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¿Cómo se puede proclamar una política pública de Estado cuando solo se financian tres semestres de estudio y la misma coalición gubernamental hundió en el Congreso el proyecto de ley que convertía la Matrícula Cero en política de Estado? Elogio de la incoherencia, honor a la inconsistencia. Lo que se dice es muy distinto a lo que se hace.
“Fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia”. El Príncipe. Nicolás Maquiavelo.
La rápida carrera de la propuesta de Matrícula Cero a convertirse en política pública como producto de importantes movimientos de protesta social ha tenido una inusitada acogida. Con gran pompa e insuflado de una dudosa preocupación por un sector de nuestra sociedad, el Gobierno actual ha proclamado que la Matrícula Cero será una política pública de Estado. Analicemos con despacio esta perspectiva. Comencemos por decir que una política pública es un curso de acción dirigido a atender un asunto de la sociedad y que cuando se alude a que es de Estado, se quiere significar permanencia en el tiempo y obligatoriedad de cumplimiento no expuesta a cambios gubernamentales o vaivenes políticos.
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La Matrícula Cero fue producto de un movimiento estudiantil de carácter universitario surgido en 2018 en nuestro país, que tomó esa bandera en una perspectiva de plantear el acceso gratuito a la educación superior. En principio, pareció ser más una consigna de movimiento que una reivindicación seria. Algunos directivos de universidades públicas no vieron con buenos ojos tal planteamiento, ya que arrastraban un déficit presupuestal permanente en sus instituciones, que se calcula desde 2012 a 2020 en 18 billones de pesos. Es el desfase entre un presupuesto prácticamente congelado de las universidades públicas (IES públicas) y los aumentos de cobertura (triplicando el número de estudiantes, como en el caso de la Universidad Nacional). Entonces, buena parte de ese faltante en el presupuesto universitario se ha venido cubriendo con el propio esfuerzo de las instituciones provenientes de matrículas de pregrado y postgrado y servicios de consultoría e investigaciones. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, el presupuesto se compone de 51% de recursos propios de la Universidad y 49% de presupuesto estatal. De esta manera, las IES públicas no podrían ver con buenos ojos el planteamiento de Matrícula Cero, cuando las matrículas eran una fuente de ingresos propios para conjurar el déficit o sencillamente para poder funcionar.
Sin embargo, el planteamiento o propuesta del movimiento estudiantil colombiano cogería fuerza a partir de la crisis pandémica, cuando comenzó a verse un descenso severo en la matrícula universitaria. Todas estas instituciones se vieron afectadas por la deserción básicamente debido al empobrecimiento de las familias de los universitarios, que no tenían con qué pagar la matrícula universitaria, o no había empleo que permitiera a los jóvenes conseguir ingresos para costear su educación. Las universidades públicas comenzaron a ver con buenos ojos el planteo de Matrícula Cero, siempre y cuando fueran financiadas estas matrículas con presupuesto gubernamental. Era la única manera de acceder al programa reivindicatorio. Entonces, se dio la posibilidad para el Gobierno actual de dar una respuesta a la beligerante y extensa protesta social, haciendo pactos con las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas de financiar tales matrículas con recursos distintos a los que ordinariamente se les giran. Pero sólo se ha garantizado el segundo semestre de 2021 y los dos del año 2022.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo se puede proclamar una política pública de Estado cuando solo se financian tres semestres de estudio y la misma coalición gubernamental hundió en el Congreso el proyecto de ley que convertía la Matrícula Cero en política de Estado? Elogio de la incoherencia, honor a la inconsistencia. Lo que se dice es muy distinto a lo que se hace.
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Hagamos un análisis corto de la trayectoria de políticas gemelas a la de Matrícula Cero, aclarando de una vez por todas que esta política no aumenta la cobertura en educación superior y no amplía cupos. Simplemente evita que deserten los que están por razones de pago de matrícula.
En los dos últimos gobiernos, los recursos frescos para ampliar cobertura se gastaron y se estarían gastando en tres programas sucesivos. El primero, durante el gobierno Santos, se llamó “Ser pilo Paga” (SPP) y consistía en financiar a estudiantes con alto puntaje ICFES a que ingresaran a cualquier universidad de su preferencia. Como es bien conocido el programa SPP consistía en becar (matrícula y sostenimiento) a los mejores bachilleres de estratos 1, 2 y 3 que por razones de ingresos no podían acceder a la Universidad. Este programa que logró desplegarse en cuatro cohortes terminó siendo muy costoso y favorable para las universidades privadas, a donde el 80% de los beneficiarios llegó. En total, se beneficiaron alrededor de 40.000 estudiantes (el 1.7% de los matriculados) a unos costos muy altos, por el elevado valor de las matrículas de las universidades privadas accedidas y el costo de sostenimiento semestral. El SPP se llevaba el 50% de los recursos estatales para educación superior. Era un programa de excelencia muy costoso, que se llevó todo el dinero existente que podría haber aliviado el déficit de las instituciones de educación superior públicas. Su cobertura era muy baja porque garantizar, estudio, manutención y útiles de estudio es muy costoso.
El nuevo gobierno (Duque), más por borrar el rastro de la administración anterior (Santos), creó o transformó Ser pilo paga y lo llamó Generación E. Replanteaba los costos per cápita del anterior programa y garantizaba becas a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Disminuyó las cantidades asignadas a los “genios” para simplemente financiar acceso de estudiantes de menores recursos. Maneja en unos casos criterios de mérito (puntajes altos de ICFES o pruebas Saber) o razones de equidad como estratos SISBEN. Ahora se cambia a Matrícula Cero, para dar una pretendida respuesta a los impetuosos reclamos juveniles que acompañaron el paro de 28-04-2021. Que quede claro: no puede ser una respuesta a tales reclamos (una ilusión tal vez) porque no aumenta el ACCESO a la educación superior. Es decir, no es una respuesta al reclamo de acceso a la educación superior y al empleo de los jóvenes de este país que carecen de ellos y que expresaron tan vehementemente en las protestas de finales de abril hasta ahora. Le transfiere el problema al próximo gobierno. –
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*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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Muy bien puesta la frase inicial de Maquiavelo: “Fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia”. Una de dos: ¿será tan ingenuo el Estado que cree que manteniendo la cobertura actual da respuesta a las demandas de educación superior? o ¿sabiendo que no es así le traslada el problema a la próxima administración? Evidentemente no hay ninguna ingenuidad. El estado sabe (pues las mismas instituciones de Estado algunas de las cuales producen información fiable -no todas, hay que subrayarlo- lo señalan) que la cobertura es bajísima y que el no aumento de esta tiene repercusiones negativas en la inclusión social, en el desarrollo económico y la solidez cultural. Así que siendo fiel a su ineficacia y su desdén por las reivindicaciones de la nación y en particular de los jóvenes le traslada el asunto a la administración siguiente. El asunto es que trasladándolo, es decir no solucionándolo, agrava el tema en lo esencial y le deja problemas graves de gobernabilidad al próximo gobierno. Irresponsabilidad. Maquiavelo tiene toda la razón: credibilidad al momento (para los que miran en el corto plazo, diría yo) incredibilidad en el largo plazo y con ello menor legitimidad del estado, tema del cual estamos requeridos.