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“La violencia es una parte de la realidad de Medellín. Vivimos en una ciudad en guerra, una guerra donde intervienen muchos poderes y donde los protagonistas son los jóvenes. Ellos son los que matan y mueren. Ejecutantes de un libreto escrito por otras manos e inspirado en el sentido trágico que sigue marcando nuestra historia.
La nuestra es una guerra donde de nada sirve hablar de buenos y de malos. El desafío real es encontrar pistas que nos ayuden a salir de este laberinto donde muchos plomos, disparados desde muchos lados, con innumerables argumentos, nos están matando”. ALONSO SALAZAR. No nacimos para Semilla. (1960. Escritor, periodista y político colombiano).
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Plantear una política pública de juventud obedece más que a consideraciones teóricas o conceptuales (que también) a unas realidades cuyo dimensionamiento dentro del contexto de nuestra sociedad, cobra la importancia de un grupo etario significativo. La transición demográfica en Colombia, aun indica un número importante de población joven, contrario a otros países que han tenido que apelar al estímulo (abierto o no) a la inmigración para poder resolver, entre otros asuntos de mano de obra necesaria, pero al mismo tiempo acusar tensiones por el choque cultural (como sin querer queriendo) entre propios y extraños. Pero no es este último sentido el asunto a plantear en este escrito, sino algunas consideraciones que de alguna manera coadyuven a una formulación de una política pública de generación de oportunidades para los jóvenes de nuestro país.
Un dato preocupante, quizás mencionado, pero no dimensionado, es el del importante número de jóvenes que Ni estudian Ni trabajan. Según el DANE, hay 2.600.000 que ni trabajan ni estudian entre los 15 y los 28 años, siendo 2/3 mujeres y 1/3 hombres. Es llamativo que la afectación, sea a mujeres principalmente. En general la tasa de desempleo de jóvenes se coloca en un 17,6 %, mayor a la de la población en edad de trabajar en general. Aunque ha disminuido en comparación con el año anterior (18,4%).
El Gobierno del Presidente Petro, divulgó un proyecto de decreto para establecer un programa de subsidios a los jóvenes para “que no maten”, para que no “delincan”. Llamado “jóvenes en paz”. Produjo su divulgación en algunos sectores desconcierto el que sea que a los que delincan se les pague y no se les castigue. La presentación o motivación del proyecto estuvo mal planteada, el decreto no debe ser para evitar que los jóvenes delincan, sino para generar OPORTUNIDADES para los jóvenes, de tal manera que los más vulnerables no estén condenados a delinquir o a presentir que no hay futuro para ellas y ellos en esta sociedad. Que las opciones no sean ni la delincuencia ni la drogadicción. ¡Ser joven no puede ser un problema social ni una carga para la sociedad!
Entonces lo que hay que plantear es una política pública dirigida a los sectores más vulnerables de esta población joven. Un programa que resuelva transicionalmente el problema de estos sectores: la falta de ingresos y pocas oportunidades de formación. Ese millón de pesos mensual puede ser más atractivo, “A lo bien”, para muchos jóvenes para formarse en educación para el trabajo e inclusive en el desarrollo de emprendimientos y al mismo tiempo harían una contribución a la sociedad. Un programa como estos de manejo centralista no funciona. Debe ser acordado con los municipios, para que sean éstos quienes asuman la labor de poner tareas a sus jóvenes que recibirían un estipendio por formarse y trabajar en, por ejemplo: brigadas de salud, brigadas de aseo, brigadas de acompañamiento a adultos mayores y cuidados de niños, brigadas de mantenimiento de espacio y bienes públicos, brigadas de monitoreo de recreación y deporte, brigadas artísticas y musicales, brigadas de vigilancia ecológica, brigadas de cultura ciudadana, etc.
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Volviendo al análisis de la situación de los sectores juveniles vulnerables, queriendo decir con esto e insistiendo, que se trata de un tema de oportunidades, que para un sector de la población colombiana (entre 15 y 28 años) no es clara en cuanto a la construcción de un futuro, que no esté afincado o usurpado por circunstancias de delincuencia y violencia, drogadicción y prostitución. Este futuro, no puede ser simplemente algo así como: “Arréglenselas como puedan”. Son demasiadas personas, un capital humano muy importante, como para ignorarlo y no realizar acciones afirmativas, lo que precisamente constituye una política pública.
Llama la atención y desde luego la preocupación que esta situación de vulnerabilidad afecte principalmente a mujeres jóvenes. Porque quizás muchas de ellas se “camuflan” en la economía del cuidado, usualmente como ayudantes del trabajo doméstico no remunerado.
La exigencia cultural hacia los hombres o a los sujetos de género masculino es usualmente asignarles el papel de proveedores del hogar y a las mujeres el rol del cuidado del hogar. A su vez resulta paradójica que la matrícula universitaria esté mayoritariamente surtida por mujeres, lo que debe interpretarse como un importante cambio de paradigma en esa dupla de roles tradicionales: proveedor-cuidadora.
Hay también y de alguna manera conectado, un importante segmento social de mujeres cabezas de hogar que cumplen simultáneamente los roles de proveedor y cuidadora del hogar.
Estamos ante unas elecciones regionales y municipales próximas el 29 de octubre y este asunto de una política pública juvenil no es claro, ni atendible en muchos de los programas de candidatos/as a las alcaldías distritales y municipales. Es allí en esos ámbitos donde tiene más lugar una política juvenil que pueda ser eficazmente exitosa, porque es una política en su aplicación que debe ser llevada in situ.
Se piensa muchas veces que los municipios no tienen injerencia en la política económica y dentro de ella sobre el empleo, es cierto que muchos no tienen esa capacidad de incidencia, pero es ahí donde el Gobierno Nacional debe apoyarse en su ejecución en los municipios. En ambos habría, en esa conjunción, compartimento de éxitos. El Estado Central financiaría y establecería los componentes y fines de la política y los municipios harían la ejecución frente a lo que necesitan como respuesta a sus ciudadanos/as.
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*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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