“En esos años no aparecieron los actuales líderes del Centro Democrático que hoy se exhiben acuciosos reclamando por los derechos de las víctimas de las FARC. Pareciera que, en los dos últimos años, por fin entendieron que esa población existe y que merece atención.”

Fui representante a la Cámara entre los años 2002 y 2014. Durante los años 2008 y 2009, un grupo de congresistas lideramos una iniciativa que buscaba garantizar los derechos de las víctimas y, cuando la misma estaba a punto de surtir la conciliación de los textos de Senado y Cámara, el último de los tramites legislativos, llegó a la mesa directiva del Congreso una carta suscrita por Oscar Iván Zuluaga, entonces Ministro de Hacienda del segundo gobierno de Alvaro Uribe, en la que pedía el archivo del proyecto por razones fiscales. Las mayorías del Congreso de esa época, obsecuentes como solían ser con el gobierno, le dieron a tal iniciativa un entierro de quinta categoría.

La discusión no solo se dio en el Congreso sino que, además, durante todo un año recorrimos el país reuniéndonos y escuchando las trágicas historias de las víctimas de las FARC, del ELN, de los paramilitares y del Estado. Ellas, las víctimas, además de sus relatos, expusieron sus opiniones y observaciones frente al texto de la ley. La expectativa que se creó fue enorme y, como ya conté, ni el Gobierno ni el Congreso de entonces estuvieron a la altura de garantizar los derechos a una población martirizada y no reconocida por las instituciones.

En esos años no aparecieron los actuales líderes del Centro Democrático que hoy se exhiben acuciosos reclamando por los derechos de las víctimas de las FARC. Pareciera que, en los dos últimos años, por fin entendieron que esa población existe y que merece atención.

La pregunta que habría que hacerse es si ese reciente interés por las víctimas corresponde a una preocupación genuina por éstas o es, más bien, una manera deliberada y eficaz para golpear la legitimidad del acuerdo de paz y de la JEP.

No hay que esforzarse mucho para hacer aflorar el dolor de quienes sufrieron vejámenes por parte de las FARC, recordándoles lo que vivieron y, a renglón seguido, hacerlas explotar de ira diciéndoles que por cuenta del acuerdo de paz y de la JEP sus victimarios gozan de impunidad.

¿Porque no hacer un esfuerzo mayor… y completar el relato? Por ejemplo, valdría la pena que les contaran que, en el año 2003, el gobierno del expresidente Uribe presentó ante el Congreso un proyecto de ley para facilitar la negociación con los paramilitares que excluía la cárcel para estos y que el mismo fue rechazado por el Congreso gracias al liderazgo del entonces senador Rafael Pardo.

También deberían contarles que un artículo del texto de la ley de justicia y paz que salió del Congreso en el año 2005, ley que permitió la reincorporación a la vida civil de los paramilitares, señalaba expresamente que a éstos les era aplicable el delito de sedición (delito político), con lo cual a lo mejor habrían terminado como congresistas, de no ser porque la Corte Constitucional declaró inexequible dicho artículo.

Pero lo más importante que deberían contarles a las víctimas de las FARC es que son millones los hechos victimizantes atribuibles a esa ex guerrilla y que en el modelo de justicia ordinaria significaría que habría que iniciar miles de investigaciones para establecer miles de responsables y sancionarlos. Y habría que agregar al relato un ejercicio matemático simple: calcular los tiempos que se toma la justicia ordinaria para condenar a alguien y multiplicarlos por los miles de responsables de los delitos cometidos por las FARC para concluir que, en el mejor de los casos, nos tomaríamos medio siglo para lograr las condenas respectivas.

Así las cosas, y dado que el Centro Democrático dice no creer en la justicia transicional, me tomo la licencia para decirles a las víctimas de las FARC que este modelo de justicia fue inventado, no en Colombia sino en otros lugares del mundo, para tratar de ser lo más eficaz posible en las investigaciones, los juicios y las sanciones en aquellos países en donde se presentaron masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos (cuando digo masivas me refiero a miles, millones, como ocurrió en Colombia), dado que el modelo de justicia ordinaria no suele ser capaz de enfrentar ese desafío porque está obligado a investigar y a sancionar uno a uno a los responsables de todos los crímenes.

La disyuntiva es cruel, hay que reconocerlo, porque se trata de admitir que es prácticamente imposible enjuiciar a todos y cada uno de los responsables de crímenes y, en su lugar, concentrar las investigaciones en los máximos responsables de los crímenes más graves bajo un esquema de obtención de beneficios siempre y cuando medien compromisos de verdad y reparación.

Imaginemos que no se hubiera firmado el acuerdo de paz y no existiera la JEP. Las FARC seguirían causando dolor como lo está causando el ELN y sus víctimas estarían a la expectativa de que, por cuenta de una operación militar, de entre miles de guerrilleros, cayera o abatido o capturado el responsable de sus hechos victimizantes; pero…. ¿en esos casos cual sería el promedio de víctimas que observaría a su victimario en una cárcel pagando una pena ejemplarizante? Me temo que mínimo.

Después de tanto dolor, es comprensible que las víctimas y la mayoría de la sociedad colombiana quieran penas ejemplarizantes para los miles de responsables de miles de crímenes graves, pero no es realista pensar que eso pueda ser posible bajo el esquema ordinario de administración de justicia.

El acuerdo de paz no es perfecto, tampoco lo es la JEP, como no lo ha sido la justicia ordinaria; sin embargo, se trata de un esfuerzo para poner fin a una confrontación que ha dejado millones de víctimas y que pretende garantizar sus derechos a la verdad y a la reparación.

Este 9 de abril, cuando se conmemora el día de las víctimas, deberíamos hacer un esfuerzo por explicarles a ellas con detalle por qué existe la justicia transicional y por qué este modelo, sin ser perfecto, representa una alternativa para conocer la verdad y lograr la reparación.     

Guillermo Rivera, exministro del interior, @riveraguillermo

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