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Propongo que se piense en implementar un Fondo Comercial Inmobiliario – FCI – a través del cual se garantice a los arrendadores de pequeños locales u oficinas el oportuno pago de sus acreencias arrendaticias, siempre y cuando los arrendatarios de los mismos sean dos personas – o una sociedad – de venezolanos y colombianos.
Hace casi tres años, con ocasión de un congreso sobre migración realizado en Bogotá, un distinguido colombiano participante en el mismo propuso la incorporación de las lonjas inmobiliarias en el tema de la atención de los migrantes venezolanos, lo que a su juicio permitiría, por una parte, el que éstos accedieren a vivienda y, por la otra, impactar positivamente ese sector económico del país.
En distintas columnas como ésta, hemos señalado que la intención de los migrantes venezolanos al llegar en esa condición – o en la de refugiados – a Colombia es afectar lo menos posible sus finanzas públicas. No queremos valernos de nuestra situación para perturbar a quienes dificultades económicas tienen, cosa que entendemos, y ello es lo que ha motivado que algunos venezolanos, preocupados por la forma como se observa nuestra presencia en el país, pensemos en maneras para que los recursos que los donantes internacionales le aportan a éste sean más efectivamente utilizados.
Entiendo que buena parte del dinero que Colombia recibe como consecuencia de nuestra llegada a esta tierra se destina a atender la situación humanitaria, pero es lo cierto que, tanta importancia como la que se le otorga a ella debe dársele a la de nuestra integración productiva a esta tierra y, en ese sentido, va nuestra columna.
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El venezolano que a este país de acogida llega está acostumbrado a vivir bajo techo. Por consiguiente, tal como lo señalamos semanas atrás, la gran mayoría eso ha logrado, muchos de ellos en lo que en Bogotá se conoce como pagadiario, otros gracias a la generosidad o la confianza que el respectivo arrendador ha puesto en su persona sin exigirle codeudores, como ocurre en algunos casos, a la presentación de codeudores con finca raíz. Sin duda, quienes ello han podido hacer lo han logrado con esfuerzo y comportamiento correcto. Sin embargo, es cierto que los venezolanos siguen llegando y es menester prever alternativas que, como es nuestra intención con estas líneas, faciliten nuestra incorporación al mercado de trabajo, una vez resuelto el tema hogar.
Consecuencia de la exposición en el foro que mencionamos, fue que propusiéramos la conformación de un fondo inmobiliario que atendiera el tema hogar. Hoy, vista nuestra incorporación a Colombia por una parte y también pensando en la afectación que respecto de locales comerciales y hasta oficinas ha generado la pandemia que afecta al mundo, modifico la propuesta de antaño y públicamente propongo que se pudiera pensarse en implementar un Fondo Comercial Inmobiliario – FCI – a través del cual se garantice a los arrendadores de pequeños locales u oficinas el oportuno pago de sus acreencias arrendaticias, siempre y cuando los arrendatarios de los mismos sean dos personas – o una sociedad – de venezolanos y colombianos. Así, a través del mismo, se colocaría por ejemplo el equivalente a cinco meses de arriendo en la banca para respaldar las acreencias que en virtud del contrato se generaren, para certeza del arrendador de cumplimiento de que las obligaciones derivadas del mismo habrán de cumplirse. Dicho dinero no estaría a nombre de éste sino que el ente titular del fondo fungiría como codeudor del arrendatario.
De combinarse éste con el Fondo de Emprendimiento que hemos propuesto, se facilitaría la integración no solo entre ambas nacionalidades sino adicionalmente al mercado productivo del país, beneficiando al arrendador que deja de tener un inmueble sin producir, a quienes lo ocuparán porque tendrán un lugar para hacerlo y, por ende, a las finanzas públicas pues se desarrollará actividad productiva en dichos inmuebles.
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Dicho Fondo Inmobiliario lo administraría la banca nacional y el mismo solo se castigaría en la medida que el arrendatario respectivo no pague sus obligaciones, generando como consecuencia la afectación en su vida crediticia y, por ende, la imposibilidad de acceder a nuevos recursos que se generen como consecuencia de la política migratoria.
El dinero que con cargo al mismo se reciba para atender la migración y la integración produciría réditos económicos dado que los intereses que el mismo genere se capitalizarían y, por ende, incrementarían la posibilidad de garantía que motivó su constitución. Así, no quepa dudas, todos ganamos.
Como hemos señalado anteriormente, los recursos que con cargo a la migración venezolana se están recibiendo – a pesar de las dimensiones de esta última – son muy inferiores a los que se han dispuesto con motivo de otros eventos similares. Ello obliga a utilizarlos de la manera más eficiente posible. Creo que la propuesta que presentamos va en ese sentido.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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