Como en muchos países del mundo, hoy la democracia está en riesgo en Colombia.

Sin duda la crisis sanitaria, económica y social requería la declaratoria del estado de emergencia. No obstante, al amparo de esa declaratoria se han acumulado decisiones y actuaciones que afectan gravemente el Estado de derecho: el poder se ha concentrado en el Presidente, se han adoptado normas de orden público que limitan derechos fundamentales y escapan al control constitucional expedito, las facultades extraordinarias se han utilizado para profundizar las brechas de desigualdad social, y para discriminar grupos de personas, notoriamente los mayores de 70 años y los más vulnerables. El Gobierno ha hecho un empleo abusivo de los canales de televisión rompiendo el principio de equilibrio informativo en el contexto del Estatuto de la Oposición, se ha debilitado a las autoridades locales, no hay certeza de plena transparencia de la información sobre el manejo de fondos públicos, se ha intentado abolir el control constitucional de decisiones que conciernen las relaciones internacionales y la paz del país.

El presidente Iván Duque gobierna por decreto, sin control político. Desde la Constitución de 1991, en 29 años, los gobiernos expidieron 270 decretos en estados de excepción. Este gobierno, en sólo 60 días, ha expedido 164 decretos excepcionales.

Ha incorporado al ordenamiento jurídico “leyes” sin deliberación democrática, en materia laboral, pensional, crediticia, comercial, de bienes, de familia, de rentas, de tributos. Algunas de ellas sin relación de conexidad con el tratamiento del COVID-19. El Gobierno se ha habilitado para vender empresas públicas estratégicas. Este alud de medidas no puede ser objeto de rápido control constitucional, y algunas de ellas escaparán a ese control, pues son de naturaleza ordinaria extendiendo sus efectos en el tiempo de forma indefinida.

Concentración de poder antidemocrática, pero además ineficiente y discriminatoria. En escasos 100 días, el Gobierno comprometió $117 billones, sin presentar cuentas claras de la inversión de esos recursos. La efectividad de estas inversiones es incierta. Las prioridades generadas por la pandemia en materia hospitalaria, de talento humano, de protección de derechos sociales, de ingresos mínimos y de salvamento empresarial no se han atendido cabalmente. Los recursos pueden haber derivado parcialmente hacia intermediarios financieros, mientras los colombianos están sumidos en la incertidumbre, el miedo, el desempleo, el hambre, la falta de ingresos y de soluciones reales.

Ante esta crisis multidimensional, el Gobierno ha concentrado poderes y el Congreso ha sido confinado en una plataforma tecnológica, que da la apariencia de normalidad pero que en la práctica anula el control político, elimina las garantías para la oposición y los independientes e impide la construcción de soluciones en la hora más difícil de la Nación. El Congreso no debatió ni siquiera uno de los 164 decretos excepcionales, y el Senado no se pronunció sobre el informe motivado que presentó de modo tardío e incompleto el Gobierno. Tampoco revisó las cuentas billonarias de la pandemia que comprometen el presente y futuro del país. La ilegalidad de su tarea legislativa quedó en evidencia al reformar la Constitución en el capítulo de derechos fundamentales a través de una red social. El funcionamiento “por vía virtual” del Congreso anula el equilibrio de poderes.

La concentración de poder en el Ejecutivo puede empeorar ante la inminente elección de reemplazos en la Corte Constitucional, de quienes estén a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y de las nuevas mesas directivas del Congreso. Dichas elecciones se buscaría hacerlas por medio de la manipulable plataforma tecnológica, que además elimina el derecho constitucional al voto secreto.

En la sentencia C-242/20, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 12 del Decreto 491/20 relacionado con las sesiones del Congreso de la República acudiendo a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Además de subrayar la importancia del control político en estados de excepción, la Corte estimó “[q]ue la regla general del funcionamiento del Congreso y de las demás corporaciones públicas de elección popular es la presencialidad, por ser el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad, por lo cual no es posible impedir tal presencialidad en épocas de pandemia”.

Con el estado de emergencia también se ha pretendido ocultar las denuncias sobre la financiación de la última campaña presidencial y los vínculos con el narcotráfico, el incremento del asesinato de lideresas, líderes sociales y exguerilleros en medio del silencio del Gobierno; los montajes y las interceptaciones ilegales contra periodistas, magistrados, opositores políticos, defensores de derechos humanos; las denuncias de corrupción y violencia sexual que involucran a miembros del Ejército, y los constantes ataques contra el proceso de paz.

Llamamos a la ciudadanía a reclamar la plena vigencia de la Constitución, a restablecer el equilibrio pleno de los poderes públicos, a que el Gobierno no interfiera en la independencia de los demás poderes y que el Congreso de la República ejerza en forma presencial el control político, a que no se menoscabe la gestión de las autoridades locales, a exigir el respeto de la participación ciudadana, de las libertades, y de los de derechos fundamentales.

Firman:

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