Dimar Torres era un desmovilizado de las Farc. Tras dejar las armas, y según consta en los expedientes de la Fiscalía, se había dedicado a la agricultura. A pesar de las erráticas declaraciones del Ministro de Defensa Guillermo Botero, se ha venido a conocer que su muerte fue el resultado de una orden directa del coronel Jorge Armando Pérez, motivada supuestamente por el deseo de vengar un soldado caído en un campo minado.

Este lamentable hecho se suma a otra serie de denuncias que nos regresan a los sombríos días de los mal llamados falsos positivos. Cada guerra encierra sus demonios, y las ejecuciones extra judiciales son probablemente la mancha más grande de nuestras fuerzas militares. Algo que parecía superado, bajo la administración de Botero, ha retomado impulso.

El ministro, antes de asumir una de las carteras más importantes y de mayor responsabilidad del gobierno nacional, se desempeñaba como presidente de la federación de comerciantes. Es decir, de su hoja de vida y su actividad profesional no se desprende en ningún momento experiencia suficiente para el manejo de la seguridad nacional, defensa de la soberanía u administración de las fuerzas militares. Al margen de que su escogencia hubiera sido conveniente para aquellos que tras bambalinas pretenden tener el control de una fuerza que cuenta con medio millón de hombres y la quinta parte del presupuesto nacional, lo que sí resulta inexplicable es que aún después de los múltiples escándalos denunciados permanezca atornillado a su cargo.

Tristemente para nuestras fuerzas militares, para su honor y dignidad, esta noticia se suma a una cantidad inexplicable de salidas en falso de Botero. El ministro no sólo ha demostrado una evidente incapacidad comunicacional, como cuando señaló que la razón por la que algunos de los líderes sociales habían sido asesinados era por un lío de lencerías; sino que también ha dejado en claro que la cartera le quedó grande.

Sólo por recordar algunas de las más recientes noticias, baste mencionar el grave escándalo de corrupción donde se habría presuntamente visto vinculado el actual comandante del ejército nacional, Nicasio Martínez, quien fuera otrora el inspector general del ejercito y por cuyas narices pasaron sendas denuncias de corrupción sin que se tomaran las medidas preventivas y correctivas necesarias. Como si eso no fuera suficiente, el aumento en los asesinatos de líderes sociales en los últimos años revive el miedo que Colombia pueda repetir el capítulo de la Unión Patriótica. Ya van más de 600 líderes silenciados y decenas de reinsertados que han corrido la misma suerte. En materia de criminalidad organizada los resultados de Botero tampoco han sido contundentes. Cada vez se consolidan más las disidencias, los grupos armados delicuenciales y los carteles mexicanos. Y si bien los reportes de cultivos ilícitos parecen ser positivos, los datos de resiembra de coca han dejado en claro que la estrategia de fumigación y erradicación adoptada, por si sola, no es la adecuada para combatir el flagelo del narcotráfico.

No creo que el ministro esté detrás de las fallas de algunos de los miembros de las fuerzas militares. Simplemente, no ha sido capaz de controlar y manejar las diferentes crisis de su cartera: no está calificado para el cargo. Tampoco se está dando cuenta que el presidente Iván Duque nunca no le va a pedir la renuncia porque eso significaría un revés en su política de seguridad nacional. Admitir que hay errores para un presidente elegido con un mandato claro de mano dura, sería probablemente una derrota de la cual difícilmente se pueda recuperar. Es por eso que debe ser el ministro, que, con un mínimo de sensatez dé un paso al costado. Su administración está desgastada y ya está afectando la credibilidad, amor y confianza que le tenemos a nuestra fuerza pública, que probablemente es una de las instituciones que los colombianos más apreciamos.

Entre los dedos del ministro se disuelve nuestro Estado de derecho. Desaparece la prohibición a la pena de muerte y se incuba la venganza como la fuerza que impulsa el dedo en el gatillo, basta ver el caso de Dimar Torres. Lo último que necesitamos es un funcionario que no asuma su responsabilidad política y que en más de un año de administración haya sido incapaz de remover a unas cuantas manzanas podridas de la institución que él dirige.

Ministro, renuncie que el presidente Duque se lo agradecerá; y por qué no, a lo mejor con su salida se promueva un sano revolcón de la cúpula militar.

Gabriel Cifuentes Ghidini, @gabocifuentes, Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma, MPA, Harvard University, LLM, New York University, Master en Derecho, Universidad de los Andes

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