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Al leer la propuesta de Martha Lucía Ramírez, quedé estupefacta.
El pasado viernes 24 de julio, la Vicepresidencia de la República público una noticia denominada “Declaración conjunta sobre medidas para prevenir violencias basadas en género y promover la equidad al interior de la Fuerza Pública”. Este artículo señala que el Gobierno trabajará para acabar con la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En este trabajo conjunto, estarían vinculados la Vicepresidencia, la Primera Dama, el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, con el propósito de eliminar la violencia en la sociedad.
Se reunieron los altos mandos militares con el propósito de integrar sus fuerzas para promover la participación de la mujer, garantizar sus derechos, conocer alertas tempranas sobre actos de discriminación, acoso y abuso y entregar en un plazo de 30 días el plan de trabajo y recomendaciones.
La noticia fue presentada en la cuenta de Twitter de la Vicepresidencia el mismo día y fue trinada por Martha Lucía Ramírez con mayor detalle el día 25 de julio, haciendo más explícito el tema, de la siguiente forma:
“Mesa de Trabajo para promoción y protección de la mujer también trabajará el objetivo de fortalecer la equidad y desarrollo de las mujeres militares y de policía, estimular su promoción y la vinculación de más mujeres a nuestras FFMM y de Policía”.
La última parte del comunicado señala que existirá vinculación de las mujeres a la FFMM y de Policía y no se manifiesta que este servicio deba ser obligatorio en ningún caso.
Más adelante, se conoció una carta del día 13 de julio, dirigida al General Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de la Fuerzas Militares, donde expresa su deseo de un proyecto de ley para un servicio militar universal – “incluí la necesidad de contar con un servicio social obligatorio tanto para los hombres como para las mujeres de nuestro país para lograr así la defensa de las instituciones” – y le invita a presentar su propuesta de forma conjunta con el Ministro de Defensa, a quien también se le envía una copia de la comunicación. La carta también señala que, con el concurso y trabajo de las mujeres uniformadas, se debe lograr mayor sentido ético así como la garantía física y sexual de las mujeres.
Al leer la propuesta, quedé estupefacta con el hecho de que, de una mujer, pueda salir tal propósito y que sea un deseo desde los tiempos en que ella se desempeñó como Ministra de Defensa. De hecho, este servicio no debería ser obligatorio porque no tiene sentido obligar a un ser humano a empuñar un arma, mucho menos a una mujer.
¿Qué podemos saber las mujeres de fuerza, de armas y de guerra?, cuando el mayor deseo que tenemos es que cese la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Las mujeres se están quedando viudas y sin hijos por causa de prestar sus familiares para la guerra y éste no es un problema menor, la incorporación de mujeres a las filas de las Fuerzas Militares de forma obligatoria conlleva a mayores dificultades.
Últimamente, los militares se han visto en envueltos en diferentes escándalos, pero el peor y más denigrante es el de abusos sexuales cometidos. Incorporar mujeres a las filas de las fuerzas militares no trae solución alguna para para prevenir violencia contra las mujeres, ni ninguna estrategia de prevención; es indispensable que esta propuesta ni siquiera se convierta en un proyecto, sino que quede en el olvido y muera porque expone a las mujeres en un grado mayor dentro de un cuerpo armado de naturaleza masculina.
Las fuerzas militares no deberían incorporar obligatoriamente a ninguna persona y deberían abstenerse de realizar detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esta propuesta puede producir un efecto contrario. Lo que quiere ver el país es que cada persona que cometa un delito sea juzgada y sentenciada por los hechos en que haya incurrido para que no se cometan más violaciones.
Colombia no quiere saber más de impunidad; quiere que cada persona pague por sus infracciones y que no se proteja a los responsables. Es prácticamente imposible reparar a quienes han sufrido por causa del abuso sexual porque las marcas en su cuerpo serán para toda la vida. Falta mayor planeación de estrategias para cumplir los fines esenciales del Estado.
*Sandra Castillo, abogada, @sandra_doly
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