Los retornados desde Venezuela y su revictimización colectiva

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La situación de los afectados por la decisión es muy complicada, no solo para quienes se encuentran en el país, sino lo es también para quienes estando fuera de éste, no podrán regresar a Colombia.

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La decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de anular la nacionalidad de infinidad de hijos de colombianos nacidos en territorio venezolano, que por tanto son también nacionales de este país, está produciendo un fenómeno colectivo de revictimización que pareciere que las autoridades no calcularon.

En condiciones normales venezolanas, ese nacional a quien hoy se le ha privado de la nacionalidad que por sus padres corresponde no hubiere venido a Colombia en las cantidades que lo hicieron en los últimos años. Como sus padres, habrían seguido habitando en Venezuela, pero, las condiciones económicas, humanitarias y políticas de su país natal lo obligaron a regresar a los orígenes familiares y, por eso, la gran mayoría está en Colombia.

Esos retornados vinieron con toda seguridad, con esposos e hijos, a quienes por el hecho de ser sus parejas y padres naturales de Colombia conforme a su Constitución, se les podía beneficiar, con la residencia los primeros y con la nacionalidad a los segundos. Una vez que quedó firme la resolución de la Registraduría Nacional de privar de nacionalidad y cancelar identificación al retornado, los efectos de dicha medida se hacen extensivos a los familiares y, por tanto, ahora todos – retornados, esposos e hijos –  pasan a ser migrantes irregulares, con la circunstancia que contra ellos – todos y cada uno – Migración Colombia podrá adoptar las decisiones que la ley le autoriza a tomar.

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La solución a ese problema no es en modo alguno aceptar la propuesta que alguno ha sugerido de dar por sentado que quedó firme la resolución respectiva y proceder a subsanar la situación presentando la documentación respectiva. No lo es porque, por una parte la resolución correspondiente no dice de manera expresa, cuál documento está afectado de nulidad y, adicionalmente, porque de no impugnar la decisión administrativa -por cualquier vía que sea conducente – y aceptar de manera pasiva su resultado, el destinatario de la misma estaría reconociendo que cometió un delito con las implicaciones que ello conlleva, lo que ha sido evidente para alguno de los afectados por dicha decisión que ya ha sido judicializado por falsa identidad.

La situación de los afectados por la decisión es muy complicada, no solo para quienes se encuentran en el país, sino lo es también para quienes estando fuera de éste, con retorno pendiente y solo con identificación colombiana, no podrán regresar a Colombia por haber sido privado de la nacionalidad colombiana y no poder utilizar por tanto el pasaporte de esa nacionalidad, quienes por tanto se encuentran desde ya indocumentados en el país donde estén, con todas las implicaciones que ello conlleva.

Desconozco quién diseñó el mecanismo de comunicación de la decisión que habría de implementarse y la Registraduría Nacional de Colombia está ejecutando. No dudo en modo alguno de su buena fe. Lo cierto es que, de la manera cómo lo hizo, sin campaña mediática de información previa que permitiere a todos los eventuales impactados por la decisión conocer de antemano lo que se estaba ejecutando, ha dejado en absoluto estado de indefensión a miles de personas inocentes que en condición de víctimas salieron de Venezuela para terminar hoy en similar situación en el país de sus padres.

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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