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La mesa de negociación en México es el instrumento que los venezolanos, obligados por nuestra circunstancia, tenemos para buscarle solución a nuestro conflicto.
Un ardid institucional se está pretendiendo ejecutar en Caracas ante los ojos de todos.
Mientras la Asamblea Nacional elegida el pasado 6 noviembre ha legislado en materia relativa a procedimientos luego de que ante la Corte Penal Internacional se esté considerando la apertura de una investigación contra venezolanos que habrían violado derechos humanos, quien ejerce la dirección de la Fiscalía General de la República anuncia al país que los fiscales auxiliares a su servicio optarán a ser fiscales permanentes, pretendiendo obviar así – vía subterfugio – el concurso respectivo que la legislación establece, todo ello obviamente con la finalidad de restarle méritos al argumento de la desinstitucionalización que facilitaría la aplicación en La Haya del principio de complementariedad que establece el Estatuto de Roma.
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Antes de que alguno me critique afirmando que es mi interés que sea en Europa donde se resuelvan nuestros conflictos, aclaro que no soy de esa posición. He afirmado, de manera reiterada, que las soluciones deben ser nuestras, diseñadas e implementadas por nosotros, lo que lamentablemente no ha sido posible. A todo evento, en materia de reinstitucionalización he afirmado que es la mesa mejicana el lugar perfecto para que ello ocurra pues allí están representadas dos visiones de país, lo que no ocurre ni en la asamblea del 2020 ni en la Fiscalía, a pesar de que algunos consideren lo contrario.
La decisión de reinstitucionalización tiene carácter político, lo que obliga a las partes a contribuir a que la misma se haga efectiva por lo que no puede ella tener carácter unilateral, derivada de la posibilidad de imposición que una de las partes tenga, pues en esos términos lo que se decida no representaría al país.
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Se me podrá afirmar que en México no está sentada la pluralidad de opiniones existentes en Venezuela y en ello concuerdo. Eso obliga a quienes no se encuentren allí o no se sientan representados en ella a hacer públicas sus propuestas y buscar la manera de influir para que las que presenten sean consideradas, pues en esa situación de nada vale la sola crítica.
Sostener que en Venezuela se está regularizando institucionalmente a través de una nueva normativa emitida a espaldas de la ciudadanía, sin consulta pública, sin intervención de la academia, las universidades, los colegios de abogados y la ciudadanía -muy distinto a lo que en democracia se hizo por ejemplo con el Código de Procedimiento Civil – o que se está haciendo dándole titularidad a los integrantes de un órgano de suprema importancia como la Fiscalía General de la Nación, sin cumplir los extremos normativos respectivos, o que los jueces penales están condenando a quienes han cometido hechos punibles ante los ojos del mundo, a pesar de que menos de quince días antes habían absuelto al autor del mismo, es una engañifa que busca sorprender a terceros pues no representa el interés general del país.
En estos días que el señor Fiscal de la Corte Penal Internacional habrá de estar en Caracas, quienes allí se encuentren deberán buscar la forma y manera de explicarle lo que está ocurriendo a los efectos de que esté alerta respecto de ello y no se logre el objetivo que parecieren algunos pretender.
La mesa de negociación en México es el instrumento que los venezolanos, obligados por nuestra circunstancia, tenemos para buscarle solución a nuestro conflicto en virtud de lo cual estamos obligados a presionar para que se reconstituya y adopte decisiones que permitan una verdadera reinstitucionalización. Lo demás es un engaño.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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