Más allá de la protesta social, la solución sigue siendo la democracia

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La juventud en especial, se encuentra acorralada en un círculo de pobreza económica y cultural, que la hace vulnerable a reclutamientos en bandas criminales, o a las dependencias de sustancias psicoactivas.

Antes que señalar, descalificar o censurar a la juventud por su forma de asumir la protesta, por su resistencia y su demostración de arrojo al momento de movilizarse e increpar al establecimiento, es preciso refrescar la memoria a quienes señalan sin hacer uso de la recordación  las cifras y las condiciones sociales, económicas, y políticas que hoy padecen las y los jóvenes. 

En Colombia, más de 21 millones de personas sobreviven en la pobreza, más de 7 millones y medio con menos de 145.000 pesos mensuales y cerca de 1.700.000 jóvenes entre los 14 y 28 años están desempleados, como resultado de un modelo de sociedad, de una política económica que no genera, ni garantiza oportunidades. Solo en Bogotá se calcula que hay 410.000 jóvenes desempleados. Éste es el resultado de planes, programas, proyectos, y decisiones que hacen que un pequeño grupo de personas, desde posiciones de poder político y económico, acumule excesiva riqueza, desfavoreciendo en general a toda la sociedad y fomentando cordones de miseria. Colombia se ubica como el cuarto país más desigual del mundo, solo un poco detrás de Sudáfrica, Haití y Honduras.

Proclamaron que feriando las empresas del Estado se solucionarían los problemas de corrupción y de atraso tecnológico, que se prestaría un mejor servicio y que las ganancias de las ventas se invertirían en apoyar la generación de empleo. Pero, luego de más de 30 años de implementación de esas políticas, tenemos un Estado que obtiene sus mayores ingresos de los impuestos. Su forma de recaudar esos impuestos no afecta a los más ricos sino que se sostiene de forma inequitativa sobre la clase media y sobre los más empobrecidos. Los más ricos, fuera de no tener una mayor carga impositiva, eluden los pagos, usando los llamados paraísos fiscales ubicados en Panamá, o las Bahamas, entre otros. 

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Se apropiaron de los recursos de las ventas de las empresas públicas; se roban los recursos de la salud, de los acueductos, de las carreteras, de la educación. Somos uno de los países más corruptos del mundo, lo que genera pobreza adicional. Los tratados de libre comercio,  implementados sin ninguna consideración en relación con las empresas nacionales que generaban empleos, producen despidos y pobreza local. En lugar de modificar las normas que llevaron a la reversión de nuestra producción, se inventaron aumentar los subsidios directos a la población, creando dependencia económica y pobreza cultural. Aumentó el narcotráfico de la mano de sectores que han estado en el poder y, por esa vía, ampliaron los canales de lavado de activos que a su vez han utilizado la escasez de control al capital y a la banca para acumular riqueza y privilegios.

Con la llegada de la pandemia por el Covid-19, que hoy supera los 100.000 muertes, se hicieron más evidentes las brechas de desigualdad y se expidieron normas que aumentaron la concentración de la riqueza en las multinacionales, los bancos nacionales y transnacionales, que ya se habían apoderado por vía del ahogo económico, las privatizaciones o de la competencia desleal, de la mayoría de las empresas, conformando monopolios y oligopolios. 

Colombia históricamente ha tenido un marcado desequilibrio en el acceso y tenencia de la tierra y en el desarrollo tecnológico y comercial de los productos agropecuarios. Las fallidas reformas rurales y la progresiva concentración de tierras por vía de empobrecimiento de campesinos, endeudamientos y el despojo mediante el uso de la violencia armada, han hecho que en Colombia solo el 1% de de los propietarios tengan el 81% de las tierras, con unidades productivas de más de 1.000 hectáreas, siendo estas además las más fértiles, ubicadas en valles y distritos de riego, construidos con recursos públicos, y el 99% de propietarios rurales solo tengan el 19% de las tierras, con unidades productivas de menos de cinco hectaréas en su mayoría, siendo estas además las menos fértiles, ubicadas en laderas, sabanas o zonas semidesérticas.

