Mauricio Aguilar: la plata, sí; la gente, no

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Sacado de Fundación Paz y Reconciliación

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El gobernador de Santander se está moviendo para tener un Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia departamental de bolsillo. Los recursos de la paz están en juego.

Sacado de Fundación Paz y Reconciliación

La gobernación de Santander decidió excluir a la sociedad civil de las comisiones del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia del departamento. Los dineros del fondo de paz – Fondo de Apoyo al Proceso de Pacificación y Reintegración a la Comunidad – están siendo ejecutados de espaldas a la gente y para fines diferentes a la paz.

Este 15 de septiembre, quince representantes de la sociedad civil en el Consejo de Paz solicitaron una reunión urgente con el gobernador Aguilar, así como una reunión extraordinaria del órgano, para discutir el reglamento que su despacho pretende adoptar. Protestan por la supresión de los enfoques participativo, territorial y diferencial consagrados en la ordenanza 063 de 2017, que da vida al Consejo.

El borrador presentado incluye a la sociedad civil en el Comité Departamental de Paz, que pone en marcha las decisiones del Consejo. Pero la sacó de las tres comisiones que ejecutarán el grueso de las funciones. Por ejemplo, la Comisión de Pedagogía, Educación, Arte y Cultura de Paz estará compuesta por siete secretarías de la gobernación; la Comisión Territorial de Paz contará con 11 miembros institucionales, de la Fiscalía a la JEP, pasando por la Fuerza Pública, y un solo representante de la sociedad civil; y la Comisión de Veeduría y Garantías de No Repetición tendrá, de siete integrantes, solo uno no perteneciente a instituciones estatales. 

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La actitud displicente hacia la sociedad civil se había expresado en la Semana por la Paz, que Redepaz organiza desde 1993. El equipo impulsor se quejó porque  la programación publicada dejó por fuera a numerosos eventos y sectores. Para peor, los actos organizados fueron presentados como auspiciados solamente por la gobernación de Santander, desconociendo el esfuerzo de decenas de organizaciones no-gubernamentales locales que, a la postre, fueron las que más trabajaron para hacerlos una realidad.

No puede pasar desapercibido que el gobernador entrega responsabilidades del Consejo a entidades que ni siquiera lo componen. Ni la JEP, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Pública son miembros regulares del Consejo.

Fueron dos años de reuniones para acordar un reglamento que la gobernación dilató y hoy no cuenta con consenso. Mientras el Consejo quedó paralizado, el fondo de paz operó sin contratiempos, aun cuando ni siquiera está reglamentado.

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En respuesta a derecho de petición, la gobernación de Santander confirmó que no ha proferido ningún acto administrativo que lo reglamente. Más grave aún, reportó que, al amparo del decreto de emergencia sanitaria, la totalidad del presupuesto del fondo de paz para 2020 fue trasladado a la atención de la pandemia sin dar precisión sobre los contratos suscritos por los 875 millones disponibles. 

Esta decisión fue tomada sin que el Comité Interinstitucional que administra el fondo se haya reunido ni una sola vez. Es más, este comité ni siquiera ha sido conformado. Se deben incorporar a él tres miembros del Consejo de Paz y dos representantes de la sociedad civil. La administración gubernamental aduce lo siguiente:

“A la fecha no existe acto administrativo de delegación emitido por el Presidente del Consejo Departamental de Paz respecto a delegatarios del Comité interinstitucional del Fondo Especial de Apoyo al Proceso de Pacificación y Reintegración a la Comunidad en el Departamento de Santander, entre otras razones por las consecuencias generadas con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID 19 y el mantenimiento del orden público… Prudente es tener en cuenta que los efectos negativos de la pandemia COVID 19 y la declaratoria de la emergencia sanitaria, económica y social transversalizaron todos los sectores de la sociedad y el funcionamiento del Estado en cada una de los poderes públicos (rama judicial, legislativa y ejecutiva) de tal manera que como lo ilustran diferentes documentos Estado y Sociedad experimentaron una fase inédita en el relacionamiento y forma como las instituciones deben abordar el cumplimiento de sus obligaciones. Es por ello, que algunas actividades quedaron aplazadas para atender la emergencia y estructurar planes de contingencia orientados a responder integralmente la crisis sistémica que generó ésta tanto en el sector privado como público, viéndose menguada la capacidad operativa de todas las entidades del Estado, gubernamentales, legislativas, ejecutivas, agencias del Ministerio Público, etc.”

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El diputado Sanmiguel resume la situación así: “se escudan en la pandemia para desviar los recursos del fondo de paz y vamos para dos años y no se ha reglamentado el fondo de paz y tampoco la participación de los delegados; en conclusión, poco o nada se ha hecho.” 

No hay duda: la pandemia sirve ahí donde no hay espíritu democrático.

*Laura Gil, politóloga e internacionalista, directora de La Línea del Medio, @lauraggils


A continuación publicamos los documentos citados.

DerechodeP-con-marca-de-agua-

minuta-decreto-1-con-marca-de-agua

Comunicado-Consejo-de-Paz-con-marca-de-agua

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