Lucha contra la corrupción: ¿cuáles son las propuestas de los candidatos?

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Será el tiempo el que se encargará de demostrar si realmente tienen un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción o si, por el contrario, sus banderas no son más que una estrategia politiquera.

En la primera parte de esta publicación se presentó el análisis de las propuestas anticorrupción del candidato Rodolfo Hernández. De un total de siete (7) propuestas concretas, el balance general fue el siguiente: tres ya existen en la actualidad total o parcialmente, dos resultan poco viables, otra es muy general y sólo una de ellas se trata de una medida real, concreta y de alto impacto.

En términos generales, si asignáramos un puntuaje a cada propuesta, podríamos afirmar que el candidato se rajó en anticorrupción o que, en caso de ser electo, uno de sus grandes retos consistirá en hallar el camino para cumplirle a quienes han confiado en su mayor promesa: acabar con la corrupción.

Ahora el turno es para Gustavo Petro, quien también ha hablado de varias propuestas para combatir estructuralmente esta problemática. Sin embargo, al igual que en el caso de su contrincante, varias de sus propuestas son muy generales y no permiten evaluar qué tan buenas serían y qué tanto contribuyen a luchar contra este flagelo.

Dicen que el diablo está en los detalles y quizá nuestras decisiones políticas serían más acertadas si nos preocupáramos por ellos porque esos detalles suelen constituir el medio para lograr un resultado, cuyas “bondades”, en algunos casos, trae efectos colaterales.

A continuación, va el análisis de lo que, hasta ahora, ha dicho Gustavo Petro sobre sus propuestas en esta materia, no sin antes advertir que es cada elector quien tiene el deber de valorar cuál de los dos candidatos tiene las mejores propuestas y sin perder de vista que lo importante es trazar y seguir el camino y no sólo mencionar la meta.

Sin embargo, desde mi punto de vista, las propuestas anticorrupción de ambos candidatos dejan más dudas que respuestas. Será el tiempo el que se encargará de demostrar si realmente tienen un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción o si, por el contrario, sus banderas no son más que una estrategia politiquera.

