Salvatore Mancuso o callar la verdad

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La sociedad civil no puede rendirse respecto a la verdad de Mancuso.

Claridad: en principio, no creo en que la cárcel sea una solución y mucho menos para delitos de lesa humanidad que requieren justicia restaurativa para sanar a las víctimas. Entonces, para mí, nunca será una prioridad que alguien pase por la cárcel. No obstante, esto no implica que crea en la falta de sanciones para delitos cometidos en nuestra guerra y mucho menos creo que ningún actor armado tenga derecho a ignorar a sus víctimas.

La historia de Mancuso en Italia no comienza con este gobierno sino en el de Álvaro Uribe. Las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC – comenzaron su proceso de desmovilización en el año 2003 y lo terminaron dos años después. Más de 30 mil colombianos se desmovilizaron y confiaron su reinserción en el Estado. El gobierno de turno optó por un sistema de justicia transicional conocido como “Justicia y Paz”.

El proceso de “Justicia y Paz” funciona así: los excombatientes se entregan a las autoridades y, a diferencia del proceso con FARC, son inmediatamente privados de su libertad. Presos, acuden a versiones libres ante la Fiscalía, donde cuentan todo lo que se acuerdan de los crímenes que cometieron. Éstos, así como otros en los que están vinculados, son investigados y ellos son llevados a juicios. Dentro del juicio, en un incidente de reparación, deben responder las preguntas de sus víctimas. Finalmente, son condenados en largas sentencias por todos los crímenes cometidos, mas pueden tener una pena alternativa de hasta ocho años. Al terminar su paso por la cárcel, siguen comprometidos con “Justicia y Paz” para seguir dando verdad a las víctimas.

Mancuso se acogió a esta forma de justicia transicional. Estuvo preso desde 2006 en la Cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La Ley de Justicia y Paz ha sido criticada y está lejos de ser perfecta. Es cierto que no todos los miembros de las Autodefensas se acogieron al proceso. Quienes lo hicieron se encontraron con una sorpresa el día 13 de mayo de 2008 por la madrugada, cuando fueron trasladados de la cárcel de Itagüí a un avión que los llevaría a Florida. Catorce jefes paramilitares fueron extraditados antes de que el país despertara, llevándose con ellos la verdad de sus víctimas. La decisión fue tomada en un consejo de ministros presidido por Álvaro Uribe, quien rápidamente justificó la decisión sugiriendo que se habían cometido nuevos crímenes tras la desmovilización. Por estos crímenes no existen condenas en la justicia colombiana.

En Estados Unidos, fue condenado Mancuso a 15 años por narcotráfico (lo cual, si bien es un crimen, es el menos importante en su haber). Similares condenas recibieron los demás exjefes paramilitares en ese país. Al terminar, algunos volvieron a Colombia, como Ever Veloza, excomandante del Bloque Calima, quien aún paga cárcel a pesar de ser parte de Justicia y Paz. Esto ha causado importantes miedos por parte de los postulados, quienes temen por su seguridad jurídica.

Más de uno no volverá a Colombia. Por ejemplo, Juan Carlos Sierra, principal traficante de armas de las Autodefensas hoy vive en la Florida. Últimamente, ha sido célebre por sus acusaciones y luego retractaciones en el caso de Álvaro Uribe. Ésta será, al parecer, la misma suerte de Mancuso en Italia.

No sorprende que hayan podido demostrar ante el gobierno norteamericano el peligro que corren de volver. Aunque ya cumplieron la condena establecida por la ley, un presidente particularmente desafiante del poder judicial promete sanciones ejemplares. Mientras tanto, han asesinado a casi tres mil excombatientes de las AUC y más de 200 de las FARC-EP. Habría razones objetivas para que ninguno de quienes vuelven se sienta seguros llegando a Colombia. Más aún, cuando estas verdades que darán tienen en el centro a gente realmente cercana al Gobierno nacional, el famoso Memo Fantasma, por ejemplo.

En consecuencia, es entendible por qué ni Mancuso quiere llegar, ni Duque quiere traerlo. Mancuso siente que su vida y su seguridad jurídica están en riesgo y Duque estima que su llegada a Colombia pone en riesgo a sus aliados políticos. La pregunta es: ¿esto implica el fin del derecho a las víctimas, en particular, a la verdad?

La historia nos ha mostrado como quienes participaron en Justicia y Paz hoy trabajan por la reconciliación. Siguen hablando con las víctimas y contándoles la verdad, inclusive por fuera de sus requerimientos judiciales. Destaco en su compromiso con la paz a Fredy Rendón, Rodrigo Pérez, Oscar Ospino, Arlex Arango y Edward Cobos, entre otros, quienes con valentía han seguido el peligroso y frustrante camino de la paz.

La sociedad civil no puede rendirse respecto a la verdad de Mancuso. Ya que el gobierno no lo trajo y que Italia no extraditará a un ciudadano italiano, somos nosotros quienes debemos garantizar que el exjefe paramilitar diga lo que debe. Para esto debemos aprender de las Madres de la Candelaria, quienes han buscado la verdad alejándose de la venganza y recurriendo al cuidado que solo conocen las madres, rezándoles por sus victimarios, enviándoles postales de la Virgen. Quizás esa sea la única forma de lograr que Mancuso cuente las verdades que debe.

*Camilo Villarreal, estudiante de derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Activista por la paz. Co-coordinador Rodeemos el Diálogo Joven, donde ha desempeñado trabajos respectivos a la veeduría de la implementación, pedagogía y construcción de memoria histórica.

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