No más abusos en precios de insumos

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El campesino es un productor, es un actor económico, es una fuerza social importante en nuestro país. Entonces, tenemos que valorarlos, apoyarlos, acompañarlos, comprarles sus buenos productos a precios justos.

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Estamos ante un escenario de reactivación económica pos-pandemia. Algunos sectores van logrando repuntar luego de las graves afectaciones que trajo al mundo la Covid-19, pero otros renglones de la economía siguen aún rezagados esperando volver a la normalidad y recuperarse tras más de año y medio de crisis.

En el caso del sector agropecuario, hay que destacar en primer lugar que, durante toda la pandemia, fueron los agricultores quienes nos garantizaron la seguridad alimentaria. A pesar de los pesares, nuestros campesinos trabajaron todo el tiempo para producir los alimentos y proveer el sustento a la mesa de los colombianos.

No obstante, nuestro sector agropecuario ha venido teniendo un trato poco digno y displicente por parte de los gobiernos de turno. Es un renglón que tiene que hacerle frente a fenómenos como el contrabando, los tratados de libre comercio, los intermediarios, los factores climáticos, la poca asignación de recursos dentro del presupuesto general de la nación y ahora, por si fuera poco, los costosos precios de los insumos y fertilizantes agropecuarios.

Precisamente, sobre éste último tema, estuvimos recientemente sesionando en Tunja, Boyacá con la Comisión Quinta del Senado, junto al Ministro de Agricultura, gremios, academia y demás actores, para analizar de fondo lo que está sucediendo en Colombia desde hace mucho tiempo con los onerosos costos de los insumos para el campo, situación que tiene en jaque al campesinado y a los productores colombianos porque los afecta directamente en su economía familiar.

Es un sector que se ha visto muy golpeado por el Estado y, en general, por la sociedad colombiana desde hace más de 40 o 50 años, los gobiernos decidieron que el punto estratégico fundamental del país estaba en la industria, la minería y los hidrocarburos, por supuesto, muy importantes también. Había que desarrollarlos sin abandonar el campo colombiano, pero así se hizo en la práctica con la apertura económica y los tratados de libre comercio. El sector agropecuario, como todos lo sabemos, fue el sector que entregó la política colombiana en negociaciones en el extranjero a cambio de unas ventajas para sectores poderosos en Colombia, como los industriales. No había que entregar al sector fundamental que emplea a muchos millones de colombianos y sigue generando fuentes de trabajo, a pesar de que los gobiernos le hayan dado la espalda.

Ya todos sabemos del diagnóstico gravísimo de la subida de precios de los insumos, un fenómeno que no es nuevo y que es absolutamente exagerado y desmedido. Buscan meternos cuentos de que los puertos, que los contenedores, que el transporte, han complicado un poco el comercio exterior. Eso es cierto, pero no a los niveles que vemos. El componente de transporte no es tan elevado en el precio final de los insumos; entonces, no se puedn alegar que el puerto de Buenaventura o los contenedores son los culpables de esta subida del 82% del precio de los abonos 10-30-10 o el Triple 15 o de la urea. Ahí nos han fallado los mecanismos de control por parte de las entidades del gobierno como el Ministerio de Agricultura o el DANE y, sobre todo, la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Aquí ha habido una falla de la Superintendencia en materia de control de precios en favor de los usuarios y los consumidores, que son los campesinos.

Hace unos seis o siete años vimos una Superintendencia beligerante con los poderosos en Colombia. En esa época, la SIC sancionó al gremio  de azucareros por confabulación para la subida de precios artificiales, una conspiración contra los consumidores. Sancionó también a los carteles del cemento, de los pañales y del papel higiénico y, de esa manera, controló esa codicia de los poderosos en Colombia. Es necesario hacer un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio porque está fallando, pero sí está haciendo bien la tarea tramitando una patente que sería el acabose del gremio panelero en Colombia, patente a la cual nos hemos opuesto de forma contundente.

Definitivamente este país requiere que los gobiernos apliquen mecanismos de aranceles, de cláusulas de salvaguarda, de diálogo con los países ricos del mundo para la renegociación de los TLC. No hay salida sino lo hacemos; es más, el Papa Francisco manifestó que en la pandemia había que sentar a las naciones poderosas con las más pobres a renegociar créditos, intereses, pago de la deuda y, por supuesto, las relaciones comerciales entre naciones. Eso tiene que hacer el Presidente de la República: promover ante la OEA, el Grupo de Lima o la CAN una posición de liderazgo suramericano regional junto con Centroamérica para que definitivamente empecemos a hablar de estos controles en precios internacionales.

El gobierno debe poner en práctica de manera efectiva importantes iniciativas que hemos tramitado en el Senado, como la Ley 1876 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria para que nuestros campesinos se vuelvan empresarios del campo y puedan tener accesos a ciencia y tecnología, asistencia técnica integral que hoy es de tan solo el  12% según el último censo nacional agropecuario. También la Ley 2056 que organiza el nuevo Sistema General de Regalías por primera vez contempló el tema del desarrollo agropecuario sostenible con mayores recursos para los entes territoriales. Es precario el presupuesto del agro que tiene menos del 1% del presupuesto general de la nación. Una ley como la 2046 de 2020  promueve las compras públicas en Colombia  para que la alimentación escolar, la alimentación de la fuerza pública, de la población carcelaria y los programas para la población vulnerable compren a los campesinos y a las asociaciones campesinas de cada municipio por lo menos el 30% de esa alimentación.

Ojalá algún día logremos que el Programa de Alimeantación Escolar – PAE – , ese sistema que censuramos porque promueve unas dietas absolutamente indignas, sea cambiado por una lonchera popular y campesina, es decir, que sean nuestros campesinos de las veredas y municipios que suministren la alimentación escolar digna con los productos locales de cada región.

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El campesino es un productor, es un actor económico, es una fuerza social importante en nuestro país. Entonces, tenemos que valorarlos, apoyarlos, acompañarlos, comprarles sus buenos productos a precios justos.

*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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