Menos pobreza, más paz

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Un gobierno, que no ha estado a la altura del momento histórico que vive Colombia, no ha permitido el rediseño institucional para generar la transformación política que necesita el país.

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En Colombia, las inequidades regionales a nivel departamental son inmensas y persisten en el tiempo. Llevamos 50 años tratando de “cerrar las brechas” que los modelos de desarrollo implementados abrieron entre el campo y la ciudad y de quienes tienen o no, la posibilidad de acceder a derechos fundamentales como salud y educación o a servicios públicos como el agua potable.

El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un acuerdo histórico y de suma importancia para garantizar el fin del conflicto armado, que dejó como saldo a más de nueve millones de víctimas. Sin embargo, cinco años después, la implementación de estas medidas ha sido compleja, difícil e incierta, ya que no se han brindado las garantías para transitar de manera segura hacia una paz estable y duradera.  

El Acuerdo de Paz constituye un marco vinculante para acceder a verdad, justicia y reparación, con miras a la reconciliación social de los colombianos, a través de la implementación de toda una agenda para desarrollar la Reforma Rural Integral, proyectos de infraestructura vial de la red terciaria – entre otros aspectos – mediante los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 170 municipios con el objetivo de transformar las zonas más afectadas por el conflicto que coinciden a su vez con los territorios, cuya desigualdad histórica y debilidad institucional hacen que sus habitantes sigan viviendo en niveles altos de pobreza.

Este desequilibrio estructural tiene en 2021 a más de 21 millones de colombianos en la pobreza y a 7,4 millones en pobreza extrema con un costo social y económico alto que ha ido agudizándose por las consecuencias del conflicto armado, la resistencia del gobierno nacional actual para implementar el Acuerdo de Paz y la pandemia por Covid-19. Haciéndose visible especialmente, en las zonas más afectadas por el conflicto, las cuales ocupan el 36% del territorio nacional y en las que 3 de cada 4 habitantes no tienen acceso a una vivienda digna y el índice de analfabetismo es 3 veces mayor que el promedio nacional. De los 170 municipios PDET, en los departamentos como Chocó, La Guajira, Magdalena, Córdoba y Cesar, en promedio el 60% de su población no tiene los ingresos mínimos socialmente aceptados para satisfacer sus necesidades básicas. Esto significa que los habitantes de estos departamentos no tienen cómo pagar por los alimentos que hacen parte de la canasta familiar, vivienda, ropa o servicios públicos. Esta realidad se contrapone a lo que se vive en el centro del país como, por ejemplo, en Cundinamarca, en el que las cifras de pobreza monetaria alcanzan solo un 27% (DANE, 2021). Por otro lado, en Colombia el 75,5% de las vías terciarias en municipios PDET continúan en mal estado, una situación que afecta directamente la competitividad del campo, los sectores turísticos y a los 6,6 millones de colombianos que las habitan, ya que no permite que logren condiciones de vida óptimas para su desarrollo económico y social.

En la reciente medición del Índice de Competitividad Departamental (2020-2021), realizado por la Universidad del Rosario, se evidencia que los departamentos en los que se ubican municipios PDET, ocupan los últimos 17 puestos de 33 a nivel nacional, con un desempeño bajo en materia de condiciones habilitantes, capital humano y eficiencia de los mercados. Mientras, las regiones del Eje Cafetero-Antioquia y Central, alcanzan mayores índices de desempeño. Esto quiere decir que, las brechas territoriales cada vez son más altas y, por ende, las problemáticas socio-económicas más profundas, especialmente aquellas relacionadas con sostenibilidad ambiental, adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y sofisticación y diversificación. 

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Sin embargo, el gobierno del presidente Iván Duque, no ha hecho el mínimo esfuerzo por elevar y desplegar las capacidades del Estado para implementar el Acuerdo de Paz de manera efectiva, por lo que no ha brindado garantías para consolidar una cultura de paz ni superar los desafíos en los territorios en materia económica, social y seguridad, por la falta de gobernabilidad; la centralización del Estado que mantiene en desidia a las zonas rurales y periféricas, la presencia de estructuras neoparamilitares y la disputa por las rentas criminales como el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y el microtráfico.

En consecuencia, un gobierno, que no ha estado a la altura del momento histórico que vive Colombia, no ha permitido el rediseño institucional para generar la transformación política que necesita el país, incluso con todas las implicaciones que eso puede tener, pero que son a su vez necesarias para lograr la consolidación de la paz, la democracia, la igualdad y la equidad social. 

El posconflicto en el país no es solamente el cese bilateral al fuego. Compromete también la voluntad del Estado para emprender los cambios institucionales y políticos que permitan proteger la vida de los líderes sociales, recuperar la confianza de la ciudadanía, reconciliar al país y garantizar justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado. 

Sin embargo, 1.241 líderes fueron asesinados desde la firma de los acuerdos en Colombia, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2021 (Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-). Según el Barómetro de Edelman Trust, Colombia es el cuarto país que más desconfía de su gobierno, entre los 27 países que participaron de su estudio en 2021. Este año, se ha producido un aumento del 27% en hurtos y homicidios selectivos con respecto al 2020. La ciudadanía se encuentra en el medio de la guerra de estructuras criminales como el Clan del Golfo, carteles, el pandillerismo local y grupos armados organizados por las rentas criminales, generando “ajustes de cuentas” en todo el territorio nacional, especialmente en el Caribe. El gobierno se ha visto envuelto en casos de corrupción como el del contrato fraudulento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que dejó sin acceso a Internet a las zonas rurales y apartadas del país (municipios PDET), y como si no fuera suficiente, más del 80% de las víctimas del conflicto siguen sin ser reparadas. 

Así las cosas, mientras no estén dadas las garantías institucionales para transitar hacia la paz, la reconciliación y la reparación, bajo un gobierno con capacidad de fortalecer las dimensiones administrativas y organizacionales para recuperar el control del territorio a través de una adecuada articulación institucional, no será posible materializar las medidas del Acuerdo de Paz e ir cerrando las brechas sociales y económicas. 

Para ello, necesitamos un gobierno con voluntad y acción para implementar el Acuerdo de Paz y un Congreso de la República renovado que profundice la democracia, legisle con enfoque regional, respaldando las medidas  necesarias para garantizar en primer lugar, un entorno político seguro que nos permita transitar en el postconflicto y, en segundo lugar, las condiciones para que los territorios como Chocó, Guanía, La Guajira, Santander, Magdalena, San Andrés y Providencia y todos aquellos afectados por el olvido del Estado, encuentren una oportunidad para avanzar, con liderazgo colectivo, alejado de los extremos, con voces que se escuchen y representen verdaderamente los intereses de la ciudadanía, especialmente de quienes han sido víctimas del conflicto, que encarnen los deseos y necesidades de las regiones en las que aún no hay acceso a los derechos fundamentales, superando los debates políticos e ideológicos y priorizando la agenda pública 

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*Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos, investigadora, activista de género. @NormaVeraSa

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