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Sin embargo, esta situación no explica en su totalidad el estallido social en especial de las y los jóvenes, y es porque a esta desigualdad económica, hay que sumarle la desigualdad social, el segundo elemento implícito en las demandas juveniles. En Colombia, también se han incluido en el apetito privatizador-depredador los componentes sociales y culturales que hacen placentera la vida. Las grandes mayorías hoy no tienen acceso a la educación, las artes, al deporte, a la recreación, a la cultura en general. Las ofertas del Estado se limitan a arreglar algunos parques o escenarios deportivos, o a repartir algunos bonos educativos. Así, especialmente la juventud, se encuentra acorralada en un círculo de pobreza económica y cultural, que la hace vulnerable a reclutamientos en bandas criminales, o a las dependencias de sustancias psicoactivas. Y solo su propio esfuerzo, ligado a los esfuerzos que realizan gestores culturales locales, líderes y lideresas comunitarios y algunos gobiernos locales hacen posible que se establezcan ofertas educativas y emerjan en las barriadas, expresiones artísticas y culturales ligadas principalmente al graffiti, la música, el teatro, la danza, las comunicaciones y la pintura. 

Como si el panorama no fuera suficiente para generar la crisis social que tenemos, se tiene un tercer elemento. La juventud y, en general, el pueblo colombiano no cuentan con verdaderos canales democráticos de expresión y decisión política. Nuestra escasa democracia, ya de por sí manoseada por la mafia y la corrupción, padece una profunda enfermedad sistémica, que a pesar de la Constitución Política, o tal vez por ella, no ha podido extirpar. Un exceso de representatividad que coloca el énfasis en las elecciones y los partidos, un exagerado presidencialismo y centralismo que convierten al mandatario en una especie de dictadorzuelo, una alta dosis de exclusión y de intolerancia que no permite escuchar y dialogar para construir soluciones, pactar y cumplir acuerdos, una democracia desequilibrada que debilitó la independencia de los poderes del Estado y puso a la justicia al servicio de la impunidad y la persecución política e hizo del poder legislativo su mayor cómplice en materia de corrupción, una democracia debilitada y secuestrada, en detrimento de la participación real y efectiva que reconozca la organización y la protesta social como parte fundamental de la misma, que avance hacia mayores niveles de descentralización política y administrativa incorporando la autonomía de los gobiernos locales, que respete a quienes piensan diferente, que incluya las democracias indígenas y afrodescendientes, que se proponga el reconocimiento de otras expresiones políticas, culturales y étnicas, una democracia que legitime desde la ética política a todas las ramas del poder y que avance hacia la superación de la impunidad, que controle y desmonte las doctrinas de seguridad que ponen el énfasis en la represión y el uso excesivo de la fuerza de militares y policías.

Por algún lado hay que buscar la solución y ésta no es otra que acumular fuerzas, hacer pedagogía en política democrática y no-violenta, construir con manos ciudadanas espacios propios de soberanía popular, proteger la organización, mejorar los niveles de participación, y prepararnos para, desde la debilidad de la democracia, construir unidad y romper con los círculos en los que nos han involucrado, quienes desde los poderes del régimen, reviven la violencia para destruir definitivamente y sin recato a esta querida y sufrida Colombia, a sus gentes, sus riquezas, su alegría y su amor. 

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Tenemos en la democracia, a pesar de sus problemas, una oportunidad irrepetible en el próximo año 2022 – las elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia -. En nuestras manos y en las manos de millones de jóvenes está que avancemos con decisión hacia la solución de los problemas estructurales del país, eligiendo un nuevo congreso mayoritariamente democrático y pacifista, una nueva presidencia que crea en la participación ciudadana, la equidad, la justicia social, los derechos humanos, o mantengamos la actual ruta de violencia y empobrecimiento, que nos lleve hacia mayores niveles de injusticia capaces de generar un nuevo estallido social y político, que seguramente será reprimido violentamente causando, como en este año, muertes, desapariciones, destrucción y desesperanza. Las crisis de la democracia se curan con más y mejor democracia.

*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz

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