antes: desde 1991 a 2020 la infraestructura penitenciaria se amplió en más de 50.000 cupos y, en ese mismo periodo, el hacinamiento pasó del 3.7% al 53%. A estas alturas, para todos debería ser claro que la construcción de cupos penitenciarios es una medida tan costosa como inefectiva. 

La verdad es que, en relación con los niveles de hacinamiento, es muy poco lo que se debe a la intervención del Gobierno. Pero, si no adopta las medidas que permitan aprovechar este momento, el retorno a los niveles ordinarios sí sería su responsabilidad. 

En franca lid, si el Gobierno alega que el actual nivel de hacinamiento es su logro, también debería rendir estas cuentas cuando acabe su administración. Como van las cosas, me temo que pasará a la historia como aquella en la que más se redujo el hacinamiento y, también, como aquella en la que más se aumentó. 

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*Andrés Felipe Díaz, abogado y filósofo. Especialista, magíster y doctorando en Derecho Penal. Profesor de la Universidad Libre de Barranquilla.

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