PropuestaObservación sobre la propuesta
Asegurar un mayor nivel de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas e impulsar los presupuestos participativosEs viable y necesaria. Esta propuesta se encuentra asociada a la promoción y puesta en marcha de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (Ley 1757 de 2015). A pesar de que han transcurrido 7 años desde su expedición, aún persiste un alto desconocimiento de su contenido y, particularmente, de los mecanismos con los que contamos los ciudadanos para participar en las decisiones que nos afectan. Uno de dichos mecanismos corresponde a los presupuestos participativos, por medio de los cuales los ciudadanos pueden participar en la definición de la destinación de un porcentaje de los ingresos municipales de los entes territoriales, en consonancia con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Es innegable que, en el marco de un Estado participativo, la colaboración de los ciudadanos en la identificación de sus necesidades y en la destinación de los recursos destinados a satisfacerlas es una necesidad y un requerimiento. No obstante, dicha participación debe darse en condiciones de equidad y garantizar la participación de los diferentes grupos de interés, de tal forma que sea posible garantizar que no sólo sean unos cuantos quienes busquen influir en la destinación de los recursos en pro de su beneficio.
Fortalecer la vigilancia efectiva a toda la contratación públicaViable y necesaria, pero ambigua. Tanto Petro, como Hernández, coinciden con esta iniciativa que, sin duda alguna, tiene buenas intenciones, pero al igual que la de su contrincante, no se preocupa por detallar cómo la llevará a cabo. Dice todo y nada.  
Proponer una reforma a la Procuraduría y la Contraloría¿Realmente es una medida de lucha contra la corrupción?  El alcance de esta propuesta consiste en eliminar la duplicidad de funciones entre ambas instituciones, así como reducir las grandes nóminas nacionales y territoriales. Al respecto, es necesario recordar que una de las mayores críticas recientes a la Procuraduraría consiste en la ampliación de su nómina, que, para muchos, corresponde únicamente a una ampliación innecesaria en detrimento de los recursos del Estado. No existe duda acerca de la importancia de debatir sobre el tamaño y los recursos destinados al financiamiento de la PGN y de la CGR de cara a su eficacia y al principio de economía. Sin embargo, este tipo de iniciativas no son necesariamente una medida de lucha contra la corrupción. El que la PGN o la CGR sean más pequeñas no quiere decir que sean más efectivas o que harán un mejor trabajo, sin que ello le reste importancia al debate sobre tener instituciones tan grandes y costosas es un sinónimo de eficiencia. Algunos pueden pensar que la medida contra la corrupción tras esta reforma realmente consiste en eliminar puestos que muchas veces son utilizados para fines políticos. Sobre este punto, una vez que se haya cerrado el debate sobre qué tan grandes deberían ser sus nóminas, el verdadero reto consiste en posicionar la meritocracia como mecanismo de acceso al servicio público. De nada sirve tener 10 0 100 cargos, si no es posible contar con personal íntegro, idóneo y capaz.
Reformar el sistema de elección del CongresoUna propuesta incierta. Una reforma al sistema de elección al Congreso de la República no necesariamente representa una medida de combate contra la corrupción. Sin embargo, se trata de una propuesta cuyo alcance en esta materia resulta incierto, al desconocer en qué consistiría dicha reforma. Tal como se mencionaba al inicio, “el diablo está en los detalles”.
Proponer legislación para la protección al denunciante de la corrupciónEs más que necesaria y una deuda de larga data. Sacar adelante una propuesta que permita garantizar que cualquier persona pueda denunciar actos de corrupción sin temor a represalias constituye uno de los principales desafíos del Estado colombiano, particularmente en medio de un contexto en el que el miedo suele silenciar las voces de quienes tienen la posibilidad de alertar o reportar prácticas corruptas. Se trata de una deuda pendiente del Estado desde hace ya varios años. Sin embargo, a pesar de que, a la fecha, se han adelantado acciones tendientes a alcanzar este propósito, las propuestas que se han hecho al respecto han naufragado dejando a la deriva a los denunciantes de corrupción con los peligros que ello representa. Independientemente de quien resulte electo como Presidente de la República, esta es una de esas propuestas que no deberían esperar. No es posible enfrentar de manera efectiva la corrupción en un país en el que los denunciantes no tienen garantías y en el que hablar, puede significar perderlo todo, hasta la vida.
Quienes reciban recursos públicos no podrán estar en paraísos fiscalesDe acuerdo con esta propuesta, ninguna persona que reciba recursos públicos podría tener cuentas en paraísos fiscales. Si bien se trata, en primera medida, de una iniciativa económica, también es cierto que su implementación ayudaría a evitar que los corruptos utilicen dichas cuentas para sacar del país los recursos públicos obtenidos a partir de conductas ilícitas, dificultando su recuperación. Sin embargo, implementar esta medida requiere el apoyo de los paraísos fiscales, dado que son los únicos con la capacidad de suministrar la información sobre los nacionales que tienen cuentas en su territorio.   Es esa necesidad de colaboración la que podría dificultar su implementación y, por tanto, el cumplimiento de sus objetivos.
Suprimir las nóminas paralelas e impulsar la carrera administrativaUna propuesta imprescindible. Si bien, durante las últimas décadas, el Estado colombiano ha logrado avances importantes en la aplicación de la meritocracia como mecanismo de acceso al servicio público, lo cierto es éste sigue siendo un campo de batalla para la lucha contra la corrupción. El otorgamiento de puestos o contratos a cambio de favores e, incluso, como fuente de financiamiento de actividades políticas sigue un pan de cada día en Colombia. No es extraño conocer que, a lo largo y ancho del territorio nacional, abundan prácticas como la del “yo te doy un puesto y tú me pagas mensualmente el 10% de tu salario”, que no sólo llenan de dinero los bolsillos de los corruptos, sino que, además, impiden garantizar que sean los mejores quienes sirvan al Estado. Ese tipo de prácticas no sólo son corruptas y éticamente incorrectas, sino que logran tocar las fibras más profundas al aprovecharse de la necesidad de muchos que ceden únicamente con el propósito de acceder a un trabajo digno. La meritocracia y la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio es una propuesta imprescindible para el fortalecimiento y legitimidad de las instituciones.

*Margie Mojica. Abogada Penalista de la Universidad Santo Tomás. Miembro Fundadora del Instituto Anticorrupción. Experta en anticorrupción en los sectores público y privado.

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